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MURCIA. 2023 es un año electoral. La X legislatura de la Asamblea Regional concluirá en apenas cinco meses y los murcianos están llamados a las urnas el próximo 28 de mayo. Ante la cercanía de los comicios, la maquinaria electoral ya va calentando motores. Uno de los mecanismos necesarios para la correcta celebración de las elecciones es el servicio del escrutinio de los votos, que se da a conocer durante la noche electoral.
La Comunidad acaba de dar el primer paso para que este servicio esté operativo con la aprobación este miércoles del contrato del servicio de escrutinio provisional de resultados y otros servicios conexos para la cita autonómica del último domingo de mayo del 2023. El Consejo de Gobierno le ha dado luz verde a la propuesta de la Consejería de Presidencia que preside Marcos Ortuño.
El contrato, que todavía no figura en el portal de Contratación, cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,452.000 millones de euros. Tal y como explican desde el Gobierno regional, el servicio se centrará exclusivamente en las elecciones autonómicas (ese mismo día también hay comicios municipales) y se dedicará a elaborar el escrutinio provisional "a partir de los datos de recuento de votos de las mesas y la difusión de los mismos, además de otros servicios conexos, como el soporte técnico a la proclamación de candidaturas y al escrutinio definitivo".
El objetivo no es otro que cumplir con la obligación del Ejecutivo murciano de difundir la información de las votaciones. Y para acometer esta tarea, señalan, resulta necesario organizar "la infraestructura de medios personales y materiales que permita trasladar los datos que se produzcan en cada una de las mesas electorales constituidas hasta el Centro Regional de Difusión, desde donde, previamente tratados y aplicados los programas de atribución de escaños, se difundirán por diversas vías".
Desde el Gobierno regional recuerdan en un comunicado que el convenio en materia de gestión electoral que se acordará próximamente entre el Estado y la Comunidad Autónoma indica que "cada una de las administraciones es responsable de la gestión de su proceso electoral y ostenta la competencia de anunciar los avances y datos de participación y los resultados provisionales respectivos".
No obstante, aclaran que ambas partes se comprometen a colaborar con el objetivo de utilizar los recursos necesarios de una manera eficiente, "previendo el préstamo de los recursos cuando fuera necesario y facilitando una gestión electoral coordinada en aquellos elementos que resulten comunes a los procesos electorales que se celebren de manera concurrente".
Asimismo, con la finalidad de contribuir a una gestión más eficaz, "ambas partes se comprometen a favorecer la utilización conjunta de las tecnologías aplicadas a la gestión electoral y de los sistemas de recogida, transmisión y tratamiento de los datos electorales".