El expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez (d), acompañado por sus abogados, a su llegada al Palacio de Justicia de Murcia. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)Los acusados lamentan "el calvario" sufrido en todo el proceso: "Llevo siete años en un estado de preocupación constante"
MURCIA (F. V. / EFE). Más de dos meses después, queda definitivamente visto para sentencia el juicio contra Pedro Antonio Sánchez por el 'Caso Auditorio', una de las causas judiciales que precipitaría su salida de la política. Tras once vistas orales, en las que comparecieron más de una treintena de testigos, peritos y expertos, los cuatro acusados han ejercido el derecho a la última palabra antes de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Juan del Olmo, se retire a deliberar. "Le quiero decir a la sala que siempre he tenido dos límites [como responsable público]: la búsqueda del interés general y el cumplimiento de la ley", declaró Pedro Antonio Sánchez. Les aseguro que siempre ha sido así", remarcó el exalcalde de Puerto de Lumbreras (lo fue entre 2003-2013) y también expresidente de la Comunidad (2015-2017), el primero en la historia de la Región en sentarse en el banquillo de los acusados. El también exlíder del PP murciano, retirado de la política desde 2017, se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Durante su última intervención quiso además remarcar su agradecimiento por el "escrupuloso trato" obtenido por parte de los funcionarios judiciales: "Que sé que no ha sido nada fácil".
Los otros tres procesados también hicieron uso de la palabra. El arquitecto del proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras, Martín Lejarraga, que se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de cárcel por presunta prevaricación continuada, prevaricación y fraude, se limitó a agradecer el "buen trato y la cortesía" recibida en el edificio de la Audiencia desde el inicio del juicio, que empezó el pasado 27 de septiembre.
Caridad García, secretaria municipal de Puerto Lumbreras en 2006, lamentaba las acusaciones que han "dañado" su "reputación" y por las que vive "desde hace años en un estado de preocupación constante". En un texto leído con voz temblorosa, afirmaba: "He sido funcionaria durante 17 años, he trabajado para cinco equipos de gobierno y tres alcaldes, dos de ellos con signos políticos distintos, así como con dos interventores y cuatro secretarios generales. Durante mi carrera profesional siempre he trabajado de la misma forma, aplicando soluciones de consenso, tanto en la fase de preparación de las licitaciones como en las incidencias surgidas en la fase de ejecución de los trabajos". La técnico se enfrenta a la misma pena que el arquitecto, acusada de los mismos delitos.
Por su parte, Vicente Gimeno, que era responsable de la empresa constructora Ecisa, habló de "siete años de calvario y sufrimiento personal" y aseveró que su "único contacto" con la obra del Auditorio fue "tiempo después de finalizada", por lo que expresó su incomprensión "por estar sentado aquí" por una obra en la que, dijo, nunca había estado y con personas que "no conocía". Y manifestó que su empresa (cuya vinculación profesional terminó en 2018) "perdió mucho dinero" y "dejó de cobrar 250.000 euros por la subvención de la que nadie supo de su existencia". Gimeno se enfrenta a dos años y tres meses de prisión.
Si el lunes fue el turno de las acusaciones (que quedaron elevadas a definitivas), esta vez, el martes, fue momento para que las defensas expusieran sus conclusiones en esta undécima sesión del juicio. Todos los letrados incidieron en la inocencia de sus representados y pidieron la absolución. Negaron la mayor, la que lleva sosteniendo el fiscal desde la instrucción: "Nunca hubo encargo verbal". Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, ejercida por Juan Pablo Lozano, mantiene que el proyecto modificado del 'Caso Auditorio' de Puerto Lumbreras fue "un apaño" con el fin de aligerar plazos, abaratar la obra y evitar tener que devolver la subvención de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura.
La defensa, sin embargo, esgrime que el modificado del proyecto "fue ajustado a derecho" porque "era lo que procedía al haber aparecido circunstancias no previstas inicialmente para cambiar el sistema de cimentación debido a las condiciones del terreno, puestas de manifiesto por un estudio geotécnico, lo que encareció los trabajos". También reivindicaron la legalidad del concurso que convocó el Ayuntamiento y argumentaron que la ayuda que otorgó la Comunidad se invirtió en la obra.
No hay prevista una fecha aproximada para conocer el fallo, según fuentes judiciales. La sentencia pondrá fin a una causa que empezó en febrero de 2015, cuando la Fiscalía presentó una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras. El Ayuntamiento del municipio era uno de los personados (su alcaldesa actual, de hecho, declaró como testigo y señaló que se personaron para "conocer qué se hizo en el Auditorio"), aunque este lunes retiró la acusación.
La defensa de Pedro Antonio Sánchez reiteró en varias ocasiones en que este caso nunca debió llegar a la jurisdicción penal al considerarlo un asunto administrativo, en palabras recogidas por la Agencia Efe. Admitió que en la tramitación de todo lo relacionado con la obra pueden haberse cometido irregularidades o errores, pero que en todo caso serían de carácter administrativo, no penal. Añadió que las acusaciones acudieron a la vía criminal porque la jurisdicción contenciosa, al desestimar el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, declaró que el concurso de proyectos convocado por el consistorio estuvo ajustado a la ley.
El letrado, para el que no existe duda de que si la obra del auditorio no concluyó fue debido a la judicialización del asunto, solicitó la absolución para Sánchez, que servirá para resarcirlo de los sufrimientos padecidos a lo largo de los siete años que ha durado la instrucción y enjuiciamiento del caso.
La misma Agencia Efe informa de que el abogado defensor de la secretaria accidental del Consistorio cuando ocurrieron los hechos (en 2006) recalcó que ella siempre ejerció su labor correctamente, "de forma intachable", para añadir que la ley no encomienda a estos funcionarios el control de la legalidad de las actuaciones municipales.
El letrado del arquitecto, por otro lado, indicó que el concurso de proyectos que le fue adjudicado, al que se habían presentado tres aspirantes, se tramitó de forma transparente y sin que los miembros del jurado recibieran presiones. Lamentó que las acusaciones se hayan basado en el informe encargado por la fiscalía al arquitecto Andrés Checa, que contiene muchos errores, crítica compartida por el defensor del último acusado, Vicente Gimeno, apoderado de la constructora.
Este último abogado ha dicho que el informe "es algo parecido a las cuentas del Gran Capitán" y tuvo en cuenta al valorar las obras que faltan por realizar el importe de algunas partidas que se retiraban del proyecto inicial pero no de las que se incorporaban, con lo que su cálculo de que aquellas ascenderían a 2,3 millones no resulta creíble.
