MADRID (EP). El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este miércoles, con sólo dos votos en contra, de los sindicatos CIG y ELA, el dictamen sobre el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, el derecho a la desconexión digital y el registro horario digital, según han informado fuentes del organismo a Europa Press.

El dictamen, que es fruto del consenso entre empresarios, sindicatos y organizaciones del tercer sector, reconoce la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral, pero contiene varios 'toques de atención' al Gobierno.

Así, cuestiona la "excesiva premura" con la que se envió el texto del anteproyecto a las organizaciones empresariales y lo ajustado del plazo para hacer sus alegaciones, en plena Navidad, dificultando así los procesos de consulta internos.

Asimismo, el CES "echa en falta" una explicación en la exposición de motivos o en la memoria de impacto normativo sobre las razones por las que este anteproyecto no se va a someter a dictamen por parte del Consejo de Estado. En este sentido, el CES considera que sería "de interés" que se hubiera emitido un dictamen del texto desde dicho órgano.

"El Consejo Económico y Social considera que una iniciativa de esta naturaleza y alcance hubiese requerido de una exposición de motivos elaborada con más detenimiento y precisión en su fundamentación jurídica, económica y sociológica", alega el CES, que pide que se revise la exposición de motivos para aclarar algunos conceptos e introducir una argumentación más precisa sobre la pertinencia de esta reforma.

También afirma que habría sido conveniente que se hubiera recabado en el diseño del anteproyecto la opinión de organizaciones de carácter sectorial, por ejemplo agrarias y pesqueras, por estar afectadas por la norma.

Al mismo tiempo, el CES señala "no compartir" que se le haya solicitado dictamen preceptivo sobre el anteproyecto con un plazo de urgencia para su emisión de diez días, al tratarse de cuestiones tan relevantes que requieren un debate "sosegado y en profundidad" en su seno.

"Habría sido deseable que la tramitación del presente anteproyecto, previa a su llegada a las Cortes, se hubiera enviado al CES con el plazo ordinario, lo que habría permitido contar con un plazo más amplio y suficiente", alega.

Faltan análisis sobre el impacto económico

Sobre el análisis de impacto económico, el CES considera que la justificación económica de la reforma está basada en un análisis de los impactos económicos esperados "insuficientemente fundamentado e incompleto", y cree que tendría que haberse realizado un estudio "en profundidad" para conocer los impactos económicos previsibles a corto plazo e indirectos o a medio plazo, pues en la memoria "prácticamente se presuponen".

"Se trata de cuestiones económicas complejas de mucho calado, sujetas a controversia teórica y difíciles de medir que hubieran exigido de una memoria de impacto económico más consistente y completa, recogiendo también los efectos económicos del nuevo sistema de registro de jornada y de la nueva regulación del derecho a la desconexión, de los que nada se dice", expone el dictamen.

El CES afirma además que el diseño del anteproyecto "no puede entenderse resultado del diálogo social", pues procede de un acuerdo entre CCOO y UGT y el Gobierno.

Más flexibilidad para aplicar la rebaja de jornada

Aunque el CES apoya avanzar en la reducción del tiempo de trabajo, admite que existen diferencias "significativas" entre las organizaciones representadas en su seno respecto al instrumento normativo para alcanzar este objetivo. "Mientras unas organizaciones destacan que el nuevo límite debe establecerse en la ley para, en su caso, evolucionar en la negociación colectiva, otras señalan que debe adoptarse convencionalmente", expone.

Sobre la entrada en vigor de la rebaja de jornada, el CES aconseja incluir en la norma un marco "más flexible" para hacerla efectiva, algo que ve especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, como las agrarias y pesqueras. "Sería conveniente que se estableciera un sistema de entrada en vigor jurídicamente más claro para la nueva jornada máxima", subraya al respecto.

Igualmente, aconseja contemplar un régimen transitorio "suficiente" que permita a los ámbitos sin convenio colectivo en vigor la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas y, en los casos donde sí existe convenio de aplicación, un periodo también suficiente que haga efectiva la adaptación a través de la negociación colectiva, teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño de las empresas. Asimismo, cree que debería contemplarse la situación de aquellas empresas con contratos públicos en vigor.

También, a juicio del CES, es "imprescindible" que se aplique una política de medidas de acompañamiento, complementarias a las de adaptación que se puedan llevar a cabo por parte de la negociación colectiva, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y la aplicación eficaz de la norma por las empresas.

Insta, además, a que se lleven a cabo las modificaciones legales oportunas sobre contratación pública para hacer posible la revisión de precios ante cambios, como los derivados de esta norma, que supongan incrementos de costes para las empresas licitadoras.

En lo que respecta al derecho a la desconexión digital, el CES reconoce que no se han podido alcanzar consensos entre los grupos que lo conforman "sobre aspectos nucleares" de la regulación planteada en el anteproyecto, como el carácter irrenunciable de este derecho, la obligación de la empresa de garantizar la ausencia de comunicación por parte de terceros, el régimen de excepciones y su ubicación en la norma legal o reglamentaria.

Tampoco se ha llegado a consensos dentro del CES en lo que concierne a los aspectos más relevantes del nuevo registro de jornada, como su interoperabilidad, el acceso remoto o las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

Aunque el organismo que preside Antón Costas considera positiva, por clarificadora, la refundición en un solo artículo de toda la regulación del registro de jornada, señala que, en la obligación de la empresa de mantener un registro diario de jornada realizado por medios digitales, han de tenerse en cuenta las dificultades para cumplir con este requisito de los trabajadores que no utilizan herramientas informáticas o prestan servicios en zonas con poca cobertura, así como la realidad diferencial de los sectores agrario y pesquero.

En todo caso, el CES insta a que el futuro reglamento del nuevo registro horario se lleve a cabo lo antes posible para aportar seguridad y se deje constancia expresa de que afecta plenamente a las empleadas del hogar.

Por último, en relación con el acceso remoto al registro de jornada por parte de la Inspección, el CES pide garantizar su compatibilidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el reglamento europeo. Además, insta a contemplar salvaguardas para minimizar el riesgo de ataques informáticos.

En cuanto a la revisión de la normativa de las jornadas especiales de trabajo, para lo que el anteproyecto se da un plazo de 18 meses, el CES emplaza al Gobierno a llevar a cabo dicha revisión en el plazo más breve posible.

Y sobre que la rebaja de jornada no afecte el salario de los trabajadores, el CES reconoce que tampoco ha habido acuerdo sobre ello entre los diferentes grupos que lo componen.