La corrupción no empieza siempre en un contrato amañado ni termina en un juzgado. Antes suele existir una cultura política que convierte la lealtad al dirigente en una virtud superior al criterio, interpreta la discrepancia como traición y trata las instituciones como una prolongación del partido. Si la primera entrega hablaba de una justicia tan lenta que permite envejecer las responsabilidades, la segunda debe mirar a quienes aprovechan esa demora, los partidos políticos.
No todos soportan la misma responsabilidad en la Región de Murcia. El Partido Popular gobierna la Comunidad desde 1995. Más de tres décadas de continuidad no convierten automáticamente en irregular cada nombramiento ni cada contrato, pero sí producen una acumulación de poder incomparable. Durante ese tiempo se eligen consejeros, directores generales, gerentes, responsables de empresas públicas y cargos de confianza. La frontera entre partido, Gobierno y Administración puede hacerse cada vez más fina.
El problema del poder prolongado no es solo quién roba, sino quién deja de discutir. Cuando una organización ha gobernado durante toda la vida profesional de buena parte de sus cuadros, la continuidad se presenta como estabilidad y la crítica como amenaza. Ante cualquier escándalo, la reacción resulta previsible: negar responsabilidad política, invocar la presunción de inocencia y esperar a los tribunales. Como los tribunales tardan años, la espera se convierte en estrategia.
Como los tribunales tardan años, la espera se convierte en estrategia"
La reforma murciana de la transparencia resume esa concepción. En 2024, PP y Vox sustituyeron un consejo colegiado por un comisionado unipersonal. La ley proclama su independencia y establece una elección parlamentaria, pero la decisión redujo la pluralidad del órgano encargado de fiscalizar al poder. La única candidatura finalmente presentada fue propuesta por Vox y salió adelante con el apoyo del PP. No prueba una actuación corrupta; sí revela hasta qué punto los partidos prefieren controles compatibles con sus acuerdos.
El PSOE regional no puede responder limitándose a denunciar al adversario. Lleva fuera del Gobierno autonómico desde 1995 y su responsabilidad sobre la arquitectura institucional es muy inferior. Pero la oposición prolongada tampoco garantiza una cultura regeneradora. Un partido puede no controlar la Administración y reproducir dentro de sí la misma lógica de obediencia que critica fuera.
El problema aparece cuando la discrepancia deja de considerarse una contribución y se interpreta como deslealtad; cuando el aparato pesa más que las ideas; cuando se habla de primarias, pero competir exige atravesar filtros que favorecen a quien ya dispone de estructura. Las primarias socialistas de 2025 ofrecieron competencia real por la secretaría general. Sin embargo, el proceso para elegir candidato autonómico en 2026 concluyó sin votación porque solo uno de los aspirantes reunió los avales necesarios. Eso no demuestra manipulación. Sí obliga a preguntar si los procedimientos internos amplían la participación o legitiman decisiones inclinadas por el control orgánico.
El socialismo murciano ha cambiado varias veces de dirección sin resolver una dificultad esencial: atraer, integrar y conservar talento independiente. Un partido que hace sentirse sospechoso al crítico termina rodeado de personas que dicen al jefe lo que desea escuchar. Y una organización incapaz de soportar la libertad interna difícilmente convencerá de que protegerá la independencia de funcionarios, técnicos y órganos fiscalizadores cuando gobierne.
Todos denuncian la colonización institucional, pero pocos explican qué puestos dejarían de nombrar si alcanzaran el Gobierno"
Vox tampoco escapa a la contradicción. Llegó prometiendo acabar con los "chiringuitos", pero participó en el Gobierno regional y promovió junto al PP la transformación del órgano de transparencia. Su experiencia demuestra que el discurso contra el sistema puede convivir con el deseo de ocuparlo. La regeneración se mide cuando un partido renuncia a controlar un nombramiento que podría beneficiar a los suyos, no cuando denuncia los nombramientos del contrario.
La izquierda minoritaria dispone de menos redes que proteger y puede fiscalizar con mayor libertad. Pero su examen está incompleto.
Existe así un comportamiento común, aunque las responsabilidades sean desiguales. Cada partido exige transparencia al adversario y disciplina a los propios. Todos hablan de mérito, pero reservan zonas de confianza. Todos denuncian la colonización institucional, pero pocos explican qué puestos dejarían de nombrar si alcanzaran el Gobierno.
Los partidos son imprescindibles para la democracia. El problema comienza cuando dejan de representar a la sociedad ante el Estado y utilizan el Estado para reproducir su poder. Murcia no necesita organizaciones llenas de fieles, sino partidos capaces de convivir con la crítica, abrir sus procesos, seleccionar a los mejores y renunciar a controlar aquello que prometen regenerar.
Porque un partido que castiga al discrepante dentro acabará temiendo al funcionario independiente fuera. Y cuando la obediencia se convierte en el principal mérito político, la Administración es el siguiente territorio que conquistar.
