El nuevo decreto-ley establece un asesoramiento específico para los propietarios, así como un canal de denuncias que protegerá la identidad de los denunciantes
MURCIA. La Región ha sido pionera a nivel nacional en promover un decreto-ley con medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas, lo que se puede considerar un escudo 'antiokupas'. La nueva norma, que deberá ser ratificada por la Asamblea Regional de Murcia, es una medida que pretende "impedir que se menoscabe el derecho a la propiedad privada y la degradación de los barrios donde las viviendas han sido usurpadas o allanadas". Así lo explicaba el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien también dejaba claro que las sanciones de hasta 90.000 euros sólo se podrán aplicar en la viviendas sociales que dependen de la Comunidad.
Y es que en el resto de casos, "son competencia del Gobierno central", aseveraba el consejero a preguntas de los periodistas. Esto supone que las multas y el control sólo se podría realizar, a día de hoy, sobre un centenar de las 1.078 viviendas que hay ocupadas en la Región.
La ocupación ilegal de viviendas es un problema que se ha disparado en los últimos años. De hecho, las denuncias ante los juzgados han crecido un 20% en los últimos doce meses. Además de ser un problema social, las posibilidades de conseguir que los okupas abandonen una vivienda una vez que entran en ella puede derivar en años de litigio judicial con un periodo de tensión que marca a los propietarios y a los vecinos.
En cuanto al perfil de los ocupas, Díez de Revenga ha indicado que "la casuística es amplia" pero se asocia cada vez más y de manera creciente a mafias y organizaciones criminales que a familias vulnerables y con necesidades, pues para ellas ya existen otros mecanismos de acceso a la vivienda a través de los servicios sociales y de la propia comunidad autónoma.
Sobre esas mafias, ha indicado que no existen datos oficiales pero, en muchos casos, se trata de organizaciones que operan a nivel nacional y se desplazan de unas comunidades a otras, y este decreto pretende disuadirlas y evitar su entrada en la comunidad. El nuevo decreto-ley establece un asesoramiento específico para las víctimas de esta práctica que se denominará 'Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación', así como un canal de denuncias que protegerá la identidad de los denunciantes.
También será obligatorio para los ayuntamientos notificar los casos de ocupaciones detectados en sus municipios, de manera que la información se centralice en la administración autonómica, y las empresas de suministros deberán también comunicar los casos de posibles ocupaciones que detecten.
Algunos partidos políticos han denunciado y llevado a sus campañas electorales la ocupación de viviendas. Uno de ellos, Vox, además lo ha hecho un mantra en sus manifestaciones. "Hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día". Con estas palabras exponía a principios de agosto el líder de Vox, Santiago Abascal, en un entrevista con Europa Press la solución que su partido cree más eficaz para acabar con los okupas. Después, el partido en la Región fue un paso más allá y llegó a contratar vallas publicitarias con ese lema.
Recientemente. Ciudadanos hizo un llamamiento al PP y al PSOE para luchar juntos en la batalla contra la ocupación ilegal. La formación naranja pide a los grupos municipales de los populares y los socialistas que alcancen acuerdos y articulen mociones conjuntas "para abordar el problema de la ocupación fuera del interés partidista".
Pero la de los partidos no es la única forma para denunciar e intentar frenar la grave situación que muchas veces supone la presencia de 'okupas' para los propietarios y para la convivencia vecinal en los edificios, calles o poblaciones enteras donde se producen estos asaltos a viviendas. Y es que se llegan a tomar medidas de diversa índole, como la que llevó a cabo el pedáneo de Beniaján.
Además de lanzar el nuevo decreto que está previsto, el PP reforzó hace unos días su campaña contra la 'okupación ilegal'. Los populares, que han hecho de su rechazo a este fenómeno una de sus principales banderas, han iniciado una recogida de firmas para recabar el apoyo de la ciudadanía a la ley que esta formación ha presentado en el Congreso.