Universidad de Murcia Campus La Merced. Foto: MP:MURCIA. El Ministerio de Universidades, encabezado por el ministro Manuel Castells, ultima un decreto que actualizará los requerimientos que deben cumplir las universidades. Pretende finalizar la redacción del escrito en octubre y, en él, “elaborar una ley que se corresponda con la sociedad, contemple la situación transpandémica y los nuevos contexto financiero y económico”.
En 1983 estaban activas en España un total de 33 universidades públicas y 4 privadas, mientras que, el año 2020, nuestro país contaba con 50 universidades públicas y 37 privadas y de la Iglesia Católica. Estas instituciones de educación superior sumaban 770 facultades y escuelas en 1983, que en 2020 ascendieron a 1.061. Ante este incremento de la educación superior, sumado a nuevas situaciones desarrolladas de forma posterior al decreto anterior (2007), han llevado a Catells a elaborar un nuevo borrador que tenga en cuenta estas condiciones, además de pulir otras como la oferta académica y la inversión en investigación.
En relación a este dictamen, el Observatorio del Sistema Universitario, una plataforma permanente que interviene sobre materias de política universitaria ofreciendo documentación y análisis, ha redactado el documento '¿A qué puede llamarse universidad?' en el que analizan el grado de cumplimiento de los requisitos actuales y los nuevos requisitos previstos.
La conclusión del estudio es que solo 12 de 81 universidades en España cumplen dicha ley, y entre ellas no están incluidas ninguna de las tres en territorio murciano: la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Católica San Antonio (UCAM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Esta evaluación utiliza como indicadores la oferta docente, la actividad investigadora, la plantilla de personal docente e investigador (PDI) y su cualificación y sobre las instalaciones y el equipamiento.
Aunque las carencias de nuestros centros universidades son pocas, son relevantes y necesarias de pulir en un plazo de cinco años o desaparecerán con ese nombre. La UCAM tiene apenas un 52% de profesorado permanente con sexenio, tramo de seis años necesario de actividad investigadora. Esto significa que casi la mitad de su plantilla debe someterse de nuevo a esta evaluación, consistente en aportar los datos bibliográficos, el resumen y los indicios de calidad de cinco publicaciones (más dos adicionales) correspondientes al tramo de seis años para el que solicita el reconocimiento del sexenio.
La conclusión del estudio es que solo 12 de 81 universidades en España cumplen dicha ley, y entre ellas no están incluidas ninguna de las tres en territorio murciano: la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Católica San Antonio (UCAM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
Debido al plazo delimitado por Castells para las reformas de las universidades y que un sexenio, como ya hemos mencionado, supone seis años de actividad, algunos de estos profesores podrían estar llegando tarde. Otra carencia de esta universidad se adscribe a la proporción obligatoria de 25 profesores por cada 100 estudiantes. La universidad católica computa con 0,85 profesores en plantilla por cada centenar de alumnos.
Tanto en la institución pública como en la privada asentadas en la capital de la Región, se incumple un requisito vigente desde hace una quincena de años: un porcentaje superior al 40% de personal docente e investigador (PDI) temporal. En concreto, el porcentaje de temporalidad de la UMU es superior al 56% y, en el caso de la UCAM, roza el 45%. Por tanto, ambas incumplen también el requisito de que al menos el 60% del PDI ejerza sus funciones a tiempo completo, vigente desde 1991.
El vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación Francisco Javier Martínez Méndez explica que en su momento "las universidades españolas tuvieron un gran problema de financiación y la oferta publica de empleo solo cubría un 10% de jubilaciones, por eso las universidades empezaron a usar la figura del asociado. Nosotros en los últimos 4 años ya estamos convocando plazas por oposición, pero hay retraso acumulado.
"Es cierto que hicimos un abuso del PDI, pero se está solventando". Aclara, además, que es un decreto "que todavía no está aprobado y da un plazo de cinco años que estamos convencidos que será suficiente. A día de hoy no se jubila ningún profesor sin que lo reemplace otro a tiempo completo".
La UPCT aparece en el informe incumpliendo la condición de que menos del 40% de los centros adscritos a las universidades sean temporales. La universidad cartagenera roza peligrosamente el 70%. "Estamos contentos con los parámetros del decreto, nosotros cumplimos la mayoría, pero creemos que debe revisarse previo a la publicación pues no nos parece lícito que excluya a más de 60 universidades", comenta Luis Javier Lozano, vicerrector de promoción de la universidad politécnica.
Antes del verano el Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias, elaborado a partir de las posiciones y propuestas de los principales actores, entre los que ha destacado a los rectores (Crue) y estudiantes, asociados en la Ceune, será aprobado. Universidades quiere tener aprobado también, antes de septiembre, el Real Decreto de Homologación de Títulos, tras las quejas recibidas por la lentitud de homologaciones de títulos extranjeros, así como prevé haber concluido antes del verano el Real Decreto para reformar los Estatutos de la Universidad a distancia (UNED).
