El Ayuntamiento de Cartagena ordenó el pasado mes de abril el precinto inmediato de varios edificios de aseos y duchas en el camping Villas Caravaning, tras constatarse que se encuentran en estado de ruina y representan un peligro inminente para los usuarios. Esta decisión afectaba a 81 viviendas prefabricadas instaladas sin licencia, en una zona cuya actividad está oficialmente suspendida desde mayo de 2022. El Ayuntamiento abrió, recordemos, expediente sancionador y ha recordado a la empresa propietaria su obligación de cesar la actividad en todas sus instalaciones.

Pero la empresa propietaria decidió presentar un recurso ante el Juzgado solicitando medidas cautelares y hasta ahora no se había podido ejecutar esta decisión de la administración municipal. Ahora, una vez que el juez ha avalado la decisión del Ayuntamiento, pues ha constatado que se han instalado dichas viviendas prefabricadas sin licencia urbanística, los técnicos municipales podrán, de forma definitiva, precintar estas instalaciones.

No obstante, la tensión se ha extendido estas últimas horas tras una circular enviada por la Asociación de Vecinos, en la que se alerta del “cierre inminente” del recinto ordenado para la próxima semana. El mensaje, fechado el 22 de mayo y remitido a los residentes, recomienda que "siempre permanezca alguien en las parcelas durante la semana del 26 de mayo", en lo que supone un llamamiento a la ocupación activa del recinto para evitar su desalojo. Fuentes municipales aseguran que el camping “no se cierra” y tan solo se ejecutará, tal y como relatábamos unas líneas más arriba el precinto de las obras que se ejecutaban con carácter ilegal.

La suspensión de la actividad del camping fue decretada por razones de seguridad, a raíz de las inspecciones técnicas realizadas tras dos incendios registrados en las instalaciones en 2021 y 2022. En dichos informes, los servicios municipales pusieron de manifiesto deficiencias graves en la red eléctrica, dificultades de acceso para los servicios de emergencia, ausencia de medios adecuados de protección contra incendios, y carencias en la red de abastecimiento de agua y saneamiento. Las actuaciones fueron avaladas por informes del Servicio de Extinción de Incendios, Licencias de Actividad y Disciplina Urbanística.

A pesar de la prohibición vigente, la empresa explotadora del recinto, Caravanings Costa Cálida S.L., ha continuado desarrollando nuevas instalaciones sin autorización, entre ellas 81 alojamientos fijos con acometidas de agua y vertido conectadas a la red general, lo que ha motivado la orden de paralización inmediata de las obras y la apertura de un expediente sancionador. Además, los técnicos investigan la posible existencia de conexiones ilegales a redes de gas y saneamiento, sin control ni permiso municipal.

Los servicios de Seguridad en la Edificación han certificado que los aseos comunes presentan un deterioro estructural que los hace inservibles, por lo que se ha ordenado su precinto y clausura inmediata. El Ayuntamiento ha comprobado, no obstante, que existe otro módulo de aseos comunes que reúne las condiciones adecuadas para su uso.

El camping contaba con una licencia de actividad otorgada en 1985 a otra entidad, pero las condiciones actuales de uso no se ajustan a lo autorizado en su día. La empresa solicitó la licencia del conjunto en 2020, pero dicha solicitud fue denegada en 2022, decisión que derivó en varios procedimientos judiciales, entre ellos el recurso presentado por la empresa la orden municipal del cese de actividad, aún en curso.