El camping Caravaning Costa Cálida no pasa por su mejor momento; más bien lo contrario: afronta una de sus épocas más críticas con el cierre de parte de sus instalaciones. Los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena han advertido del peligro que supone el uso de algunas zonas del complejo por incumplimientos en la normativa contra incendios y, además, por vulneraciones de la normativa urbanística. Este pasado martes continuaron con el precinto de las oficinas administrativas, kids club, parque acuático, supermercado,  restaurante, algunas casas móviles y parcelas de camping, además de todas las zonas de juegos, pistas deportivas. "Todo esto afecta enormemente la actividad del camping, ya que no queda ningún servicio abierto", explican fuentes de la empresa.

Desde la empresa han advertido que esta medida de la administración municipal supone la cancelación de las vacaciones de más de 20.000 clientes que tenían previsto alojarse en el camping de La Manga. Por este motivo, han hecho un llamamiento “a la responsabilidad colectiva” para evitar el cierre de una de las instalaciones que se ha convertido en un referente y pionero del turismo al aire libre en esta zona del litoral cartagenero.

Los propietarios, que adquirieron la instalación en 2017, afirman además que el impacto social que podría generar el cierre es alarmante: más de 150 empleados perderían su trabajo y más de 20.000 estancias ya reservadas serían anuladas, “afectando gravemente y de forma duradera a la economía turística de la Región. Medidas que se han adoptado exclusivamente frente al camping, que cumple la normativa, y no frente a las obras ilegales de los propietarios particulares, fuente del único y verdadero problema, frente a los que no se ha dirigido, hasta el momento, ninguna actuación municipal”, aseguran desde la propiedad.

Por ello, Caravaning Costa Cálida ha pedido “la apertura inmediata de un grupo de trabajo conjunto (Ayuntamiento, camping, propietarios privados y asociaciones de vecinos) para definir un plan de regularización pragmático y garantizar la viabilidad del enclave”.

Recuerdan que el 12 de marzo de 1979 se otorgó licencia municipal de obras para la construcción del complejo campista. Ya en el proyecto de dicha licencia se distinguía entre “las plazas a ocupar por los campistas y aquellos con derecho a las mismas en propiedad”, con lo que se autorizó por el Ayuntamiento -aseguran los actuales propietarios- “un complejo que quedaba integrado, de una parte, por la actividad propia de camping, y, de otra parte, por una serie de parcelas de propietarios privados”. Fue en junio de 1985 cuando se otorgó la correspondiente licencia municipal de apertura, y tres años después se hizo lo mismo con el supermercado instalado en el camping.

El 50 % de las parcelas interiores son de titularidad privada

Hay un dato muy a tener en cuenta que apuntan los empresarios propietarios de las instalaciones turísticas. Afirman que, en los años 80 y 90, “sin plan de parcelación oficial ni deslinde preciso, numerosos particulares se instalan progresivamente, acondicionando bungalows y viviendas unifamiliares en 'sus' parcelas, sin licencia municipal alguna”. Por tal motivo, a día de hoy, casi el 50 % de las 2.300 parcelas interiores del camping “son de titularidad privada”, constatado en la inspección del 5 de octubre de 2021.

Desde finales de los años 80, la empresa titular y explotadora del camping ha venido denunciando al Ayuntamiento de Cartagena estas actuaciones ilegales por parte de los propietarios particulares. Al no haberse tomado medida alguna, “ha dado lugar a un asentamiento de población estable, urbanística y medioambientalmente desordenado, y que constituye el único y exclusivo problema que hoy presenta el complejo campista”.

En 1991, los servicios técnicos municipales autorizaron la ampliación de las plazas de acampada de dos sectores y, por resolución del director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia de 16 de julio de 2015, se autorizó el cambio de titularidad, al pasar Caravaning Costa Cálida de sociedad anónima a sociedad limitada. “No es cierto, por consiguiente, que Caravaning Costa Cálida, S.L. no disponga de licencia para el ejercicio de su actividad, pues tales licencias existen y están vigentes, sin que hayan sido revisadas ni revocadas por el Ayuntamiento”, añade la propiedad.

Hace nueve años presentaron -a solicitud del Ayuntamiento- y con visado del COIIRM, el proyecto técnico y la memoria ambiental para la legalización de algunas instalaciones accesorias (bar piscina, piscinas y restaurante), y en 2019 se produjo la apertura de un parque acuático (toboganes e hidrotubos) y la renovación de los sanitarios, para mejorar la experiencia de los clientes. Un año más tarde, siempre según la versión de la empresa, presentaron nuevamente la solicitud ante el Ayuntamiento para la legalización de algunas instalaciones accesorias.

En 2021, el Ayuntamiento constató en las inspecciones, una vez más, que casi el 50 % de las 2.300 parcelas son de propiedad privada, acondicionadas por particulares con bungalows y viviendas permanentes, “usos no previstos en el expediente inicial”, por lo que advierten: “La administración municipal está perfectamente al tanto de la situación, ya que cada compraventa se ha formalizado ante notario y se han pagado los impuestos correspondientes en cada caso, incluidos los municipales, y estas propiedades están sujetas y pagan IBI. De igual modo, el Ayuntamiento ha otorgado el empadronamiento a numerosas familias en sus parcelas particulares”.

No regularización de las acometidas de agua, electricidad y saneamiento

El 16 de marzo de 2021 llegó el primer informe desfavorable, que señalaba la falta de consideración de los usos privados, haciendo imposible la regularización de las acometidas y servicios (agua, electricidad, saneamiento). “Este informe no es justo, pues no tiene en cuenta que, al estar los propietarios al 100 % en sus terrenos privados, el camping no puede verificar su conformidad. Las acometidas y servicios son perfectamente aptos para la actividad de camping. Las instalaciones interiores de las viviendas ilegales son las que no cumplen la normativa”, apostillan.

En los tres últimos años, se ha denegado la licencia de legalización de instalaciones accesorias por incumplimiento de las normas, “en particular porque los propietarios privados no pudieron incluirse en el expediente”. El pasado mes de abril, la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cartagena, y hace tan solo dos semanas se produjo la desestimación de la medida cautelar, actualmente recurrida en apelación, sin perjuicio de haberse solicitado también ante el Juzgado una medida provisionalísima, aún no resuelta.

Así pues, ante esta situación y un futuro incierto, Caravaning Costa Cálida ha propuesto crear de forma urgente una mesa de trabajo en la que participen el Ayuntamiento, la empresa gestora, los propietarios particulares y las asociaciones vecinales, con el objetivo de acordar un plan realista de regularización que permita asegurar el futuro del camping.