CARTAGENA. El Congreso de los Diputados ya ha convertido en ley la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Menor. Ahora ha llegado el momento de aplicarla, momento en el que probablemente se hará obvio que servirá principalmente para multiplicar las denuncias ante los tribunales contra todo tipo de empresas y algunas entidades públicas. No le arrienda el negocio el Aparecido a los jueces que tengan que dictaminar si el derecho a evolucionar naturalmente, que la ley otorga al Mar Menor, es compatible con algún tipo de impacto humano sobre sus aguas, incluido el mero hecho de pescar unos langostinos o darse un baño. Después de todo, evolucionar naturalmente significa eso: evolucionar sin ningún tipo de interferencia por nuestra parte. Se dará, en concreto, la contradicción de que evolucionar naturalmente no parece compatible con el derecho a la restauración por parte de los humanos, que también se le concede. Supone el Aparecido que el buen sentido de los denunciantes restringirá la gama de posibles infracciones, limitándose a las más flagrantes (que seguramente ya estarían previstas en otras leyes de protección ambiental).
"cabría preguntarse si, al haberle concedido personalidad jurídica, el Mar Menor tendrá deberes, igual que tendrá muchos derechos"
Pasando al terreno humorístico cabría preguntarse si, al haberle concedido personalidad jurídica, el Mar Menor tendrá algunos deberes, igual que tendrá muchos derechos. En general, detentar derechos suele ir asociado a contraer obligaciones, sin que se vea por qué esa nueva persona que es el Mar Menor constituiría una excepción. Hace unos días falleció por un síndrome de inmersión una anciana en la costa de Santiago de la Ribera. ¿Podrían los familiares de la difunta denunciar por homicidio imprudente a los guardianes del Mar Menor, que lo representan ante los tribunales? Supone el Aparecido que no, aunque no tiene claro por qué no, ya que estamos ante una entidad con personalidad jurídica propia, responsable, por tanto, de sus actos.
Lo único que cabría argüir es que estamos construyendo una sociedad en la que priman los derechos sobre los deberes. Aquí todo el mundo tiene múltiples derechos, pero apenas nadie se siente responsable de nada. La gente tiene derecho a matricularse en escuelas y universidades, pero no parece que tengan la obligación de estudiar. La gente tiene derecho a follar con quien le apetezca, pero nadie se hace responsable de los posibles embarazos sobrevenidos. Los políticos se sienten con derecho a esto y aquello, pero se excusan en que esa no es su competencia cuando se les pide explicaciones sobre esto y aquello. No; no habrá ninguna obligación para el Mar Menor. Solo derechos.
Los que todavía tendrán más derechos serán los miembros de los tres órganos que la ley ha creado para velar por el Mar Menor. No bastándoles con uno, se han estirado hasta prever tres organismos, en uno de los cuales los propios promotores de la ley se han reservado provisionalmente la presencia, y mayoritaria para mayor claridad de sus intenciones. Si los diputados no han objetado nada, tampoco lo hará el Aparecido.
"Un programa de actuación sin ingenieros sería parecido a diseñar un hospital sin cirujanos"
En cambio, hay otro punto al que los diputados no han objetado nada, pero el Aparecido levantará modestamente su voz para protestar. Es el asunto del Consejo Científico, cuyos miembros serán nombrados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Sociedad Ibérica de Ecología (SIE) y, ¡ojo al dato!, la universidad de Murcia (UM) y la de Alicante (UAL). Se trata de una composición lamentable, no tanto por los que están, sino por los que no están. Para empezar, no hay ninguna clase de ingeniero. ¿Por qué está la SIE y no, por ejemplo, la Fundación Ingenio? Tiene dicho el Aparecido, y lo repetirá ahora, que los juristas y los ecólogos son imprescindibles para abordar el problema del Mar Menor, pero también lo son los ingenieros. Si alguien piensa que la salada laguna podrá retornar a alguna clase de estado satisfactorio sin la ayuda de los ingenieros, se equivoca radicalmente. Un programa de actuación sin ingenieros sería parecido a diseñar un hospital sin cirujanos. Los ecólogos detectan problemas; los juristas los regulan; los ingenieros los resuelven. Así son las cosas.
Pero lo que convierte la estructura del Consejo Científico en directamente inaceptable es la exclusión de la UPCT. Asombroso. Buena parte del litoral del Mar Menor está en el municipio de Cartagena, pero su universidad ha sido desplazada a favor de la de Alicante, que pertenece a otra Comunidad Autónoma. Indignado, el Aparecido ha recibido tres explicaciones distintas, ninguna de ellas satisfactoria, de ese sindiós. Según unos, se ha debido a las pocas ganas del PP de examinar a fondo la ley, visto el masivo apoyo popular que suscitó. No cree el Aparecido que la mayoría de los que apoyaron la ILP tuviesen en mente arremeter contra la UPCT, de modo que esa explicación es nula.
Los que han tenido que ser conscientes de lo que estaban haciendo son los redactores de la ILP, lo que conduce a las otras dos versiones de la exclusión. Según la primera de ellas, se ha debido a una conspiración de un pequeño grupo de profesores de la UM con el objetivo de monopolizar los posibles fondos para investigar sobre el Mar Menor que puedan llegar. Si eso es así, han deteriorado egoístamente las buenas relaciones entre la UPCT y la UM que se habían ido logrando trabajosamente por los inteligentes esfuerzos del rector Cobacho y del rector Luján, alejados del boicot que intentó al principio el rector Ballesta. Personalmente, el Aparecido no cree que esa versión sea correcta, pero la cuenta porque se la han contado. La tercera versión escuchada es que la exclusión se ha debido a la presión de grupos ecologistas radicales que no querían incorporar ningún ingeniero a las acciones relativas al Mar Menor. Y, claro, como la UPCT está repleta de ingenieros, convenía obviarla.
Conclusión: haya sido la exclusión de la UPCT debida a un despiste (muy improbable), a una conspiración murciana (improbable), o a la presión de algunos ecologistas radicales, sería una vergüenza que el equipo rectoral de la UPCT, el equipo municipal de Cartagena, la COEC y la Cámara de Comercio, entre otras entidades como Cartagena Futuro, no promovieran de inmediato una reforma de esa ley para incorporar al Consejo Científico a la UPCT. Y espera el Aparecido que el Gobierno regional sea sensible a esa demanda. Ya es tarde para que el diputado Teo, ingeniero por la UPCT, plantee la oportuna iniciativa en el Congreso.
JR Medina Precioso