Liarte no tira la toalla: confía en que Vox debe readmitir a su grupo tras escuchar al fiscal

Liarte, junto con la hoy consejera de Educación, Mábel Campuzano, y el secretario de la Asamblea Regional, Francisco José Carrera, presentaron una demanda contra Vox, que es el asunto que se dirimió este jueves en el Palacio de Justicia. El fiscal Orencio Cerezuela Rosique, en su intervención final, solicitó la nulidad de la expulsión, subrayó que no hubo incumplimiento del reglamento interno del grupo porque "ellos no lo firmaron ya que tenían dudas de su legalidad" y también citó una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016. "El Reglamento de la Cámara no contempla que terceras personas externas al grupo puedan controlar las subvenciones que recibe el grupo ni contratar a personal para los parlamentarios, que no firmaron el reglamento interno de Vox, que explicita la existencia del apoderamiento", alegó.

Desde Vox, por su parte, prefieren guardar silencio y no hicieron valoraciones públicas sobre la vista. Su líder regional, José Ángel Antelo, acudió a declarar en calidad de testigo al igual que lo hizo, aunque de forma telemática, el secretario general y mano derecha de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith. Ambos defendieron en el juicio haber actuado correctamente ante "la gravedad de los hechos denunciados" y cargaron contra la "deslealtad" de los expulsados.

Cabe recordar que este conflicto, que supuso la ruptura del grupo, estalló en mayo de 2020, cuando el Comité de Garantías de Vox ordenaba la suspensión cautelar de militancia y representación de los tres diputados autonómicos por decidir "unilateralmente el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales", entre ellos cargos destacados del partido como el propio Ortega Smith. Un mes después se confirmaba su expulsión y los tres afectados dejaron de representar a Vox, aunque pudieron mantener sus siglas en la Asamblea porque el Reglamento de la Cámara se lo permite.

En el juicio de este jueves, el abogado de Vox argumentó que el expediente siguió un procedimiento "pulcro" y arguyó que la denuncia estuvo justificada. Mantuvo que el Comité de Garantías "tenía capacidad para ello" y además "el propio presidente de Vox (Antelo) dejó claro que envió un informe previo". Sostuvo igualmente que "la deslealtad" con la que actuaron los expulsados contra su partido "no se ha justificado: "Rompieron la lealtad al tomar decisiones por su cuenta propia". Apostilló que los diputados "admitieron" desde su toma de posesión en 2019 que los apoderados se nombraban entre otras cosas para supervisar el funcionamiento del grupo. Y sobre las primarias, adujo además que no tiene sentido la nulidad cuando ellos "no concurrieron a las elecciones, no formaban parte ni tenían expectativas de concurrir".

En cambio, la letrada de los demandantes señaló que quedó "acreditada la nulidad del expediente sancionador por vulneración derechos" y agregó que "no existe el libro de actas, pues no fue aportado como prueba". También declaró que las presuntas filtraciones a la prensa -en concreto, al diario La Verdad- "fueron consideradas como una traición para el partido, lo que a la postre desencadenó el expediente de sanción" a los expulsados. Asimismo, apuntó que los trabajadores despedidos "trabajaban para el partido y no para el grupo parlamentario, pues los consideraban parte de su equipo de comunicación".

Liarte, que cree que el juez se pronunciará en diez o quince días, confía en que la expulsión sea declarada nula en la sentencia. En ese caso, "volveríamos a ser miembros de pleno derecho de Vox", esgrimió el diputado, en declaraciones a Europa Press. "No creo que el partido busque fórmulas para impedirlo; le podrá gustar más o menos, pero acatará", añadió.