José Ángel Antelo declara como testigo en el juicio de los expulsados de Vox. MURCIA. Visto para sentencia. Así queda el juicio contra Vox por la expulsión de tres de sus cuatro parlamentarios en la Asamblea Regional. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cartagena ha celebrado este jueves la vista, en la que declararon como principales testigos el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que lo hizo telemáticamente, así como el presidente provincial del partido en la Región, José Ángel Antelo, que dio testimonio de forma presencial. Después los abogados plantearon sus conclusiones y ya sólo falta por conocer el fallo del juez. Los tres diputados y exmiembros del partido (es decir, los tres demandantes) piden su readmisión en la formación política y solicitan también la nulidad de las primarias que proclamaron a Antelo como nuevo líder de Vox en la Región.
Los hechos juzgados se remontan al 20 de mayo de 2020. El Comité de Garantías –un órgano nacional de Vox- ordenaba la suspensión cautelar de militancia y representación de los diputados en la Asamblea Juan José Liarte (portavoz parlamentario), Francisco José Carrera (secretario de Mesa en la Cámara) y Mábel Campuzano (entonces diputada rasa, hoy consejera de Educación y Cultura).
En concreto, Vox les abría un expediente "por decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales", entre ellos cargos destacados del partido como el propio Ortega Smith (número dos de Santiago Abascal).
La expulsión se confirmó un mes después y los tres diputados fueron apartados. Sin embargo, aunque quedaron inhabilitados para representar al partido, sí mantuvieron (y mantienen) las siglas de Vox en el grupo parlamentario de la Asamblea, puesto que el Reglamento de la Cámara los ampara. Únicamente el parlamentario Pascual Salvador quedó al margen: es el único que sí sigue la disciplina del partido, reconocido por Vox.
Además, tras conocer su expulsión, los tres afectados recurrieron a la Justicia: presentaron una demanda en la que pedían, además de medidas cautelares, la declaración de nulidad de la sanción de expulsión de la formación y la convocatoria de elecciones primarias. No obstante, un año después, en mayo de 2021, el juez desestimó las medidas cautelares, con lo que rechazaba su reincorporación provisional.
El juicio se ha dirimido este jueves en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Cartagena. Primero intervino, de forma telemática, Ortega Smith, quien relató que los hechos llegaron a él a través de la vicesecretaría nacional de Organización, por lo que "por su gravedad fueron trasladados al Comité de Garantías".
Ante la pregunta de la abogada de los demandantes, el dirigente afirmó no recordar nada sobre firmas en la Región de Murcia a pese a ser apoderado: "Yo he tenido que firmar contratos con el apoderamiento que tengo, pero no recuerdo en concreto que lo hiciera en Vox Murcia".
Además, expresó que su función como apoderado de las cuentas del grupo (una tarea que realiza en muchos territorios) se establece para llevar el "máximo control y supervisión" del uso que hacen los parlamentarios de la subvención y del personal contratado, con el fin de evitar el "amiguismo, las corruptelas y el enchufismo".
Por su parte, Antelo expuso que conoció la existencia de "graves hechos", cuya denuncia elevó "por decisión propia" al Comité de Garantías. Negó que la redactara David Lucas, el responsable territorial de Vox en la zona. "Yo hice el informe que elevé a mi superior, que era David Lucas, y acto seguido, siendo conocedor de las irregularidades, por decisión propia elevo la denuncia al Comité de Garantías. Así era mi obligación como presidente de la gestora en Vox Murcia", dijo, añadiendo: "Lucas no redactó la denuncia, sino que me pasó el formato para redactarla".
Habló también de los propios desmarques de los ex de Vox contra su dirección: "Acudían a manifestaciones contra el 'pin parental' con sus propias pancartas, saltándose las directrices del partido". Y afirmó que era "consciente de la falta de dignidad que hubo con las personas que trabajaban en la Asamblea" y, aseguró, "también sabía de los gritos de Campuzano a los trabajadores".
Igualmente hizo referencia al proceso de primarias, cuya nulidad piden los demandantes porque, según acusó la letrada, "desde la sede se hacía campaña a favor" del entonces presidente de la gestora. Antelo lo negó: "En Vox no hay primarias, sino un proceso interno. Cuando se abre este periodo de elecciones, se corta el acceso a la base de los afiliados. Incluyo yo no podía acceder". Y apostilló que fue el candidato más votado de España.
Escuchadas las palabras de los testigos, fue el turno de los abogados. La letrada de los demandantes señaló que quedó "acreditada la nulidad del expediente sancionador por vulneración derechos" y agregó que "no existe el libro de actas, pues no fue aportado como prueba". También declaró que las presuntas filtraciones a la prensa -en concreto, al diario La Verdad- "fueron consideradas como una traición para el partido, lo que a la postre desencadenó el expediente de sanción" a los expulsados. Asimismo, apuntó que los trabajadores despedidos "trabajaban para el partido y no para el grupo parlamentario, pues los consideraban parte de su equipo de comunicación".
El abogado de Vox arguyó que el expediente siguió un procedimiento "pulcro" y defendió que la denuncia estuvo justificada. Argumentó que el Comité de Garantías "tenía capacidad para ello" y además "el propio presidente de Vox (Antelo) dejó claro que envió un informe previo". Esgrimió que "la deslealtad" con la que actuaron los expulsados contra su partido "no se ha justificado: "Rompieron la lealtad al tomar decisiones por su cuenta propia". Apostilló que los diputados "admitieron" desde su toma de posesión en 2019 que los apoderados se nombraban entre otras cosas para supervisar el funcionamiento del grupo. Y sobre las primarias, adujo que no tiene sentido la nulidad cuando ellos "no concurrieron a las elecciones, no formaban parte ni tenían expectativas de concurrir".
Por último intervino el fiscal, a quien corresponde la tutela judicial civil de derechos fundamentales -honor, intimidad e imagen en particular- en este tipo de procedimientos, además de la preferencia en su tramitación. El representante del Ministerio Fiscal solicitó la nulidad de la expulsión, subrayó que no hubo incumplimiento del reglamento interno porque "ellos no lo firmaron ya que tenían dudas de su legalidad" y también citó una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016. "El Reglamento de la Cámara no contempla que terceras personas externas al grupo puedan controlar las subvenciones que recibe el grupo ni contratar a personal para los parlamentarios, que no firmaron el reglamento interno de Vox, que explicita la existencia del apoderamiento", indicó.
