MURCIA. La carrera interna del Gobierno regional por los Presupuestos ya está en marcha. Las consejerías preparan sus borradores con las partidas que prevén manejar para el próximo ejercicio. Los dos socios del Ejecutivo, PP y Ciudadanos, crearán además una comisión para negociar las cuentas. El objetivo de este organismo será perfilar las prioridades de ambos partidos para el texto de 2021.
Así lo ha anunciado la portavoz de la Comunidad, Ana Martínez Vidal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La comisión se reunirá en los próximos días "para abrir el proceso de diálogo". Son las primeras cuentas que centrarán de lleno la lucha contra la pandemia, ya que el texto de 2020 -el primero que acordaban PP y Cs como miembros del Gobierno- salió adelante en abril, con un mes de pandemia de por medio, sin apenas incluir partidas adaptadas a la crisis del coronavirus, pues el Ejecutivo regional abogó por ejecutar medidas posteriores en vez de rehacer todo el Presupuesto.
De hecho, uno de los aspectos que abordarán las cuentas es una paga extra para los sanitarios en recompensa por su esfuerzo durante la pandemia. Esta es una reclamación que ha puesto encima de la mesa Ciudadanos, que se opuso a toda subida de sueldo público excepto para el personal sanitario. "Trabajamos de forma muy directa en esta cuestión", indicaba Martínez Vidal, que también detallaba que la comisión estudiará esta propuesta.
Esta gratificación, apostillaba la consejera, es "de sentido común, lo mínimo es agradecer la gran labor que están haciendo". Sin ir más lejos, la líder regional de Ciudadanos se reunía recientemente con representantes de los sindicatos sanitarios CESM, SATSE, SAE y SPS para plantear la mejora salarial. Y, según anunciaron desde la formación liberal, la consejera también se citará con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.
Los Presupuestos tendrán que pasar finalmente por las manos del consejero de Hacienda, responsable del texto. Pero la elaboración del borrador definitivo todavía se encuentra en una fase inicial. De hecho, las cuentas todavía tienen que perfilar el techo de gasto definitivo, pues hasta ahora se trabaja con una estimación provisional, calculada en 5.200 millones de euros, a falta de conocer las cifras tanto de las ayudas europeas como los fondos que tiene pendiente repartir el Gobierno central a las comunidades autónomas.