MURCIA. Los proyectos de Presupuestos de la Región de Murcia y la Generalitat valenciana para 2024, que actualmente se tramitan en las respectivas cámaras autonómicas, podrían sufrir un tijeretazo antes incluso de entrar en vigor el próximo 1 de enero.
Así ocurrirá si el Gobierno de Pedro Sánchez saca adelante su propuesta de déficit autorizado para el conjunto de las Administraciones, que en el caso de las comunidades autónomas anunció -y así lo comunicó a la Comisión Europea- que será el 0,1%. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que participan el Ejecutivo y las CCAA de régimen común, se reúne este lunes, después de casi año y medio, y uno de los puntos que se aprobarán es este límite de déficit.
El problema es que el Gobierno regional que preside Fernando López Miras elaboró su Presupuesto con un déficit del 0,3%, lo que significa el triple de desfase entre ingresos y gastos. Concretamente, 119,42 millones de euros. El Consell valenciano que preside Carlos Mazón hizo lo propio, con un gastro extra permitido de 431,9 millones. No fue un descuido, sino todo un órdago al Gobierno central que, según fuentes del Ejecutivo valenciano, "se habló" con la otra comunidad perjudicada de forma clara por el sistema de financiación autonómica, la Región de Murcia.
Son las dos únicas CCAA, de las 15 de régimen común, que han presentado unos Presupuestos con el 0,3% de déficit. El País Vasco también lo ha hecho, pero al tener un régimen fiscal propio –el concierto económico, con el Cupo–, esperan poder negociarlo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El resto, aunque no era obligatorio porque el Gobierno no lo había aprobado formalmente, se ajustó al 0,1% anunciado o, en algunos casos de autonomías bien financiadas como Cantabria y La Rioja, presentaron unas cuentas con equilibrio presupuestario para no tener que endeudarse.
Montero guarda silencio
¿Y qué dice el Gobierno? Este periódico ha consultado repetidas veces al Ministerio de Hacienda sobre este órdago de dos CCAA pero no ha obtenido respuesta. Este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá ocasión de hablarlo en el CPFF con la consejera valenciana, Ruth Merino, y su homólogo murciano, Luis Alberto Marín.
La Unión Europea ha retomado la senda de estabilidad presupuestaria que quedó interrumpida por la pandemia y ha obligado a los estados a presentar un plan presupuestario con una previsión paulatina de reducción del déficit. El Gobierno español, entonces en funciones, envió el pasado 15 de octubre un Plan Presupuestario en el que se comprometía a un objetivo de déficit del 3% para España, con un margen del 0,1% para las CCAA.
Este objetivo debe ser luego aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso y el Senado. Si sale adelante y los gobiernos de López Miras y Mazón se ven obligados a ajustar su Presupuesto al 0,1% de déficit, perderían dos tercios el gasto extra que tienen para 2024. En el caso murciano serían 79,6 millones y en el valenciano, 288 millones menos.
La baza del Senado
No obstante, podría ocurrir que este límite de déficit no llegara aprobarse, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga al Senado derecho de veto sobre los objetivos de déficit y deuda que fije el Gobierno tras aprobarlos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según esta ley, que el Gobierno intentó sin éxito cambiar antes de las elecciones del 23J, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, "el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".
Es la única norma en la que la decisión del Congreso no prevalece sobre la del Senado, de manera que la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, puede vetar la senda de estabilidad del Gobierno sin que haya una solución legal a este bloqueo. En 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, el PP rechazó en el Senado el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda del nuevo Ejecutivo para el año de 2019. En el caso del techo de gato no hay problema porque el Gobierno solo tiene que informar, y para la senda de estabilidad Sánchez decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso por el voto en contra de Podemos, lo que llevó a una elecciones anticipadas.
El problema para la ministra Montero es que, si ahora utiliza el mismo ardid para esquivar el veto del Senado, la anterior referencia de déficit para las CCAA, la de 2023, es el 0,3% y no el 0,1%, con lo que no podría tumbar la previsión de la Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
Otra posible solución para murcianos y valencianos, complicada por las quejas que provocaría en el resto de CCAA, es que el CPFF aprobara este lunes una senda diferenciada para determinadas autonomías, cosa que permite la ley. Ya lo hizo en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda, en lo que el Ejecutivo bautizó como "déficit asimétrico" y las comunidades que se opusieron denominaron "déficit a la carta".
El déficit asimétrico sería un ejercicio de realismo que permitiría a las dos comunidades peor financiadas mantener como objetivo el 0,3% sin impedir que el conjunto de las CCAA alcanzase el 0,1%, dado que otras autonomías, entre ellas Madrid, han presentado unos números con equilibrio presupuestario.
