CARTAGENA. Vox ha impulsado medidas en los municipios donde gobierna o tiene acuerdos de gobierno, para combatir los empadronamientos irregulares y los delitos derivados de este fraude. Estas medidas incluyen inspecciones y visitas domiciliarias, coordinación entre instituciones, canales de denuncias anónimas, sanciones contra los fraudes o retirada inmediata de ayudas públicas a ilegales.
El concejal de Litoral y Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha explicado en una rueda de prensa con el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster y los concejales de Vox en Palma, Talavera de la Reina y Níjar, el sistema que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cartagena para detectar las supuestas irregularidades en los empadronamientos.
López Pretel, ha compartido detalles sobre la implementación de un nuevo sistema de empadronamiento que busca mejorar la eficiencia y prevenir irregularidades. En sus declaraciones, López Pretel enfatizó la necesidad de contar con herramientas adecuadas para manejar el proceso de empadronamiento, señalando que actualmente, "no hay herramientas. Vemos gente que viene con una carpeta".
En respuesta a esta situación, López Pretel explicó que el Ayuntamiento está desarrollando una solución en colaboración con el Servicio de Nuevas Tecnologías y los funcionarios del consistorio. "Estamos diseñando con el Servicio de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cartagena y los funcionarios un sistema de empadronamiento con alertas que nosotros somos capaces de introducir", afirmó.
El nuevo sistema permitirá cruzar datos del Catastro y del IBI para verificar la congruencia entre el tamaño de una vivienda y el número de personas empadronadas. "De tal manera que con la base que tenemos, tanto del Catastro como del IBI, poder cruzar los metros que tiene una vivienda con el número de personas que ya hay empadronadas", detalló López Pretel. Este mecanismo ayudará a identificar situaciones anómalas, como el caso de "34 personas en un piso de 60 metros".
Además, se establecerán ratios específicos para empadronamientos en zonas rústicas, donde la ley solo permite registrar a una persona que trabaje en la tierra correspondiente. "También ponemos un ratio por ejemplo para empadronamientos en viviendas en zonas rústicas donde la ley solo permite empadronar a una persona que esté trabajando en esa tierra", explicó.
El sistema asignará puntos a las alertas generadas, de modo que los empadronamientos considerados normales se procesarán de manera habitual, mientras que aquellos que acumulen una cantidad significativa de puntos serán revisados por un superior o incluso podrían requerir la intervención de la policía local. "Todas estas alertas se irán puntuando de tal manera que si es normal pues habrá un empadronamiento normal y si las alertas suman una serie de puntos tendrán que ser validadas o incluso mandar a la policía local a vigilar este empadronamiento", subrayó el concejal.
López Pretel concluyó enfatizando la importancia de una detección temprana en la oficina del padrón para prevenir empadronamientos irregulares. “Creemos que la mejor forma es tener una alerta temprana en la propia oficina del padrón para evitar estos empadronamientos”, afirmó, a la vez que añadía que estudian la posibilidad de dar traslado a la Agencia Tributaria de los contratos de alquiler "que nos parezcan sospechosos, eso disuadirá a quien se preste a hacer un contrato de alquiler ficticio".
"Estos empadronamientos favorecen la lacra de la inmigración ilegal y con ella, la inseguridad, la precariedad y el abuso de los servicios públicos que en muchas ocasiones llegan al colapso", ha denunciado Fúster.
La "debilidad de las administraciones, hasta la llegada de VOX, es la que ha creado un enorme efecto llamada de un tipo de inmigración ilegal e incompatible" que no sólo daña los derechos de los españoles y la capacidad de los servicios públicos, sino que es el mayor riesgo para la seguridad y la convivencia en España, y "favorece a las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos", ha recordado Fúster.
"Vox va a pelear, muchas veces en solitario, pero con el respaldo de millones de españoles, para acabar con el efecto llamada. El mundo sabe que España ahora es una nación débil, y ese es el mayor potenciador del efecto llamada".
En Palma de Mallorca, el grupo municipal ha puesto en marcha dos mociones para controlar y actuar contra los empadronamientos ilegales, con el objetivo de evitar que las mafias se beneficien de esta práctica. Fulgencio Coll, concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Palma, ha denunciado que “se están cobrando entre 150 y 3500 euros por empadronar a hasta 34 personas en pisos de 30 metros cuadrados, que luego adquieren derechos que no les corresponden". “El problema de la inmigración ilegal no se soluciona violando las normas”, ha afirmado.
“La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional nos ha alertado de un abuso en el empadronamiento municipal con fraudes y delitos”. Por eso, VOX «está poniendo barrera a un abuso que perjudica al ciudadano contribuyente, a la seguridad jurídica y a la seguridad en las calles». Debido al aumento de la inmigración ilegal descontrolada de gente que viene de otro continente, «Palma se ha convertido en una de las ciudades más inseguras. Hay grupos de argelinos que tienen atemorizados a barrios enteros”, ha recordado Coll.
En Talavera de la Reina, Vox ha destapado un escándalo de empadronamientos irregulares que ha resultado en ocho detenidos por fraude, dos de ellos empleados municipales. Cobraban 5000 euros a cada inmigrante irregular por empadronarse. “El primer paso del empadronamiento les da luego acceso a la tarjeta sanitaria y a las ayudas”, ha denunciado David Moreno, primer teniente de alcalde, concejal de Medio Ambiente, Parques y Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Además, “en los ayuntamientos donde hay más facilidades las mafias operan para gestionar las tramitaciones”.
Para luchar frente a esto, “Vox es útil y muy necesario”, porque “hemos tenido que llegar al gobierno para poder destapar los casos, ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad y tomar las medidas necesarias, como la actualización del padrón municipal, refuerzo de la plantilla y de la coordinación con la policía local para que no se vuelva a producir”.
Desde que Vox está en el Gobierno de Níjar, se han denegado más de 450 peticiones de alta en el padrón municipal de habitantes por informaciones falsificadas sobre el domicilio. Pilar Fenoy, primera teniente de alcalde y concejal de Turismo y Playas de Níjar, ha hecho referencia la “continua llegada de pateras y los consecuentes asentamientos chabolistas” que sufre el municipio. Para afrontar estos problemas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un censo sobre asentamientos informales y un gestor municipal del padrón, además de activar un protocolo para desalojo de chabolas y dotar de más efectivos a la Policía Local.
Además de Palma de Mallorca, Cartagena, Talavera y Níjar, Vox está aplicando estas medidas en todos los ayuntamientos en los que tiene competencias en seguridad: Elche, Castellón, Burgos Collado Mediano, Moraleja de Enmedio, Navalmoral de la Mata, El Casar, Burriana, Crevillent, Alicante, Valladolid, San Vicente de Raspeig y Yuncos.
