La política tiene derecho a dirigir la Administración. Un Gobierno debe poder fijar prioridades, aprobar presupuestos, elegir consejeros y exigir que su programa se ejecute. El problema comienza cuando esa dirección política desciende demasiado por el organigrama y alcanza espacios que deberían pertenecer a la carrera profesional.
La cuestión no es expulsar a la política de la Administración. Es saber dónde termina una y empieza la otra. En Murcia esa frontera merece discusión. En consejerías, organismos públicos, empresas regionales o el propio Servicio Murciano de Salud existen numerosos puestos cuyo nombramiento admite distintos grados de discrecionalidad. La normativa puede proclamar igualdad, mérito y capacidad y, al mismo tiempo, permitir que determinados responsables sean elegidos por apreciación de idoneidad o cesados discrecionalmente. Ambas cosas pueden ser legales. Ahí está la cuestión.
La discrecionalidad no equivale a arbitrariedad, pero necesita límites. Cuanto mayor sea la capacidad de una autoridad para decidir quién ocupa un puesto, mayor debería ser su obligación de justificar la elección. Y cuanto más profesional sea la función desempeñada, menos debería depender su continuidad de la voluntad del superior político o administrativo.
La transparencia verdadera permite comprender una decisión sin obligar al ciudadano a convertirse en investigador"
El verdadero poder de una organización no aparece siempre en su presupuesto. También está en su organigrama. ¿Quién nombra a quién? ¿Durante cuánto tiempo permanece provisionalmente una persona en un puesto? ¿Cuántos responsables han sido sustituidos tras un cambio de dirección? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Por qué se cesó a uno y se mantuvo a otro? Responder debería ser sencillo. Con demasiada frecuencia no lo es.
La información existe dispersa entre boletines oficiales, convocatorias, resoluciones y relaciones de puestos de trabajo. Formalmente hay publicidad; resulta difícil reconstruir cómo se ha desarrollado una carrera administrativa. Y publicar documentos no es lo mismo que rendir cuentas. La transparencia verdadera permite comprender una decisión sin obligar al ciudadano a convertirse en investigador.
La provisionalidad merece una atención especial. Un nombramiento temporal puede ser imprescindible para evitar que un servicio quede sin dirección. Otra cosa es que se prolongue durante años o encadene situaciones que terminan consolidando posiciones de hecho. Cuando eso ocurre, la excepción empieza a ordenar la organización.
También importa quién evalúa. Una Administración profesional necesita responsables que rindan cuentas por sus resultados, pero la evaluación pierde valor cuando depende de la misma cadena jerárquica que decidió el nombramiento. Si quien selecciona, mantiene, evalúa y cesa pertenece al mismo circuito de poder, el control puede convertirse en confirmación.
No hace falta imaginar conspiraciones. Los sistemas institucionales producen comportamientos por sí mismos. Cuando una carrera depende de decisiones poco transparentes, aparece un incentivo elemental para evitar conflictos con quienes las toman, aunque nadie dé una orden. Por eso la independencia profesional no puede descansar únicamente en el carácter de cada funcionario. Debe estar protegida por las reglas.
Una agenda pública incompleta convierte una actividad legítima en territorio opaco"
La influencia exterior añade otro nivel. Empresas, asociaciones profesionales, sindicatos y grupos de interés tienen derecho a defender sus posiciones ante la Administración. Lo relevante es conocer cuándo lo hacen, con quién se reúnen y qué decisiones intentan modificar. Una agenda pública incompleta convierte una actividad legítima en territorio opaco.
La captura institucional suele prosperar precisamente en esas zonas intermedias: decisiones legales, discrecionalidad amplia y escasa trazabilidad.
La solución no consiste en eliminar cualquier posibilidad de elección. Consiste en reducir aquello que no necesita ser discrecional y someter el resto a una explicación mucho mayor.
La Región podría empezar por publicar un inventario de puestos de libre designación y provisionales; establecer límites temporales para estos últimos; hacer públicos baremos, puntuaciones y motivaciones; incorporar comisiones de selección con mayor independencia; justificar los ceses profesionales; y auditar cómo cambian las jefaturas cuando cambia quien dirige una institución.
También debería saberse quién se reúne con los responsables públicos y qué intereses representa. Y quien comunica una irregularidad necesita garantías de que hacerlo no condicionará su futuro profesional. Son reformas poco espectaculares. No producen grandes titulares ni permiten inaugurar edificios. Pero probablemente resulten más importantes para la calidad institucional que muchas leyes acompañadas de solemnes declaraciones de principios.
Una Administración no queda capturada únicamente cuando alguien comete un delito. Puede quedar capturada mucho antes, cuando el poder de nombrar resulta demasiado amplio, el deber de explicar demasiado pequeño y quienes trabajan dentro aprenden que determinadas decisiones es mejor no discutirlas.
La buena Administración no exige funcionarios heroicos. La calidad institucional empieza cuando un profesional puede cumplir con su deber sin preguntarse quién puede cesarlo.
Juan Antonio Ortega García
Profesor Pediatría de la UMU
Presidente SPSE (Sociedad de Pediatría del Sureste de España)
