Una imagen de septiembre de 2018: la única reunión mantenida en Moncloa entre el presidente de la Región, Fernando López Miras, y el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez. Foto: EUROPA PRESS MURCIA. Por tierra, mar y aire. La batalla judicial que libran Moncloa y San Esteban se recrudece. El Ejecutivo murciano consumaba esta semana dos nuevos frentes en el seno del Gobierno central. Primero hacía efectivo el más que anunciado recurso contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. También lo hacía la Asamblea Regional, siguiendo el mandato acordado en el Pleno a instancias de PP y Vox. Y el miércoles se conocía que el Tribunal Supremo había admitido a trámite otro recurso de la Comunidad contra el presidente Pedro Sánchez. En este caso por no convocar la Conferencia de Presidentes. La admisión a trámite es una mera formalidad pero cargada de simbolismo, dado que muestra la honda brecha que existe entre los dos Ejecutivo.
La cohabitación entre dos Gobiernos con signo políticos antagónico evidencia sus diferencias con el lenguaje judicial. Son tres ya los frentes abiertos en los tribunales, porque tanto la oposición frontal contra la amnistía como la reclamación de la Conferencia de Presidentes se unen al largo litigio que mantiene la Comunidad por los recortes del Trasvase Tajo-Segura. Y previsiblemente llegará un cuarto recurso, porque Fernando López Miras ya avisó de que acudirá a la Justicia para frenar el 'cupo catalán' y su "financiación exclusiva", como así contó este diario.
A este clima, aderezado con la continua reivindicación de una reforma de la financiación autonómica, se añade, por si no fuera poco, la inexistente relación entre Pedro Sánchez y López Miras. "Estoy deseando que me convoque", suspiraba el mandatario regional, quien sólo se ha reunido una única vez con el jefe del Gobierno en Moncloa. Ocurrió exactamente hace seis años, en 2018, en el tercer mes del socialista en la Presidencia. No hubo ninguna más, por más que lo pidió por cartas el jefe del Gobierno regional en reiteradas ocasiones. La legislatura pasada (marcada por el coronavirus, todo hay que decirlo) se saldó sin encuentros institucionales en Moncloa. La última vez que se vieron las caras fue en diciembre, cuando ambos coincidieron en la capital de España por el Día de la Constitución.
Únicamente el Mar Menor ha dado un cierto respiro. Al menos esa sensación trascendía cada vez que visitaba la Región la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y se reunía con el presidente murciano. Las treguas se han sucedido cuando ambos dirigentes han compartido escena y mesa de trabajo. No en vano han sido nueve las veces que Ribera ha acudido a la Región para evaluar los trabajos de recuperación de la laguna. Por el contrario, Sánchez sólo ha venido en una única ocasión en esta legislatura... y fue en campaña electoral: por el mitin de las elecciones europeas celebrado en Los Alcázares (y al que también asistió Ribera). Sin embargo, si en el Mar Menor se ha tendido la mano, diametralmente opuesta es la relación de la Región con la ministra en los asuntos de agua.
El líder de la oposición, José Vélez, considera que todos los recursos de la Comunidad "son una cortina de humo" porque "pretende confrontar con el Gobierno de España para desviar la atención de su incapacidad para gobernar y de los enormes problemas que tiene la Región". Vélez, que precisamente no atraviesa una situación judicial tranquila (en menos de diez días se conocerá si se sienta o no en el banquillo de los acusados ante un juez), también subraya que "hasta ahora, López Miras ha perdido todos los recursos que ha presentado contra el Gobierno de España".
Lo cierto es que todavía es muy pronto para conocer la posición de la Justicia. El Supremo no se ha pronunciado en la batalla territorial por el Trasvase, en la que no sólo está Murcia, sino que también se embarcaron la Comunidad Valenciana y Andalucía. En marzo de 2023, los tres gobiernos autonómicos (el valenciano, por cierto, presidido por un socialista) interpusieron sendos recursos por la vía contencioso-administrativa para impedir el recorte del Trasvase, que con el denunciado plan de cuenca puede sufrir entre 2023 y 2027 una merma de los envíos de agua del Tajo al Segura en una horquilla de 70 a 110 hectómetros cúbicos.
Así están las cosas: la Justicia... intentando arreglar los problemas que la política no es capaz de resolver.
