Bruselas ha vuelto a advertir a España sobre un problema que en la Región de Murcia conocemos demasiado bien. Las investigaciones y los procesos por corrupción de alto nivel duran tanto que la responsabilidad política desaparece antes de que llegue la respuesta judicial. La Comisión Europea reconoce algunos avances, pero mantiene entre los obstáculos la complejidad de las causas, los recursos prolongados, los retrasos en la cooperación internacional, los informes periciales y la insuficiencia de medios. En Murcia basta con mirar el calendario.
Novo Carthago es un ejemplo incómodo precisamente porque terminó con la absolución de todos los acusados. La sentencia debe respetarse, nadie puede ser presentado como culpable después de una resolución absolutoria. Pero el proyecto urbanístico se remonta a comienzos de siglo y la respuesta judicial llegó en 2025. La Audiencia concluyó que no se habían acreditado los delitos y señaló que una eventual responsabilidad vinculada a una decisión de 2003 habría prescrito al transcurrir más de diez años hasta el primer acto formal de imputación. La pregunta no es quién fue culpable, porque el tribunal ya respondió. La pregunta es qué sistema necesita más de veinte años para cerrar una causa de enorme trascendencia pública.
La desaladora de Escombreras ofrece un reloj todavía más inquietante. Los hechos investigados comenzaron alrededor de 2006 y el juicio al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y al resto de acusados está señalado para septiembre de 2027. Todos conservan la presunción de inocencia. Pero, si se mantiene la fecha, habrán pasado dos décadas desde el origen del asunto hasta el comienzo del juicio. ¿Qué capacidad disuasoria tiene una justicia que tarda veinte años en decidir si la gestión de una infraestructura pública fue delictiva?
La justicia tardía puede perjudicar tanto al acusado injustamente señalado como a la sociedad que espera una explicación"
La rama murciana del caso Púnica muestra la otra posibilidad. Tras más de una década de investigación y procedimiento, la Audiencia Nacional dictó en 2025 condenas por contratos públicos utilizados, según la resolución, para trabajos de reputación personal y política. Aquí sí hubo una respuesta penal condenatoria. Sin embargo, llegó cuando el ciclo político de los hechos ya había quedado sepultado bajo varias elecciones, cambios de dirigentes y una ciudadanía exhausta. Incluso cuando la justicia llega, puede hacerlo demasiado tarde para producir una verdadera rendición de cuentas.
Son casos distintos y no deben mezclarse. Uno terminó en absolución; otro espera juicio; otro recibió condenas. Lo que comparten es el tiempo. Y el tiempo no es neutral, ya que debilita pruebas, favorece prescripciones, multiplica recursos, desgasta a inocentes, borra responsabilidades y convierte los escándalos en recuerdos imprecisos. La justicia tardía puede perjudicar tanto al acusado injustamente señalado como a la sociedad que espera una explicación.
De esa lentitud nace una de las costumbres más dañinas de nuestra política: casi nadie dimite. Primero se pide esperar a que exista una denuncia. Después, a que se abra una investigación. Luego, al juicio, a la sentencia y a los recursos. Cada fase sirve para aplazar la responsabilidad. Cuando finalmente existe una resolución, el cargo ya no está, el partido ha cambiado de portavoz y la conversación pública se ha trasladado a otro escándalo.
Se confunden así dos planos. La responsabilidad penal corresponde a los tribunales y exige pruebas suficientes. La política consiste en responder por las decisiones, las personas nombradas, los controles que fallaron y el dinero público gestionado. Dimitir no equivale a confesarse culpable. Puede significar que se ha perdido la confianza necesaria para continuar o que una institución necesita recuperar credibilidad.
La solución no pasa por condenas mediáticas ni por rebajar garantías; pasa por dotar de medios a los juzgados, reforzar la especialización, limitar las dilaciones, mejorar las periciales y asumir responsabilidades políticas"
En la Región de Murcia, sin embargo, la ausencia de condena firme se utiliza demasiadas veces como certificado de inocencia política. Los partidos protegen a los suyos, denuncian a los ajenos y esperan que el tiempo haga su trabajo. La polarización completa el mecanismo, cada bloque interpreta las acusaciones según el color del acusado, y la exigencia de responsabilidades se convierte en un arma partidista, no en una regla común.
La solución no pasa por condenas mediáticas ni por rebajar garantías. Pasa por dotar de medios a los juzgados que tramitan causas complejas, reforzar la especialización, limitar las dilaciones, mejorar las periciales y asumir responsabilidades políticas sin esperar veinte años. También exige que los partidos dejen de considerar la dimisión una derrota y vuelvan a entenderla como una medida de higiene democrática.
La Región no está condenada a la corrupción. Está acostumbrada a que la responsabilidad llegue tarde. Mientras el coste político desaparezca mucho antes de que llegue el judicial, la lentitud seguirá funcionando como una forma de protección del poder. Y para comprender quién se beneficia habrá que mirar, en la siguiente entrega, al interior de los partidos.
Juan Antonio Ortega García
Profesor Pediatría Universidad de Murcia
