Foto: JUANCHI LÓPEZMURCIA. A cualquier persona le podría parecer que la falta de recursos económicos fuera el motivo que imposibilita a la Administración regional garantizar el derecho a la vivienda a los ciudadanos que dependen de ella.
Sería incomprensible pensar que no fuera el motivo económico y la falta de presupuesto lo que impidiera al Ejecutivo regional actuar en la búsqueda de soluciones ante las situaciones que dificultan e imposibilitan el acceso a la vivienda para muchos sectores de la sociedad murciana.
"familias y personas, que a pesar de estar trabajando, ni se plantean poder adquirir una vivienda propia a un precio asequible"
Cuando hablo de sectores de la sociedad, me estoy refiriendo a los jóvenes que aún no han recibido las ayudas para el alquiler y que solicitaron en años anteriores buscando el camino que les permitiera emanciparse; a las familias que no han podido hacer frente al pago de su vivienda, sufriendo la angustia de la amenaza de un desahucio; a miles de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad que viven en la más absoluta de las precariedades; a vecinos de zonas rurales que sienten melancolía al recordar que en otra época sus pueblos tenían vida, las casas no se caían ante la inactividad y la mirada pasiva de sus gobernantes. Hablo de familias y personas, que a pesar de estar trabajando, ni se plantean poder adquirir una vivienda propia a un precio asequible, porque hace años que en su región, la construcción de vivienda protegida de promoción pública dejó de existir.
Cuando en una región pasan estas cosas porque el presupuesto de la Dirección General de Vivienda está a cero euros, se podría incluso entender. Pero no, no es eso, no es ese el motivo. El verdadero motivo es la desidia.
Resulta escandaloso, alarmante e imperdonable, que tengamos un Gobierno en la Región de Murcia con una Consejería de Fomento que a fecha de octubre de este año que finaliza, ha ejecutado tan solo el 12% del presupuesto de la Dirección General de Vivienda. En concreto, de los más de 56 millones de euros de crédito definitivo con el que cuenta, no han sido capaces de gastar ni 7 millones.
Si profundizamos en los datos de alguno de los programas de esta Dirección General, nos encontramos, que los porcentajes aún son menores. Así ocurre con el programa destinado a la "promoción y rehabilitación de viviendas", que tiene una dotación económica de más de 47 millones de euros y una ejecución por debajo de los 2 millones, lo que supone un raspado 4% del presupuesto.
Vivimos en una región donde no se promociona la vivienda en alquiler, donde la actuaciones para la adquisición de vivienda brillan por su ausencia, en la que no se cumple con las familias e instituciones sin ánimo de lucro, ni se actúa en la rehabilitación de viviendas ni se dan las ayudas al alquiler, ni por su puesto, se invierte en fomento ni gestión de vivienda pública. En definitiva, un auténtico desastre.
Cuando traducimos toda la información y los datos, no nos queda otra, que afirmar y denunciar con contundencia, que nuestra región, es una región muerta en política de vivienda.
El Gobierno de López Miras no mueve un dedo en este sentido y consiente, en perjuicio de la ciudadanía, que su consejero de Fomento no cumpla con la responsabilidad a la que está obligado en una materia transcendental para la vida de una persona, como es el derecho a tener una vivienda digna. Por el contrario, prefiere ignorar la realidad, mirando con descaro hacia otro lado.
¿Por qué no han sido capaces de ejecutar en todo el año 2020 el presupuesto de la Dirección General de Vivienda? ¿En qué piensan gastarlo y cuándo? ¿No palpan las necesidades de la gente? ¿En qué mundo viven?
Son muchas preguntas sin respuesta a las que deberían contestar quienes tienen en su poder la gestión de esta Región, aunque me temo que no lo harán porque no salen de su burbuja. Burbuja, que no tiene nada que ver con la realidad en la que se encuentran en estos momentos, la inmensa mayoría del común de los mortales.
