Los ayuntamientos limitarán las zonas de las quemas para las podas agrícolas

MURCIA (EPE/EFE).La Asamblea Regional ha convalidado el decreto-ley que regula la quema de podas controladas para acabar con las plagas. La normativa deja en manos de los ayuntamientos la limitación de zonas donde se produzcan las quemas a fin de proteger la calidad del aire y obliga a los agricultores a contratar un informe técnico para justificar la quema.

El decreto ley para poner en marcha medidas fitosanitarias excepcionales y urgentes para la gestión de los restos vegetales generados en la propia explotación mediante quema controlada in situ para evitar la proliferación y dispersión de organismos nocivos de la Región ha sido aprobado con la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos, mientras que el resto de los grupos han votado a favor (23 votos en total).

600 agricultores piden el permiso de quema

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha explicado que la gestión de los restos de poda es uno de los problemas a los que se enfrentan los agricultores. Tal y como ha expuesto, estos generan organismos nocivos que afectan al estado sanitario de las plantaciones. Según el consejero, desde que se emitió el decreto 600 agricultores han solicitado el permiso de quema. "En apenas un mes desde que se aprobó el decreto ley han sido 600 solicitudes las que se han recibido", ha dicho.

Luengo ha explicado que los agricultores tendrán que presentar una solicitud junto a un informe técnico con un mes de antelación a la fecha prevista de la quema y se deberá resolver y notificar en un plazo máximo de 20 días. Tras ello, tendrán que comunicar al ayuntamiento correspondiente la autorización de la Consejería para que el Ayuntamiento "adopte cuando resulte procedente las medidas complementarias en materia de protección contra la contaminación atmosférica y de la salud".

Además, Luengo, que apuntó que la actividad "está prohibida salvo por motivos fitosanitarios, siempre y cuando no sea posible triturar o revalorizar los restos", ha justificado su tramitación urgente “porque el PSOE rompió las negociaciones" que se habían iniciado.

Críticas del PSOE

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Fernando Moreno considera que este decreto-ley "debería haberse traído hace años". Además, ha advertido al consejero que tendría que haber pedido "perdón por su actitud sectaria al no tener en cuenta las propuestas del PSOE en este problema". A su juicio, con el decreto se pretende "seguir cargando a los Ayuntamientos "por algo que compete a la consejería", motivos por los que su grupo se ha abstenido de la votación.

Moreno, asimismo, ha cuestionado que el consejero no termina de sorprenderle, ya que pensaba "que iba a pedir perdón a los agricultores por engañarles durante 4 años diciéndoles que no podían hacer nada para arreglar las podas agrícolas". Reprochó la "actitud sectaria" del Gobierno por "ir a rebufo" de la proposición de ley sobre quemas agrícolas que el PSOE acordó con el sector, mientras la "incompetencia e irresponsabilidad" de Luengo se ha saldado con sanciones a los agricultores. Los socialistas esperan que su proposición de ley se tramite, por lo que se ha abstenido en la votación para no bloquear el decreto.

Podemos vota en contra

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha expuesto que el "problema se traslada a la Administración local, que es la que menos medios tiene para poder actuar y mientras tanto el Gobierno regional se lava las manos y mira para otro lado". La parlamentaria ha calificado de "chapuza" la ley, "en unos meses se la volverán a tumbar los tribunales". Marín señaló que hace unos meses "los tribunales tumbaron la orden de la consejería para desregular las quemas" y ahora "trae lo mismo, con la novedad del artículo diez, que traslada el problema a los ayuntamientos"

El diputado de Vox Pascual Salvador ha afirmado que antes de la ley "había muchos problemas para realizar las quemas en la Región". Ha apuntado que el decreto "llega tarde y con muchos defectos" y ha criticado que "en lugar de facilitar las cosas a los agricultores, pone trabas, ya que tienen que presentar las solicitudes con un mes de antelación, dan 20 días para contestar y si acaba en silencio administrativo es un no", con lo que "a Dios rogando y con el mazo dando".

El diputado Juan José Liarte (ex miembro del grupo parlamentario Vox) ha reconocido que la regulación "se debería haber hecho antes" y ha calificado la propuesta socialista de "fuera de lugar". El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha dicho que este decreto ley es la "forma más efectiva de combatir las plagas", ha considerado un "sinsentido" prohibir esta práctica y ha mencionado que en Jumilla "casi el 90 % de la superficie arbolada está infectada por avispilla y barrenillo".

Por parte del PP, Jesús Cano, ha explicado que la quema controlada es "necesaria en algunos supuestos para combatir las plagas y evitar su proliferación en los cultivos". En su opinión, con este decreto-ley "se autoriza una medida para evitar que las plagas supongan un problema de producción para los agricultores". Cano, además, ha criticado al PSOE por querer "hacer suyo un trabajo que era de todos por buscar una foto forzada, el titular y la medalla".