En pleno debate sobre la conveniencia de endurecer los requisitos para fundar universidades privadas, que otros interpretan en clave de calidad universitaria más que de privadas vs públicas, Podemos nos ha ilustrado con su autorizada opinión. Según Javier Sánchez Serna, su congresista por la provincia de Murcia, convendría implantar una política universitaria que condujese a la extinción de las universidades privadas. Licenciado en Filosofía y máster en Sociología Aplicada, en esta legislatura fue elegido en la lista de Sumar, pero se pasó, como los otros tres diputados de Podemos, al Grupo Mixto. Por supuesto, los de Sumar no se han atrevido a tildarlos de tránsfugas, pues no es cuestión de debilitar todavía más el frágil apoyo parlamentario que los mantiene en sus ministerios. Como es sabido, con las cosas de comer no se juega. Pues bien, mientras que los dirigentes de Sumar han pedido que durante los próximos diez años no se apruebe ninguna universidad privada, Serna, en nombre de Podemos, ha pedido que esa moratoria se extienda por tiempo indefinido y, yendo más allá, que se creen las condiciones para extinguir las ya creadas. Eso es tener las ideas claras, pero no es fácil ver cómo cuadran con el artículo 27 de la Constitución. Dice en su primer punto que “se reconoce la libertad de enseñanza” e insiste en su sexto punto en que “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes”. Nótese que se habla en ambos casos de reconocer, que no de instaurar, lo que implica que las libertades de enseñanza y de crear centros docentes son previas a la propia Constitución. En cualquier caso, no hay duda de la voluntad de los constituyentes de garantizar esas libertades, postura que luego fue refrendada por los españoles en referéndum.
¿Es de extrañar que a Podemos no le guste la libertad de enseñanza? En absoluto"
¿Es de extrañar que a Podemos no le guste la libertad de enseñanza? En absoluto. Su principal fundador, Pablo Iglesias, ha dejado claro en el reciente congreso de Podemos que la democracia liberal es, en su fundada opinión, un timo. Ni los medios de comunicación, salvo Canal Red, son de fiar, ni los jueces son imparciales, ni los dos partidos principales, el PSOE y el PP, están dispuestos a que cambie nada importante. En resumen, que a los de Podemos no les gusta nuestra democracia, no les gusta la Transición y, en general, no les gustan las concepciones políticas occidentales. Y, por supuesto, no quieren universidades privadas. Es un modelo casi inédito. Incluso en Venezuela hay universidades privadas, mientras que las llamadas universidades del Pueblo de China se sufragan con las cuotas de los estudiantes.
La petición de Podemos de bloquear las universidades privadas no tendría mayores consecuencias si no fuese porque, mientras tanto, están impulsando una política de impedir que hable nadie en las públicas cuyas ideas políticas no compartan. Ha salido en Público, un diario de extrema izquierda, un artículo, firmado por Alfredo González Ruibal, que se titula "Prohibir para defender la democracia". Y dice: "La tarea es tan complicada como imprescindible: reclamar la importancia de la prohibición. Para empezar, habría que insistir más en la falacia de la libertad reaccionaria, que implica siempre más opresión y menos derechos". En la línea estalinista de que las libertades impiden la igualdad, los de Podemos se posicionan abiertamente a favor de prohibir, justo lo contrario de lo que pedíamos en nuestra remota juventud los estudiantes antifranquistas. Nosotros luchábamos por la libertad de expresión; los de Podemos por la libertad de censurar a sus adversarios.
Lamentan en El Plural, un periódico estrictamente sanchista, que fueron detenidos dos estudiantes tras una carga policial provocada por Macarena Olona. Iba a participar ella en un debate sobre “Feminismo y Derecho” y la Asamblea Permanente de Estudiantes, de forma completamente democrática y pacífica, se propuso ejercer su derecho a impedirlo. Y no se le ocurrió otra cosa a la muy fascista que, aupada por dos cómplices, sobrevolar a los concentrados para acceder al debate. De forma incomprensible, la policía de Marlaska detuvo a dos estudiantes antifascistas, a los que han acusado de un delito de atentado contra la autoridad. La culpa, dice Podemos, es del Gobierno progresista que ha aprobado las normas de Convivencia Universitaria y manda a la policía cada vez que unos pacíficos antifascistas tratan de evitar que los fascistas expongan sus ideas en la universidad.
Siempre en vanguardia, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona ha prohibido que se proyecte el documental Silenced porque, afirma, “no es compatible con los valores y los principios éticos de la universidad". Ese documental va de una banda de paquistaníes que, entre 1997 y 2013, violaron en el Reino Unido a numerosas niñas. Las autoridades británicas lo silenciaron para evitar posibles disturbios raciales y choques religiosos, pues aflorar las violaciones era racista, decían. Y ahora el equipo de gobierno de la Facultad de Derecho se ha sumado a esa valiente política de silenciamiento, una forma muy eficaz de prevenir la islamofobia. ¡Qué manía lo de divulgar las religiones de los violadores! Excepto si se trata de sacerdotes católicos, ¡chitón!
En resumen, si de Podemos dependiese no habría ninguna universidad privada, ni hablaría en las públicas nadie sobre el que se cerniese la menor sombra de simpatía por el fascismo. Eso es coherencia y no las proclamas de Marisú Montero, que se ha limitado a denunciar que los titulados de las privadas no son de fiar. Así no hay manera de apoyar sus Presupuestos, pues ni siquiera han cumplido la impecable iniciativa de romper todas las relaciones universitarias con Israel. ¿Que ese país tiene tres universidades entre las cien mejores del mundo y España ninguna? Mejor. Así aprenderán que no nos dejamos deslumbrar por los méritos científicos. Ante todo, impedir que siga expandiéndose el fascismo con la excusa de la libertad.
