La política de impuestos y los Presupuestos agrandan la distancia entre Madrid y Murcia

MURCIA. Dos modelos opuestos han vuelto a exhibir sus diferencias esta semana. Los Presupuestos para el 2021 planteados por el Gobierno central, con una subida de impuestos como una de sus principales medidas, han puesto de manifiesto la distancia política entre Madrid y la Región de Murcia. La inversión prevista en las cuentas deja un montante récord en una región históricamente relegada a los puestos de cola: 625 millones de euros, que equivalen a 418 euros por persona, la cifra per cápita más elevada de todo el país. Sin embargo, el borrador no convenció en San Esteban. Ni las cifras les parecieron reales ni la lista de inversiones les dejó satisfechos.

PSOE y Podemos, que en la Región son oposición, defendieron con ahínco la propuesta del Ejecutivo nacional. "Hemos conseguido que la Región de Murcia lidere por primera vez la inversión del Estado", pregonaba el líder regional de Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna. "Es una apuesta contundente de Pedro Sánchez por la Región", presumía, por su parte, Diego Conesa, el secretario general del PSOE murciano y jefe de la oposición en la Asamblea Regional. Conesa también destacaba que la Región es la comunidad donde más sube la inversión, con un 67%. Ambos partidos ofrecerán una rueda de prensa conjunta para desgranar los Presupuestos.

La visión de los partidos del Gobierno murciano es diametralmente antagónica. La portavoz Ana Martínez Vidal subrayaba que la mitad de la inversión 'se la come' la construcción del submarino militar S-80, para la que se prevén más de 300 millones de euros. La consejera, líder regional de Ciudadanos, pedía que esa cantidad "no se computara en el cálculo regional" porque la construcción del sumergible, cuyo proyecto lleva a cabo Navantia en Cartagena, "redundará en beneficio de todo el país y no es de carácter exclusivamente regional".

El eco de los Presupuestos llegó a la propia Asamblea, donde el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, rendía cuentas sobre la gestión de la pandemia. El mismo mandatario que afirma "no querer criticar al Gobierno central" recriminaba que las cuentas "no ofrecen certidumbres sino preguntas". Miras cuestionaba si llegarían fondos para la recuperación del Mar Menor y la bahía de Portmán, dos asuntos que a juicio del Ejecutivo regional "han sido relegados para el Gobierno de España con inversiones testimoniales", como así indicaba Martínez Vidal.

Las cuentas recogen actuaciones para el AVE de Levante, una línea que incluye el soterramiento de Murcia, por 28 millones, así como prevén 106 millones de euros en el Corredor Mediterráneo. También contienen otras cuestiones tradicionalmente reclamadas, como 36 millones para tres tramos del Arco Noroeste, dos millones para dos tramos del Arco Norte y un millón para los 13 kilómetros de la autovía del Reguerón.

En cambio, las palabras Mar Menor no aparecen -de forma explícita- en el borrador. La portavoz del Gobierno regional echaba de menos inversiones para el Plan de Vertido Cero. También lamentaba que no se han recogido demandas autonómicas como la creación de una Ciudad de la Justicia en Cartagena. En el apartado de Justicia, está previsto un nuevo edificio judicial en Lorca y otro en Cartagena, por valor de un millón y 50.000 euros, respectivamente. Martínez Vidal también echaba en falta más ayudas para las infraestructuras esenciales contra las inundaciones. 

Desde Podemos recalcan que sí se invierte en "materias como la regeneración de la bahía de Portmán y la descontaminación del Mar Menor". La partida para la bahía es de 2 millones, con proyección de invertir la misma cantidad en 2022. "Son unos Presupuestos que permiten iniciar una transición hacia una Región más sostenible y más justa", sostenía Sánchez Serna, que también subrayaba "los compromisos en infraestructuras tanto en la red diaria como ferroviaria, sin olvidar la inversión en Navantia".

A tortas con los tributos

Pero si ha habido un tema que ha sobresalido por encima de todo es la subida de impuestos. Pocas cuestiones separan más a la cohabitación que protagonizan las coaliciones de Gobierno de España y de Murcia que la política fiscal. La portavoz murciana ya lanzaba un aviso una semana antes: se avecina "un brutal y salvaje" aumento de los tributos, clamaba. Finalmente, el incremento de dos puntos en el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros sólo afectaría a 396 murcianos, que fue el número de personas que declararon ganar más de esa cantidad en la Comunidad en 2019, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Si a ello se añaden los afectados por la subida a rendimientos de más de 200.000 euros, se sumarían otros 300 murcianos.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez también anunció una subida del 1% en el tributo para patrimonios de más de 10 millones de euros y un alza de Sociedades limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generados por participaciones en sociedades filiales. También establecerá una tributación mínima del 15% para 'socimis' "frente a la nula tributación actual", así como se reducirán las desgravaciones de planes de las pensiones privadas. Esta última iniciativa sí afecta a los ahorradores de la Región, puesto que casi la mitad de los hogares (el 47%) tiene ahorros en planes de pensiones públicos y privados. 

Una de las banderas del Gobierno de PP y Ciudadanos es su apuesta por bajar impuestos. Es una posición que ya les unía cuando ambos partidos no eran socios de Gobierno, entre 2015 y 2019. Fue en 2018 cuando la Comunidad suprimió casi por completo, con una deducción del 99%, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. A principios de 2020, el Gobierno, ya en coalición, se comprometió a bajar el IRPF a 300.000 murcianos. Y en junio, en el debate del estado de la Región, inmersos en una pandemia, el presidente volvió a anunciar una bajada del tramo autonómico del IRPF.

De hecho, PP y PSOE protagonizaron un choque político a cuenta del IRPF. Fue en abril, cuando ambas formaciones iniciaron un acercamiento para intentar sacar conjuntamente los Presupuestos regionales de 2020. El intento no prosperó, pues encalló precisamente en la política de impuestos. Conesa planteó revisar las políticas de la Comunidad para el impuesto IRPF en su tramo autonómico. Los populares acusaron al socialista de "querer subir impuestos", algo que el alhameño siempre negó -adujo que quería congelarlos, no incrementarlos- y la negociación se fue al garete. Los impuestos, como sucede ahora, expusieron las diferencias de las dos coaliciones de Gobierno: dos modelos políticos frente a frente. La polarización política en su máxima expresión.