CARTAGENA. La Asociación de Armadores de la Marina Deportiva ubicada en el Puerto de Cartagena, se manifestarán este próximo jueves, coincidiendo con el Pleno municipal de junio y a tenor de una moción que volverá a presentar el PSOE para que se cumplan, entre otros aspectos, una adecuación a los precios de los amarres, que ellos consideran desproporcionados. Dicha asociación, denominada Asociación Naútica Deportiva de Usuarios del Puerto de Cartagena, pidió el amparo del Ayuntamiento de Cartagena semanas atrás y desde el PSOE se llevó una iniciativa para que los miembros municipales presentes en el Consejo de Administración de la APC intercedieran por ellos para negociar unas condiciones más favorables.
Ahora, semanas más tarde, la situación no se ha resuelto, por lo que los asociados han decidido plantarse a las puertas del Palacio Consistorial para hacerse escuchar. Esperan que acudan al menos cuatrocientas personas. Arriba, en el Pleno, el Partido Socialista expondrá que en el pasado Pleno del mes de febrero alertaron de la situación en la que se encontraban los usuarios de La Marina del puerto de Cartagena.
Explicarán que la ampliación de la dársena obligó al traslado de los usuarios que ocupaban pequeños puertos hasta la Marina, situada en el puerto de Cartagena, gestionada, hasta ahora, por el Club de Regatas de Cartagena
Estos usuarios comenzaron pagando un precio asequible al inicio, que se ha ido incrementado de forma desproporcionada durante los últimos años. Por poner un ejemplo, en el año 2000, un barco de 5.5 metros pagaba a la Autoridad Portuaria, que entonces gestionaba de forma directa La Marina, 33 euros al mes.
Hoy en día, ese mismo propietario paga 112 euros al mes al Club de Regatas, es decir, un 334 % de incremento, cuando el IPC ha subido un 70%. Estas subidas son inasumibles para muchos de los usuarios. A esto se suma el hecho de que hay numerosos usuarios que no han logrado que les alquilen el punto de amarre y llevan hasta siete años abonando tasas de transeúnte, que en el supuesto anterior, es decir, un barco de 5,5 metros, cuesta 310 euros al mes en temporada alta. Es decir, los puntos de amarre de transeúntes son mucho más caros que el resto.
Recientemente ha tenido lugar el relevo en la presidencia del Club de Regatas, a los que este colectivo ha solicitado información sobre la situación de todos los puntos de amarre para conocer cuáles están alquilados, cuáles no y cuáles están destinados a uso exclusivo de transeúntes, así como la lista de espera de personas interesadas en alquilar un punto de amarre y la baremación que se sigue para adjudicarlas, sin que hasta el momento se le haya facilitado. Mientras, hay 40 puntos de atraque sin cubrir. A esto se suma la falta de servicios mínimos que sufren en La Marina, ya que no tienen llaves de los aseos y la persona que las tiene no siempre está disponible y carecen de servicio contraincendios, entre otras cuestiones.
Por otro lado, en la moción aprobada sobre este tema se solicitó a la alcaldesa y el concejal de infraestructuras, ambos miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que este tema fuese llevado a dicho consejo, sin que los usuarios de la marina hayan sido informados aún sobre ello. Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación la siguiente
En su moción, el PSOE pedirá que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a que:
Mientras tanto, la Asociación de Armadores de la Marina Deportiva junto al Real Club de Regatas de Cartagena (RCRC) ha reiterado su descontento con la gestión y las tarifas impuestas por el club. Los armadores alegan que están siendo sometidos a un "abuso en el pago de las tasas" y reclaman una gestión justa y transparente de los atraques y tarifas.
El colectivo recalca su naturaleza sin ánimo de lucro y subraya que no recibe subvenciones, a diferencia del RCRC (Real Club de Regatas de Cartagena). Los armadores se financian sus propias actividades y consideran injusto tener que pagar por actividades privadas de los socios del RCRC. "Reclamamos un justiprecio en las tarifas de atraque, reguladas por lo dispuesto en Clausulas de Concesión, cuyo cumplimiento es la responsabilidad de la APC, que no ejerce," señalan en el comunicado.
Según los armadores, la administración de la marina deportiva por parte del RCRC ha llevado a un incremento del 330% en las tarifas de atraque en los últimos 22 años, mientras que las cuotas de socios del club solo han aumentado un 14%. "El resto hasta hoy, han gestionado como si la Marina fuese de su propiedad, un negocio," afirman, indicando que esta disparidad ha resultado en una pérdida significativa de la masa social del RCRC y en problemas económicos para muchos armadores.
La asociación también destaca la comparación desfavorable entre las tarifas pagadas por los armadores y las cuotas de los socios. Denuncian que una pequeña embarcación de 5x2 metros paga 30 euros/m2/mes en el Puerto Público Marina Cartagena, mientras que en otras marinas como Yark Port, las tarifas son considerablemente más bajas. "Una embarcación de 8x4 metros, 32m2, atracada en Yark Port, paga 9 euros/m2/mes," ilustran como ejemplo de la diferencia de tarifas.
Los armadores acusan al RCRC de mantener ocultas las listas de solicitantes de atraques y de realizar adjudicaciones basadas en un sistema que maximiza la recaudación y la captación de socios, en lugar de seguir los criterios de igualdad y antigüedad establecidos en las cláusulas de concesión. "Todo ocasionado porque la APC ha delegado la adjudicación y gestión de atraques en el RCRC," critican en su comunicado.
En 2014, el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Puertos del Estado, ya intervino en situaciones similares, imponiendo la devolución de cantidades y la eliminación de discriminaciones en las cuotas a favor de los socios del RCRC. Sin embargo, los armadores lamentan que la situación persista debido a la "falta de control" por parte de la APC. "La incapacidad de gestionar el RCRC con diferentes métodos, ha ido produciendo otros sistemas recaudatorios," añaden.
Han presentado varias propuestas de solución, incluyendo aceptar cuotas superiores incrementadas por el IPC acumulado en los últimos 22 años y renunciar a la devolución retroactiva de pagos. Sin embargo, estas propuestas no han sido aceptadas. "No podemos admitir, ni soportar, seguir manteniendo el nivel de tarifas, ascendientes por el entorno negativo en el que se encuentra el RCRC," expresan con preocupación.
Finalmente, los armadores hacen un llamamiento a las autoridades locales para que intervengan y aseguren una gestión justa y transparente en la Marina Cartagena. "Esperamos y deseamos, como ciudadanos de Cartagena, que nuestras autoridades locales, intervengan ante la APC, y que se implante una gestión justa, tarifas justas," concluyen.
