MURCIA. La voz del PSOE regional también sonó en Madrid en defensa del Trasvase Tajo-Segura. Una amplia delegación encabezada por los alcaldes de los municipios más numerosos de la Región de Murcia secundó la protesta de los regantes del Levante español, que reclaman a la ministra -precisamente del PSOE- para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dé marcha atrás al recorte previsto para los próximos cinco años con el nuevo plan de cuenca del Tajo.
No asistió, eso sí, el líder regional, José Vélez, como así explicó el pasado en rueda de prensa, por "responsabilidad como delegado del Gobierno y por lealtad institucional". No obstante, la dirección del PSRM sí estuvo presente, con la participación de media docena de miembros de la ejecutiva. Entre ellos, el diputado y presidente del partido, Alfonso Martínez Baños; la parlamentaria y vicesecretaria general, Carmina Fernández, y la secretaria de Organización, Nuria García; así como los responsables de Agricultura y Agua, Fernando Moreno y Fernando López, respectivamente.
Con todo, el trazo grueso de la delegación del PSOE lo ocuparon los alcaldes de los principales municipios de la Región: José Antonio Serrano (Murcia), Diego José Mateos (Lorca), Eliseo García (Molina de Segura), Mari Carmen Moreno (Águilas), Pascual Lucas (Cieza), Teresa García (Calasparra), Pedro Luis (Blanca) y Juan Jesús Moreno (Mula).
La posición del PSOE no es asunto baladí en esta cuestión. El Gobierno central, que tiene la última palabra sobre el Plan Hidrológico del Tajo, debe decidir entre dos territorios enfrentados: entre todo el Levante español frente a las reclamaciones de Castilla-La Mancha. Esta situación ha quebrado al PSOE, llegando incluso a Pepe Vélez a alzar la voz contra el barón manchego, Emiliano García-Page, a quien exigió respeto. También la Comunidad Valenciana está involucrada en esta guerra, partidarios del Trasvase. Con todo, en la marcha en Madrid no estuvo el presidente, el socialista Ximo Puig, pero sí la consellera de Agricultura, Isaura Navarro. También acudieron los alcaldes socialistas de Elche y Orihuela, Carlos González y Carolina Gracia.
"Queremos la vuelta al documento aprobado en el Consejo Nacional del Agua para establecer los caudales hídricos", exigía el murciano Serrano, quien explica su presencia en la capital porque el sector agrario es "fundamental" para Murcia. En la misma línea se expresaba el lorquino Mateos: "Defendemos el equilibro que reflejaba inicialmente el documento presentado en la propia Comisión Nacional del Agua por el Ministerio para que todos tengamos acceso al agua".
Por su parte, Carmina Fernández quiso resaltar que "Vélez está trabajando de manera seria y responsable con el objetivo de encontrar una solución que beneficie a todas las partes, algo que cumple el documento aprobado en el Consejo Nacional del Agua".
La diputada remarcó que "la seguridad hídrica de la Región pasa porque el Trasvase Tajo-Segura, que es irrenunciable, mantenga unos caudales trasvasables adecuados y garantizar los valores ambientales y la calidad del agua del río Tajo". Y añadió: "El PSRM quiere dejar hoy bien claro con su presencia que, en nuestra Región, el PP no va a arrogarse la exclusividad de la defensa de los regantes, cuando no han sido capaces de poner una sola medida encima de la mesa, ni una solución para abordar este problema".
El Consejo de Ministros tendrá la última palabra ante el Plan Nacional del Tajo, que prevé que los caudales ecológicos del río se incrementen en 7 m3 por segundo entre 2023 y 2025, 8 m3 por segundo en 2026 y 8,66 m3 en 2027. De cumplirse esas previsiones, calculan que sufrirían la merma de 105 hectómetros cúbicos al año para el Levante. Según los cálculos de los regantes, este recorte de los envíos de agua causarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros.
Así las cosas, la ministra Ribera, sin embargo, ha vuelto a hablar claro: respeta la preocupación de los regantes, pero califica sus demandas como "incompatibles" con el interés general. Sostiene que el Ejecutivo central está obligado a marcar un caudal ecológico para el Tajo, el río más grande de España, y alude a cinco sentencias del Tribunal Supremo.
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