Reunión de representantes de Aloja con el director del ItremCARTAGENA. El alarmante incremento de establecimientos dedicados al alquiler turístico no reglados en Cartagena es un problema que trae de cabeza a los profesionales del sector. Desde que surgió la pandemia, allá por el mes de marzo de 2020, no se había visto una explosión de ofertas tan desorbitada como en estos momentos. En los últimos años, los apartamentos turísticos ilegales se han convertido en un problema cada vez más común. Esto se debe en gran parte al aumento del turismo y a la popularidad de las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb, que han permitido que los propietarios de viviendas particulares ofrezcan sus propiedades para uso turístico.
Las grandes plataformas que alojan este tipo de negocio ofrecen todo tipo de propuestas, desde habitaciones hasta pisos compartidos, buhardillas, apartamentos enteros o incluso, barcos veleros (a 86 euros la noche). De manera más descriptiva, explican que solo en Booking se pueden detectar en el centro de Cartagena cerca de medio centenar de propuestas que no se ajustan a la ley. "Podríamos multiplicarlo por cinco si nos vamos a Airbnb. Estamos muy cerca de la Semana Santa y a un paso del verano, y todos los días nos encontramos con nuevos apartamentos que no cumplen con la ley", explica Gregorio Morales, presidente de Aloja Región de Murcia (propietarios de apartamentos turísticos y viviendas vacacionales de la Región de Murcia) y fundador de Cartagena Spain, la mayor red de apartamentos turísticos de la ciudad.
La proliferación de los apartamentos turísticos ilegales ha creado una competencia desleal con los alojamientos turísticos legales, que deben cumplir con regulaciones y pagar impuestos y tasas para operar. Los propietarios de alojamientos turísticos legales se enfrentan a mayores costos y cargas regulatorias que los propietarios de apartamentos turísticos ilegales, lo que puede afectar negativamente a su rentabilidad y sostenibilidad.
Las consecuencias para el sector turístico son significativas. Los apartamentos turísticos ilegales pueden afectar negativamente a la calidad y seguridad del alojamiento turístico en general, lo que puede disuadir a los turistas de visitar la ciudad. Además, pueden crear una imagen negativa del destino turístico y afectar la reputación del sector turístico en su conjunto.
No es un asunto nuevo, porque hace cuatro años desde Aloja denunciaban públicamente lo que estaba llegando, pero esta nueva realidad ha traído cierto descontrol, que corre el peligro de irse de las manos. Son las propias asociaciones como Aloja las que supervisan casi a diario las diferentes webs para detectar y advertir de aquellos apartamentos que no tienen la signatura, necesaria para poder operar.
A finales del pasado año Aloja junto con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia alcanzaron un acuerdo con uno de estos grandes portales, en este caso con Booking, para que éste eliminara de su plataforma todos los apartamentos que no están reglados. Si los propietarios no son capaces de aportar una identificación que ha sido gestionada a través de la administración regional en un breve plazo de tiempo, serían expulsados de la misma. El objetivo era sacar del portal a siete de cada diez establecimientos que en estos momentos vemos Booking y no son legales. También supondría un efecto disuasorio para todos aquellos que tienen pensado seguir alquilando sus apartamentos de manera ilegal.
Transcurridos cerca de cuatro meses desde esta propuesta, el Itrem ha comunicado al portal que hay en su plataforma 60 alojamientos turísticos no reglados y urge a que sean eliminados fruto del acuerdo. Los dueños se enfrentan a multas de hasta diez mil euros en el caso de no legalizar la situación.
No obstante, desde el sector afirman que a pesar de la denuncia y de los avisos que han hecho a Booking no han desaparecido, por lo que poco se ha conseguido hasta ahora.
El Decreto 256/2019, de 10 de octubre, establece la ordenación y el régimen jurídico aplicable a las viviendas y habitaciones de viviendas de uso turístico ubicadas en el ámbito territorial de la Región de Murcia y fija los requisitos mínimos que deben cumplir tanto los alojamientos como los titulares de su explotación, el régimen de funcionamiento y el procedimiento para su clasificación turística.
Se establecen dos tipos de viviendas de uso turístico, una que es cedida en su totalidad, y otra que es cedida por habitaciones compartiendo la estancia con el propietario. Con ello se da cabida a la variedad de alojamiento privado en el turismo, facilitando una asignación más eficiente de los recursos habitacionales infrautilizados y el acceso a un alojamiento a un precio inferior al de una vivienda completa y de prestaciones más variadas.
Establece el decreto la obligación de que los titulares de los establecimientos tengan formalizado un seguro de responsabilidad civil para garantizar los posibles riesgos de la explotación. En este sentido el artículo 21.3 de la Ley 12/2013 de Turismo de la Región de Murcia, en la redacción dada por la Ley 11/2014, indica que la normativa de desarrollo de cada una de las actividades fijará las cuantías y características de los seguros.
Aquellas personas que quieran iniciar el proceso de legalización de una vivienda para poder ofertarla como uso turístico tienen que llevar a cabo una serie de trámites en la CARM.
Se definen como viviendas de uso turístico aquellas que se ceden con fines vacacionales, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística para ser cedidas temporalmente a terceros, con habitualidad y mediante precio.
La cesión de las viviendas de uso turístico podrán se de dos tipos:
Los titulares de las Viviendas de Uso Turístico que inicien por primera vez la actividad tienen una bonificación del pago de la tasa del 100%.
La tramitación se puede efectuar de manera electrónica o presencial. En cualquiera de los casos, han de cumplimentar una declaración responsable de clasificación turística en el que se incluyan los datos comerciales de la vivienda y donde se solicite al director del ITREM el alta en la actividad, especificando si es cedida en su totalidad o por habitaciones destinadas a dormitorios. En un par de días, el solicitante recibe el número de registro provisional y los inspectores harán una visita en los siguientes seis meses para comprobar que lo cumplimentado se adapta a lo que se ofrece.
