Entre 1965 y 1969, las familias cartageneras viajaban a Murcia cada septiembre para disfrutar de su feria. El bullicio y las luces deslumbraban a cualquiera. Y, sin embargo, en el viaje de vuelta, el juicio era unánime: Murcia, con toda su animación, quedaba por debajo de la suya en categoría. No era arrogancia; esa convicción tenía su fundamento en la realidad de aquel momento.

La Cartagena de finales de los años sesenta y primeros setenta era una ciudad industrial de primer orden, impulsada por Bazán, Española del Zinc, Repsol, Explosivos Río Tinto, Fertiberia, Peñarroya y otras grandes empresas del sector, cuya presencia respondía a la implementación de los Planes de Desarrollo llevados a cabo por el franquismo en los años sesenta, orientados a concentrar la industria pesada en determinados polos de crecimiento. Los números lo confirman: del censo de 1960 al de 1981, Cartagena pasó de 115.491 a 172.751 habitantes, un crecimiento del 49,6%, casi el triple del registrado por Murcia en el mismo periodo, que apenas alcanzó el 18,4%. La ciudad ganó más de 57.000 personas en veinte años, alimentada por una llegada masiva de inmigrantes del interior de España, mientras que Murcia —ya más grande, de perfil más terciario y agrícola— avanzaba con moderación; de hecho, llegó a perder población en algún momento de aquella misma década. Pero aquella superioridad relativa descansaba sobre una base frágil. La reconversión industrial de los años noventa la desmanteló con una contundencia demoledora. El cierre de las grandes fábricas provocó una sangría demográfica y económica que tardó décadas en detenerse y cuyos efectos aún no se han superado del todo.

El resultado fue una identidad regional nacida por decreto, en lugar de sedimentarse orgánicamente en la conciencia colectiva. Un déficit fundacional que explica en parte por qué ciudades como Cartagena —con una identidad propia mucho más antigua y arraigada— han encontrado siempre dificultades para reconocerse plenamente en el proyecto regional.

Mientras tanto, el tablero político y administrativo había cambiado de manera decisiva. Con la Transición Democrática y la configuración del Estado autonómico, el antiguo Reino de Murcia —que abarcaba las actuales provincias de Murcia y Albacete— quedó definitivamente partido en 1982: Albacete fue integrada en Castilla-La Mancha y Murcia se constituyó como comunidad autónoma uniprovincial. Pero esta nueva arquitectura institucional afrontaba desde el principio un problema de fondo: la región carecía de una identidad histórica consolidada. A diferencia de Cataluña, el País Vasco o Galicia, la provincia de Murcia no contaba con un sustrato nacional previo que le diera cohesión. Consciente de esa fragilidad, la recién creada Asamblea Regional encargó a historiadores la elaboración de una Historia de la Región de Murcia, con una finalidad explícitamente política: construir desde arriba el sentimiento regional que no había germinado desde abajo. El material disponible —el viejo Reino de Murcia, las tierras de frontera entre Al Ándalus, Castilla y Aragón— ofrecía más complejidad que épica. El resultado fue una identidad regional nacida por decreto, en lugar de sedimentarse orgánicamente en la conciencia colectiva. Un déficit fundacional que explica en parte por qué ciudades como Cartagena —con una identidad propia mucho más antigua y arraigada— han encontrado siempre dificultades para reconocerse plenamente en el proyecto regional.

Esta singularidad tiene una consecuencia que con frecuencia se subestima: es la única comunidad autónoma peninsular —entre las catorce existentes— en la que el nombre de la capital coincide exactamente con el de la región. Logroño es capital de La Rioja; Santander, de Cantabria; Oviedo, de Asturias. En Murcia, ciudad y región comparten denominación, y esa coincidencia tiende a concentrar simbólica y mediáticamente toda la identidad regional sobre la capital, en detrimento del resto del territorio. No es un detalle administrativo menor: impregna la geografía simbólica de la región entera, desde el nombre del aeropuerto hasta la agenda de los medios nacionales, pasando por algo tan revelador como la jerarquía informativa del deporte. Hay un ámbito en el que ese mecanismo resulta especialmente visible: la gastronomía. Los productos del litoral cartagenero —el caldero, la marinera, los salazones, los arroces, los pescados de lonja que han dado fama culinaria a la región— viajan por el mundo bajo el paraguas genérico de «lo murciano». La capitalidad simbólica funciona como una esponja: absorbe lo que producen otros, les otorga nombre y les resta visibilidad.

La nueva arquitectura institucional afrontaba desde el principio un problema de fondo: la región carecía de una identidad histórica consolidada. A diferencia de Cataluña, el País Vasco o Galicia, la provincia de Murcia no contaba con un sustrato nacional previo que le diera cohesión

Murcia merece todos sus logros, y hay que decirlo sin ambages. Barroca, primaveral, emprendedora, con una universidad sólida, una gastronomía reconocida y un tejido comercial y cultural vibrante. El cardenal Belluga y Salzillo son patrimonio de todos los murcianos. La ciudad ha crecido bien, ha planificado con criterio y ha generado empleo y riqueza. Ese reconocimiento no admite matices. Pero señalar los méritos de Murcia no impide advertir simultáneamente los desequilibrios que se han consolidado en la distribución de recursos dentro de la región, y que Cartagena —la segunda ciudad en población— ha pagado de manera desproporcionada.

Los datos demográficos ilustran el problema con frialdad. Según el padrón del INE de 2025, el municipio cuenta con 220.704 habitantes. En la última década, el crecimiento no ha llegado al 3%. Una ciudad con este tamaño y ese potencial histórico, portuario, arqueológico e industrial no puede conformarse con esa cifra. El turismo de cruceros, que desembarca miles de personas durante unas horas para luego desvanecerse, no genera la riqueza duradera que necesita. Esta se construye fijando población, creando empleo estable con salarios dignos y dotando a la ciudad de infraestructuras y servicios que la hagan atractiva para vivir, para estudiar y para invertir. El balance de las últimas décadas, en ese sentido, no invita al optimismo.

En ese contexto hay que leer la moción de censura registrada el 19 de mayo de 2026 por los grupos municipales de Movimiento Ciudadano, PSOE y Sí Cartagena. La iniciativa cuenta con los catorce votos necesarios para prosperar en una corporación de veintisiete concejales, gracias también al respaldo de los dos ediles no adscritos procedentes de Vox. Está prevista para el 2 de junio. Si sale adelante, Jesús Giménez Gallo, portavoz de Movimiento Ciudadano, accedería a la alcaldía.

Lo que sí resulta objetivamente constatable es que la coalición promotora, por heterogénea que parezca, no surge de la nada. Movimiento Ciudadano es el partido municipalista con mayor respaldo electoral en un solo municipio de toda España. Su persistencia y su capacidad de convocatoria no son un accidente: son el reflejo institucional de una identidad cartagenera que lleva décadas reclamando mayor protagonismo y más recursos para su ciudad.

No es este el lugar para juzgar la gestión municipal de estos años. La corporación saliente ha acumulado aciertos que merecen reconocimiento; pero también errores que no pueden ignorarse, y que quizás han contribuido a alimentar el malestar que hoy se expresa en forma de moción de censura. Lo que sí resulta objetivamente constatable es que la coalición promotora, por heterogénea que parezca, no surge de la nada. Movimiento Ciudadano es el partido municipalista con mayor respaldo electoral en un solo municipio de toda España. Su persistencia y su capacidad de convocatoria no son un accidente: son el reflejo institucional de una identidad cartagenera que lleva décadas reclamando mayor protagonismo y más recursos para su ciudad. Hay quien traza una línea entre ese sentimiento y la vieja tradición cantonal de 1873. Sea o no exagerada la comparación, lo que es indudable es que en Cartagena existe una reivindicación localista que no desaparecerá con independencia de quién gobierne.

Que la moción prospere o no el 2 de junio dependerá del juego político del consistorio. Pero más allá del resultado, lo que el episodio pone de manifiesto es la existencia de un malestar real, acumulado y estructural. Cartagena necesita un proyecto de ciudad: no actividades lúdicas importadas sin raíz cultural propia, sino una hoja de ruta seria que aborde el centro histórico, el desarrollo urbanístico, las infraestructuras, la atracción de inversión y la generación de empleo de calidad. Una responsabilidad que trasciende a cualquier partido y que interpela también a las instituciones autonómicas, cuyo modelo de gestión de recursos, desde hace demasiados años, no le ha hecho justicia. El malestar, en definitiva, no es de Cartagena contra Murcia como ciudad. Es de Cartagena contra un modelo de gestión autonómica.