El Comité de Empresa de Navantia ha querido responder al comunicado emitido por la empresa hace unos días, en el que se afirmaba que el Convenio Colectivo se encuentra actualmente en proceso de negociación, de forma oficial, a través de la comisión negociadora que integran la Dirección y el Comité Intercentros. Además, la empresa pedía responsabilidad frente a las movilizaciones “no comunicadas” por parte de los trabajadores.

Los empleados han respondido indicando que "Navantia miente", y que hay que decirlo alto y claro, ya que difícilmente puede cumplir “escrupulosamente” con un convenio colectivo que, a día de hoy, sigue sin desarrollarse ni muestra voluntad alguna de hacerlo.

Subrayan, por otro lado, que el I Convenio Colectivo de Navantia, “a desarrollar mediante comisiones de trabajo”, uno de los tres pilares del Plan Estratégico de Navantia (PEN 2018-22), debía estar cerrado durante su periodo de vigencia, entre 2018 y 2021. Señalan que "difícilmente puede cumplirse algo que no ha sido concretado ni cerrado", y recuerdan que esa indefinición se ha prorrogado desde entonces, encontrándose actualmente en negociación desde hace más de tres años lo que debería ser el II Convenio Colectivo.

Aseguran que, durante este periodo, la Dirección de Navantia ha intentado en dos ocasiones “colar” el I Convenio Colectivo, que no es otra cosa -afirman- que el desarrollo en falso no realizado en su momento. En votación personal, como establece la ley, fue rechazado por las plantillas, por primera vez en junio de 2023 y por segunda en diciembre de 2024, a pesar de la connivencia de solo siete de los trece representantes sindicales en la mesa de negociación.

La respuesta fue “tajante” en ambas ocasiones, precisamente porque, según el Comité, la Dirección de Navantia no ha cumplido ni con la legalidad vigente ni con el contenido del convenio colectivo, ya que no ha dado respuesta a la determinación de las condiciones laborales “de una manera clara, concreta y concisa”.

Sin lugar a duda -añaden-, esa indeterminación está generando una total indefensión a las plantillas, que no encuentran un marco estable al que acogerse para defender sus derechos.

Subrayan también que Navantia no respeta los límites retributivos que, por derecho, deben determinarse en los Presupuestos Generales del Estado para todo el personal del Sector Público Institucional. No presenta esos límites ni en tiempo ni en forma, ni los reconoce en el proceso de negociación colectiva, a pesar de que se trata de una materia nuclear.

Recuerdan, además, que Navantia tiene el deber legal de informar al Ministerio de Hacienda sobre las retribuciones de todo su personal (grupos A, B, GP1, GP2, GP3 y GP4, que conforman el conjunto de la plantilla sometida a control presupuestario). Aseguran públicamente que Navantia no cumple con esta obligación como corresponde.

Desde el Comité de Empresa exigen una auditoría retributiva, llevada a cabo por los organismos competentes, que abarque todos los años de desarrollo del PEN y del convenio colectivo hasta la actualidad.

Denuncian, asimismo, la existencia de acuerdos individuales y colectivos que incluyen subidas salariales por encima de lo establecido en los PGE, así como modificaciones unilaterales de condiciones laborales, sin participación de la representación sindical y fuera del marco regulador del convenio colectivo, lo que vulnera gravemente el derecho a la negociación colectiva. Afirman que se sigue un plan premeditado de desprestigio hacia los representantes de los trabajadores, simulando una voluntad negociadora que no es real.

Exigen a la Dirección de Navantia que cumpla con su obligación, como sociedad mercantil pública, de actuar bajo los principios que rigen el sector público, especialmente la prohibición de la arbitrariedad, en todos los aspectos relativos a relaciones laborales: condiciones de trabajo, retribuciones individuales o colectivas, y demás elementos que deben ser tratados en el marco de la negociación colectiva.

Recuerdan a la empresa que sus decisiones deben estar motivadas, basadas en criterios objetivos y razonables, y no depender de la voluntad discrecional de sus directivos. Esto es especialmente importante en cuestiones como retribuciones o promociones, que afectan directamente a los derechos de los trabajadores.

Algunos ejemplos de irregularidades actuales señaladas son:

Condiciones diferentes para los mismos colectivos según el centro de trabajo.

Reclasificación profesional pendiente desde el I Convenio, con relación y valoración de puestos de trabajo sin resolver desde 2019, al margen de los procesos de promoción.

Excesos de jornada por encima de los límites legales, tanto en la plantilla de Navantia como en la industria auxiliar.

Falta de transparencia en materia de empleo: entre 2023 y 2024 se han incorporado 480 personas sin información al Comité Intercentros ni acuerdo previo de plan de empleo.

Información sesgada e insuficiente sobre condiciones de la industria auxiliar, sin información previa ni acuerdo sobre los contratos correspondientes.

“El proceder de Navantia quebranta la autonomía colectiva recogida en un convenio legalmente pactado, rompiendo el sistema de negociación colectiva cuando obstaculiza, niega o vacía de contenido el ejercicio de las funciones de representación sindical”, denuncian.

Por todo ello, concluyen que el comunicado reciente de la empresa tiene un carácter coercitivo, con la clara intención de desacreditar y desmovilizar a los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio legítimo de sus derechos.

Hacen responsable a la Dirección de Navantia de todas las consecuencias derivadas de la legítima defensa de los derechos laborales, incluyendo la respuesta a sus manifestaciones “sesgadas y torticeras”.

Actualmente, y tras más de cuatro meses de parón, señalan que se encuentran inmersos en el tercer intento de alcanzar un acuerdo, y detectan un importante inmovilismo por parte de la Dirección de Navantia. Hacen responsable al presidente de la compañía de las consecuencias que puedan derivarse del ejercicio legítimo de sus derechos, siempre dentro del marco legal.

Le emplazan a manifestarse con claridad y a tomar medidas para revertir esta situación. De no hacerlo, sostienen, será cómplice de la actitud de la Dirección. Exigen el cese inmediato de esa postura autoritaria, anacrónica y contraria a derecho.

Demandan el respeto escrupuloso al derecho a la negociación colectiva y la apertura de un diálogo real y efectivo con los trabajadores y trabajadoras para abordar cualquier modificación o determinación de sus condiciones laborales.

Por último, advierten que no descartan emprender acciones legales y/o movilizaciones para defender los derechos de las personas trabajadoras y restablecer el cumplimiento de la legalidad en Navantia.

Hacen un llamamiento a los medios de comunicación, a las autoridades laborales y a la opinión pública para que se hagan eco de esta situación y se sumen a la exigencia de respeto a los derechos laborales fundamentales y a la transparencia empresarial en una empresa pública como es Navantia.