Foto: MPMURCIA. El agua, en lugar de ser un elemento de vertebración y progreso de España, se ha convertido en un motivo de confrontación y discriminación. La falta de una política nacional de distribución del agua que garantice a todos los españoles su acceso ha incrementado la desigualdad, de manera que mientras unos se benefician de la abundancia de agua, otros ven cercenadas sus expectativas de progreso por su carencia.
Los recursos básicos para asegurar el bienestar de las personas, en las que se basa una gran parte del desarrollo económico y social de la humanidad, son la energía y el agua. El binomio agua-energía se ha convertido en el pilar de todas las iniciativas dirigidas a asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo en el horizonte 2030. Garantizar el acceso a los alimentos, a un trabajo digno, respetar nuestro medioambiente, disminuir la contaminación, generar aguas limpias, etc., pasa inexcusablemente por una gestión sostenible del agua y la energía.
Durante los últimos meses viene siendo noticia habitual los sucesivos incrementos del precio de la energía eléctrica y del gas que afectan al conjunto de la población española. El sistema tarifario de la electricidad y del gas natural está sometido a una regulación, por lo que no hay precios distintos en función de la zona geográfica o del municipio de residencia, salvo los que la liberalización del mercado puede provocar.
Sin embargo, en el caso del agua no es así, las tarifas varían entre municipios y regiones. El precio del agua en regiones con escasez es muy superior a la de los que disponen de abundancia, por ello en Canarias y la costa mediterránea (Cataluña, Alicante y Murcia) los precios son los más elevados de España. Pero no es por una buena o mala gestión, simplemente es porque el coste inicial del agua para suministro urbano es mucho mayor que en las zonas que cuentan abundancia de agua.
Si el precio del gas y la electricidad es el mismo en toda España independientemente del lugar de residencia, ¿por qué no es posible que en el caso del agua para abastecimientos urbanos ocurra lo mismo?. Es cierto que unos tienen la captación desde embalses o pozos cercanos, mientras otros carecen del recurso en sus territorios y lo tienen que transportar u obtener mediante desalación, pero eso no debería implicar la discriminación existente.
Las regiones hídricamente deficitarias, como Murcia, no deberían ser penalizadas por ese motivo, sino que se les debería garantizar el acceso al agua en igualdad de condiciones que al resto de los españoles. ¿Es justo que los españoles estemos discriminados solo por el lugar de residencia o nacimiento? ¿Es justo que los murcianos, alicantinos o canarios tengamos que pagar mucho más cara el agua solo por vivir en nuestros municipios, mientras que los precios de referencia de los combustibles son similares en toda España?
Al Levante español se le imputa un sobrecoste por la carencia de agua y las inversiones en desalación o trasvases, mientras que los costes de la energía (combustibles, gas o electricidad) que se genera en esa misma zona y se transportan hacia otros territorios deficitarios se igualan en toda España.
Establecer unos precios de referencia para el agua de abastecimiento urbanos iguales para todos los municipios de España, supondría terminar con la actual discriminación que ha padecido secularmente el Levante y avanzar hacia una nueva gestión del agua. Una nueva política del agua que cohesione solidariamente los territorios y posibilite el acceso al suministro de agua para todos los municipios en condiciones de igualdad.
Miguel Ángel Cámara Botía
Catedrático de Química Agrícola
Director de la Cátedra de Ecoeficiencia Hídrica
Universidad de Murcia
