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Plantea un régimen sancionador

La reforma de la Ley del Mar Menor de Vox incluye multas a los municipios por los saneamientos

José Ángel Antelo, junto con su equipo, en una imagen de diciembre. Foto: DANIEL SABIOTE (CARM)
26/01/2024 - 

MURCIA. Vox sigue perfilando su reforma para la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, cuyo borrador presentará este año ante el Consejo de Gobierno. El partido ha dado a conocer este viernes que su texto incluirá un régimen sancionador para los municipios ribereños que no cumplan "con las obligaciones de saneamiento dispuestas en la nueva ley". 

En concreto, la norma que plantea Vox contendrá un capítulo específico que establecerá "el completo régimen de saneamiento" que deben seguir todos los municipios ribereños. Explican que se aplicará tanto a los municipios nuevos como a los ya existentes. Y la nueva ley también tendrá un régimen sancionador para aquellas localidades que no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

Esta posición no es nueva, pues Vox ha reiterado su intención de "castigar" a los ayuntamientos ribereños "por contaminar el Mar Menor", como así decía su líder antes de ser vicepresidente de la Comunidad. Vox reivindica que el principal problema son "las aguas residuales que se vierten a la laguna".

Hay que recordar que uno de los caballos de batalla de Vox es la reforma (en su momento pedía la derogación) de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, una norma acordada en 2020 con el apoyo de PP, Ciudadanos (ambos en el Gobierno) y el PSOE (oposición). El texto suscita las principales diferencias entre los dos socios de la coalición del Ejecutivo regional. Desde el PP reseñan que "las competencias son de la Consejería de Mar Menor". El portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, ha declarado en más de una ocasión que los planes del Gobierno no pasan por cambiar la ley: "No vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor". 

Piden una auditoría sobre las redes de saneamiento

La reforma, no obstante, todavía no es una realidad. Como siguiente paso, Vox ha registrado una moción en la Asamblea Regional para instar al Consejo de Gobierno, del que forma parte en alianza con el PP, a que realice una auditoría y emita un informe sobre la situación de redes de saneamiento y emisarios en los municipios del Mar Menor.

"Desde el partido estamos ultimando una nueva ley del Mar Menor que realmente lo proteja y aporte las soluciones de regeneración y compatibilidad económica de todo su entorno", indicó este viernes el portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez. 

Argumentos

Desde Vox sostienen que "numerosos estudios e informes, como el del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, indican que la crisis ambiental de la laguna está provocada por la histórica entrada de contaminantes (principalmente, nitratos, fosfatos, pero también metales procedentes de los arrastres de estériles de la minería) generados por diversas actividades, públicas y privadas, desarrolladas en su cuenca vertiente".

Según aduce Martínez Alpañez, "una recuperación del Mar Menor compatible con la actividad humana es imposible mientras las actuaciones correctoras pongan el foco de atención únicamente en una de las posibles causas de degradación de la laguna y se obvien las restantes". Añade que el preámbulo de la Ley 3/2020, de 27 de julio, ya habla de esto: "El proceso de transformación económica, social y urbanística que ha afectado al Mar Menor en el último medio siglo (y aun antes, en el caso de la minería) ha supuesto multitud de impactos en el medio físico y natural y hace del Mar Menor un área necesitada de una especial protección".

Vox denuncia que tampoco ha ayudado en estos años "la mala planificación turística y urbanística del entorno de la laguna que ha soportado otro tipo de vertidos asociados al crecimiento urbano y la transformación del territorio, hasta tal punto que ha obligado a la Comunidad al establecimiento de una moratoria urbanística".

Alpañez resalta el impacto del Real Decreto-ley 11/1995 y su desarrollo a través del Real Decreto 509/1996, que implementan normativas conforme a la Directiva 91/271/CEE. "Este marco regula el tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas, garantizando su procesamiento antes del vertido. En términos generales, el cumplimiento se logra mediante inversiones en sistemas colectores para la recogida y conducción de aguas residuales, así como diversos tratamientos previos al vertido en aguas continentales o marítimas".

Por eso, puntualiza, "este tratamiento riguroso de las aguas residuales requiere, no sólo de depuradoras, sino también de una red de saneamiento bien mantenida y con capacidad suficiente para soportar los picos de presión exponencial que se producen durante los meses de verano debido a la multiplicación de la población en el entorno, impidiendo averías y vertidos al Mar Menor".

Sin embargo, "a pesar de las inversiones significativas en infraestructuras de depuración en las áreas urbanas cercanas al Mar Menor en los últimos años", Vox denuncia que "los vertidos persisten debido a limitaciones en la tecnología y la gestión del agua residual. Aunque se aplican diversos tratamientos, la calidad resultante nunca alcanza un nivel aceptable para considerar estos efluentes como aguas depuradas".

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