La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas migrantes se ha convertido en uno de los procesos más relevantes en materia de derechos en los últimos años en nuestro país. También está siendo, conviene decirlo, un ejemplo bastante claro de cómo una medida necesaria puede verse afectada por una falta de gestión clara.

Porque sí: la regularización avanza. Pero lo hace lenta, tensionada y apoyándose, una vez más, en quienes ya venían sosteniendo el sistema desde abajo.

Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la regularización extraordinaria podrían acogerse cientos de miles de personas en situación administrativa irregular. Sin embargo, el proceso ha avanzado con lentitud y falta de concreción.

Medios de comunicación han recogido las críticas de organizaciones sociales ante la dilación parlamentaria y la ausencia de una hoja de ruta clara, y también han documentado el impacto de esta espera en la vida cotidiana de las personas migrantes.

El tiempo, en este contexto, no es neutro: estamos hablando de tiempo sin derechos, sin estabilidad y sin acceso pleno a condiciones de vida dignas.

 

El resultado es un modelo de implementación informal: el Estado legisla, pero el tejido social se (sobre)carga de trabajo"

 

Y cuando el Estado no ocupa el espacio, alguien le saca beneficio. La falta de refuerzo institucional ha sido ampliamente señalada por entidades sociales. En varios reportajes han puesto el foco en la sobrecarga de las organizaciones sociales, que han tenido que asumir tareas de información, acompañamiento y tramitación sin recursos adicionales suficientes.

El resultado es un modelo de implementación informal: el Estado legisla, pero el tejido social se (sobre)carga de trabajo.

Y claro, vemos noticias sobre las colas. Hemos comprobado cómo las aglomeraciones no molestan para conciertos, eventos deportivos o consumo. Pero sí cuando ocupamos el espacio público para reclamar derechos o cuando evidencia las carencias del sistema.

Entonces aparecen los discursos de las derechas sobre el orden, la convivencia o la incomodidad. Y quizás el problema no son las colas, sino lo que están visibilizando. 

La falta de planificación, personal y recursos no es solo un problema técnico. Es un error político. Cuando una medida que amplía derechos se percibe como desorganizada o insuficiente, lo que crece no es el apoyo a esos derechos, sino su cuestionamiento. Y en ese escenario, quien gana terreno es la derecha.

Por eso, que no haya habido inversión y previsión en evitarlas por parte de la izquierda institucional me parece un error muy grave.

Otro de los elementos que genera dudas y dilatación de los procesos es la exigencia de un informe de vulnerabilidad. No es la primera vez que el sistema de extranjería exige acreditar condiciones específicas. Sin embargo, en el contexto de una regularización extraordinaria, la pregunta es inevitable: ¿Qué función cumple exactamente este filtro?

Porque cabe preguntarse quién solicita una regularización si no es alguien que la necesita. Difícilmente iniciarán este proceso personas con su situación resuelta o con derechos plenamente garantizados.

Desde la lógica institucional, quizás este tipo de requisitos se justifique para ordenar o priorizar. Pero en la práctica introduce una capa más de burocracia en un proceso ya saturado: más papeles, más trámites, más tiempo. Y, de nuevo, más carga para quienes ya están sosteniendo el proceso desde abajo.

Y en este contexto, la convocatoria de huelga por parte de algunos sindicatos de clase añade complejidad.

Sin cuestionar el derecho a la huelga, cabe preguntarse qué ocurre cuando la defensa de derechos laborales no incorpora una mirada antirracista. Las consecuencias han sido claras: más retrasos, más incertidumbre, más vulnerabilidad. Y desconfianza hacia los sindicatos por parte de las personas migrantes y antirracistas. "A tu conciencia de clase le falta antirracismo", decimos.

Resulta escandalosamente llamativa la falta de implicación de algunas grandes organizaciones con abundantes recursos humanos, materiales y logísticos, especialmente dentro del ámbito abolicionista del trabajo sexual, en el acompañamiento activo de los procesos de regularización.

Si su objetivo es que las personas que ejercen la prostitución puedan abandonar esa actividad y acceder a alternativas reales, la regularización administrativa es una herramienta clave. Sin papeles no hay acceso a empleo formal, no hay autonomía económica, no hay capacidad real de elección. Y esas entidades lo saben.

Esto abre una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué ocurre cuando las condiciones de vulnerabilidad que se denuncian son, al mismo tiempo, las que sostienen determinados marcos de intervención? Lo que algunas activistas critican y denominan la "industria del rescate".

O como algunas activistas y trabajadoras sexuales expresan de forma más directa: hay estructuras que quieren seguir viviendo de “pan de coño”.

La expresión es cruda, pero afinada: si no se facilita el acceso a derechos básicos como la regularización, las posibilidades de salida efectiva se reducen. ¿Por qué no querrían entidades abolicionistas colaborar y trabajar para evitar eso?

 

¿Cómo se justifica que, en una medida que pretende ampliar derechos, haya quienes siguen quedando en los márgenes?"

 

Desde una posición pro-derechos, la aspiración es clara: que quien quiera dejar el trabajo sexual pueda hacerlo en condiciones dignas y que quien decida permanecer no lo haga desde la precariedad o la falta de alternativas. Por eso, desde Cats somos entidad acreditada para la tramitación de la regularización. Y ahí estamos todo el equipo y especialmente las trabajadoras sociales y la abogada dejándose la piel por seguir sosteniendo su trabajo de siempre más el añadido con la regularización porque no entendemos que esto no sea una prioridad para toda entidad social que luche contra la exclusión.

Otro fleco a apuntar ha sido la falta de información clara y accesible, que ha generado un escenario propicio para el fraude. Varios medios han alertado sobre la proliferación de asesorías informales, cobros indebidos y promesas falsas en contextos de alta vulnerabilidad administrativa. Cuando el acceso a derechos depende de procesos complejos y mal comunicados, el riesgo de abuso se multiplica y conocemos varios casos de personas estafadas, así como lo recogen también varios medios.

Cabe señalar también la situación del pueblo saharaui vuelve a ocupar un lugar incómodo, por no decir vergonzoso y doloroso. Un pueblo con una relación histórica directa con el Estado español no parece tener posibilidades de acogerse a esta regularización.

Más allá de los encajes jurídicos, la pregunta es inevitable: ¿cómo se justifica que, en una medida que pretende ampliar derechos, haya quienes siguen quedando en los márgenes?

Y no es la primera vez. Tampoco es nuevo que decisiones políticas, especialmente en el ámbito del PSOE, que da tumbos entre lo que dice que va a hacer y lo que hace al final en cuestión de derechos, sean percibidas como un abandono de responsabilidades históricas hacia el pueblo saharaui.

Y a pesar de toda crítica, es una conquista. La ILP de regularización no surge de la nada. Este éxito ciudadano es el resultado de años de organización, presión social y trabajo colectivo.

Que hoy se esté debatiendo la ampliación de derechos para cientos de miles de personas es fruto de la insistencia de quienes han sostenido esta lucha cuando no ocupaba titulares. Y eso merece ser reconocido a todas las activistas, movimientos antirracistas y entidades que lucharon, gestionaron y recogieron firmas.

Precisamente por eso, porque es una conquista, importa cómo se hace. No basta con abrir la puerta. Hay que garantizar que se pueda cruzar. Sin recursos, sin planificación y sin información clara, lo que debería ser un avance en derechos se convierte en un recorrido lleno de obstáculos. Y, como tantas veces, quienes terminan sosteniéndolo son: las propias personas afectadas y las redes que las acompañan.

La pregunta que debemos hacernos desde un enfoque de derechos humanos es qué consecuencias tiene hacerlo mal. Porque una mala gestión no solo dificulta el acceso a derechos. También puede erosionar el apoyo social a los mismos. Y lo estamos viendo. Y eso, a medio y largo plazo, es un riesgo que no debería subestimarse.

 

Helena Vidal Brazales

Exdiputada de Verdes Equo en la Asamblea Regional