CARTAGENA. Históricamente, España ha sido un país en el que la propiedad de una vivienda siempre ha tenido aparejado un sentimiento de estabilidad. La Región no es ajena a este aspecto tan tradicional de la cultura social española. Aunque el modo de vida de los años noventa poco tiene que ver con el actual, la propiedad inmobiliaria sigue siendo considerada como un gran activo económico. No solo ya como inversión sino, especialmente, como activo de seguridad económica.
Un 73,4% de los ciudadanos de la Región vive en una vivienda en propiedad, mientras que el 18,3% lo hace en una vivienda alquilada. La estructura de tenencia de la Región de Murcia se muestra similar a la del conjunto del país, que cuenta con un 69,5% de ciudadanos con viviendas en propiedad y un 19% con viviendas alquiladas, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. La propiedad de una vivienda requiere de estabilidad económica, como muestra que el perfil de aquellos que viven en una vivienda de su propiedad es, principalmente, el de personas mayores de 30 años, siendo los mayores de 65 años la que cuenta con un mayor número de propietarios (85,6%). Por el contrario, aquellos que afirman residir en una vivienda alquilada son principalmente jóvenes, que suelen tener un menor nivel de renta y una mayor inestabilidad laboral.
Los efectos de la renta no solo se notan entre los menores de 30 años. Esta relación se da también en toda la población. El porcentaje de ciudadanos que viven en alquiler disminuye conforme va aumentando el salario, siendo son las clases medias, medias-altas y altas las que poseen una mayor tasa de propiedad (81% viven como propietarios), frente a las clases medias-bajas y bajas que apenas llegan al 65%, ocupando los encuestados que así se ubican hasta seis puntos más en la tasa de vivienda alquilada (24,6%).
Edad y nivel de ingresos se desvelan como claros condicionantes del régimen de propiedad de vivienda. Por último, respecto al estado civil, el número de propietarios es especialmente significativo en el caso de aquellos que se encuentran casados ya que, en comparación con el resto, únicamente el 12,3% reside en una vivienda en alquiler, mientras que entre aquellos que se encuentran en una situación diferente a la de estar casado, el 24,9% tiene su residencia habitual en una vivienda alquilada. Observamos, por tanto, una asociación entre el matrimonio y la estabilidad residencial, mientras que aquellas personas solteras o separadas tienden a experimentar en mayor medida situaciones residenciales provisionales, haciéndoles inclinarse hacia el alquiler.
En la última feria inmobiliaria de la Región, 'Reside', el consejero de Fomento de la Región mencionó uno de los grandes retos a los que se enfrentan las instituciones en materia de vivienda. "Debemos poner en marcha medidas para facilitar el acceso a este sector de población, que es el más demandante de vivienda, ya que son los jóvenes los que suelen lanzarse a la compra de vivienda para empezar su proyecto de vida", manifestó José Ramón Díez de Revenga. Pese a que la Región de Murcia se sitúa como el tercer lugar más factible tanto para comprar casa (33,1%) como para alquilar (51,8%), los problemas para acceder a una vivienda para los jóvenes de la Región, tanto en alquiler como de compra, conforman una tormenta perfecta: salarios bajos, escasez de oferta inmobiliaria y precios desorbitados.
Según datos del Instituto de la Juventud, la Región soporta una de las tasas de empleo más bajas de España entre la población joven de 16 a 34 años, además de una muy elevada tasa de paro. La población joven ocupada presenta unos altos porcentajes de subocupación, jornadas parciales y temporalidad. Esta vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral se refleja en un débil poder adquisitivo, que dificulta las posibilidades de comprar o alquilar una vivienda libre.
Esta incapacidad para acceder a una vivienda tiene consecuencias sociales y económicas, según recoge otro informe elaborado por el Instituto de la Juventud en 2020 en el marco de la Agenda 2030, según el cual "la juventud se ha visto excluida del derecho a la emancipación y al ejercicio de una vida autónoma". El mismo informe refleja que los jóvenes se emancipan con 29,5 años, pero si en 2010 un 53,3% de jóvenes entre 18 y 34 años vivía aún con sus padres, el porcentaje subió en 2019 hasta el 64,5. A ello se agrega la "imposibilidad de acceder a una vivienda estable siquiera en régimen de alquiler" cuando la vivienda en propiedad, "que constituye un complemento a la pensión del que disfruta la inmensa mayoría de la tercera edad de nuestro país, está vedada de facto a toda nuestra juventud, lo que añade aún mayor incertidumbre a su futuro".
