La concertada en la Región acusa a la Ley Celaá de "atacar gravemente a la religión católica"

CARTAGENA (EFE/EP).- La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Región de Murcia (Concapa) acusa a la Lomloe, la nueva ley de educación conocida como Ley Celaá, de "atacar gravemente a la religión católica, que aporta valores como el respeto, la caridad y el amor al prójimo”, en palabras del presidente de la organización, Alberto González-Costea.

González-Costea ha comparecido ante la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional de Murcia para mostrar la postura de Concapa ante la Ley Celaá, aprobada definitivamente el pasado 23 de diciembre en el Senado. El presidente regional de Concapa ha destacado que su organización representa a los padres y madres de los 40.000 alumnos que en la Región de Murcia estudian en centros educativos concertados, lo que representa un 30% del alumnado.

“La Lomloe ha conseguido enfrentar a la comunidad académica, crear problemas donde no los había y ser incapaz de dar respuesta a las carencias que existían”, ha considerado González, para añadir que la pandemia no era el momento de gestar una nueva ley educativa. Ha agrupado sus críticas a la Ley Celaá en tres grupos, en el aspecto económico ha señalado que eliminar el criterio de demanda social en la elección del centro “tendrá consecuencias negativas en los concertados, que gradualmente verán reducida su número de alumnos”, lo que conllevará despidos a trabajadores de estos centros.

Además, tendrá, en consideración de González, “un perjuicio económico para el erario público, ya que la educación concertada ahorra una importante cantidad de dinero a las administraciones”. En el aspecto legal, ha considerado que la Lomloe “entra en conflicto con derechos de reconocimiento internacional” y ha recordado que “la Constitución asiste a las familias para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté acorde con sus convicciones”.

En el plano social y educativo, ha estimado que la Ley Celaá “elimina la libre elección de las familias, limita un derecho constitucional fundamental, que reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quiere que elijan sus hijos”.

Asimismo, ha criticado que la Ley Celaá permita que los alumnos pasen de curso sin límite de suspensos: “Se olvida el esfuerzo, el trabajo y la disciplina académica como elementos importantes en el aprendizaje”, ha lamentado González. Y ha afirmado que se trata de una “ley aprobada sin admitir la voz de los expertos, sin debate y que choca directamente con lo que deben ser los elementos propios de un sistema democrático”.

El diputado socialista Antonio José Espín ha valorado que “gracias a esa ley las familias volverán a tener la voz que el PP le arrebató con la anterior ley”. “Las familias van a poder elegir el centro para sus hijos. Ese miedo que intenta generar el PP es innecesario”, ha afirmado.

“Es una ley profundamente ideologizada”, ha sentenciado el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco, para añadir que “la falta de diálogo social ha sido lamentable” porque “se ha negado la participación de la comunidad educativa”.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha considerado que la concertada y la pública son dos modelos “perfectamente compatibles” que es lo “normal en una sociedad avanzada” y ha criticado que la Ley Celaá no ha buscado el consenso, lo que la condena a desaparecer.

Finalmente, la diputada de Vox Mabel Campuzano ha estimado que con la Ley Celaá el PSOE y Unidas Podemos “pretenden un monopolio de la educación para hacer su ingeniería moral” y ha afirmado que “es una carga insostenible para la economía querer disminuir el peso de la concertada”.

Críticas de la Confederación Española de Centros de Enseñanza

También ha comparecido ante la Asamblea regional el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en la Región de Murcia (CECE), José Francisco Parra, quien ha advertido de que "la Lomloe atenta contra la libertad de enseñanza y deja a un lado los grandes problemas de la educación española como son el fracaso escolar y la mejora real de la igualdad de oportunidades". Así lo ha expuesto durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional.

Durante su intervención ha asegurado que la nueva ley educativa supondría el cierre de 123 centros concertados que dan cabida a más de 75.000 alumnos y a más de 7.500 trabajadores, sin tener en cuenta la demanda social.

Parra considera que esta reforma no ha tenido en cuenta la opinión de los implicados. "El derecho a elegir es de los padres y las administraciones no lo tienen que hacer por ellos. No se debe instrumentalizar la educación para hacer batalla política", ha dicho.

Asimismo, el presidente de CECE ha asegurado que la Lomloe asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario en relación con la enseñanza pública. "La intención es desprestigiar, difamar y levantar sospechas sobre la concertada", ha afirmado.

Durante su comparecencia ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la coordinación de las partes implicadas, manifestando que "la educación no es moneda de cambio política", y ha pedido respeto a la libertad de centros.

También ha hecho alusión a la religión católica como "parte de la cultura y los valores de nuestros ciudadanos de España", solicitando que se siga impartiendo a las nuevas generaciones ya que dispone de una alta demanda