MURCIA. La Fiscalía no ha encontrado ningún delito en las vacunaciones de la exalcaldesa de Molina de Segura Esther Clavero ni en la del concejal de Murcia Felipe Coello. Dos días antes se conocía también que el máximo representante del Ministerio Público en la Región, José Luis Díaz Manzanera, no había visto delito en las inmunizaciones del exconcejesero de Salud Manuel Villegas ni la cúpula de su departamento, ni tampoco en la del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Los cuatro casos supusieron un escándalo público, de los que el fiscal no encuentra razones para seguir por la vía penal. No obstante, Manzanera sí pone encima de la mesa varios matices.
En el caso de la regidora Clavero, el fiscal expone que, aunque no hay indicios de la comisión de delitos, sí hay visos de irregularidades administrativas "por parte del coordinador del centro de salud que la atendió" que, en todo caso, se deben explorar por ese ámbito administrativo y no por la vía penal. La molinense acabó dimitiendo pese a que al principio se negó a abandonar la Alcaldía cuando se conoció que se había saltado el protocolo para vacunarse contra la covid. Clavero aducía que se había puesto la dosis porque se lo habían pedido desde el centro de salud por su enfermedad (padece un cáncer).
El Ministerio Público cree que "se intentó posiblemente de forma incorrecta que el coordinador del centro de salud, Emilio Macanás, debía vacunar a Clavero por su condición de enferma oncológica en base [sic] a una interpretación que le dio el protocolo de vacunación". En esa forma de actuar, agrega el fiscal, "sí se observan una serie de irregularidades que deben ser depuradas en la vía administrativa al no reunir los elementos de un delito".
En el caso de Coello, la conclusión es diferente: considera que no se ha cometido ninguna irregularidad en el proceso de vacunación. "Se llega a la conclusión de que no existen indicios de la comisión de delito alguno por parte del señor Coello", escribe el fiscal en un decreto, publicado este viernes y al que ha tenido acceso Murcia Plaza. El fiscal entiende que, "a diferencia de Clavero, Coello forma parte de los grupos a vacunar en la primera etapa de la vacunación". La Fiscalía, además, apunta que "tampoco se observa que se haya podido cometer ni siquiera alguna infracción administrativa".
Señala igualmente que "es médico aunque no sea ejerciente, que está autorizado por el servicio municipal para suministrar la vacuna a los ciudadanos, que al parecer faltaba personal para realizar esa vacunación y que se ofrece a colaborar voluntariamente de forma puntual, transitoria y no retribuida". A raíz de trascender que se había vacunado y tras la presión recibida, Coello acabó renunciando a sus funciones de edil de gobierno (entonces el PP gobernaba el Ayuntamiento en coalición con Ciudadanos), pero siguió como concejal sin atribuciones.
El fiscal, en sus conclusiones del decreto (de 27 páginas), archiva las diligencias de investigación, que se incoaron por una denuncia de Podemos. Es la misma conclusión a la que llegó con los casos de Villegas, la cúpula de Salud y el obispo: "Saltarse el orden en el proceso de vacunación puede suponer reproche político, social o ético, pero no penal".