La Audiencia Provincial reabre el caso por la querella del Murcia contra De la Vega 

MURCIA. La Audiencia Provincial de Murcia ha reabierto el caso que se deriva de la querella que el Real Murcia interpuso contra el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien sostiene seguir siendo el dueño legítimo del club, y al que acusa de administración desleal y apropiación indebida. 

La sección número 2 de la Audiencia Provincial ha tomado esta decisión de seguir analizando las diligencias previas que se abrieron en su día en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia por la referida querella que la entidad grana interpuso contra García de la Vega e Iconos Nacionales SRL, empresa de su propiedad, por presuntos delitos de administración desleal y de apropiación indebida. 

Además, el máximo órgano judicial a nivel regional ordena al juzgado que practique dos testificales y deja abierta la posibilidad de ampliar los informes periciales respecto a la situación económica-deportiva del club antes de decidir si continúa o no con el procedimiento. 

En el escrito de querella se acusaba al mexicano de causar un perjuicio claro y mensurable en más de un millón de euros, con su administración de facto del Real Murcia durante un periodo estimado de tres meses, actuando por la empresa Iconos, "todo ello infringiendo los debidos fines de esas capacidades de administración y con conocimiento de lo que estaba efectuando", según se detalla en el comunicado hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). 

En el auto de sobreseimiento provisional dictado en marzo la magistrada instructora razonaba que no hay indicios para continuar con la investigación de la causa porque, entre otros extremos, "la afirmación realizada en la querella sobre que la intención del querellado era aumentar su deuda y con ello beneficiarse en el precio de la compra de acciones, ya que se descontaría del mismo, no se ajusta a la realidad, visto el contenido del propio contrato de opción de compra". 

La Sala matiza que, "reconociendo la labor de la instructora en el examen de una causa que es muy prolija y cuenta con una dificultad relevante, no coincide, al menos por el momento, con esa conclusión". 

Los magistrados estiman parcialmente el recurso del club en contra del auto de archivo y ordenan que se tome declaración a dos testigos, dejando abierta la posibilidad de que se presenten nuevos informes periciales respecto a la situación económica-deportiva del Real Murcia. 

Con el resultado de lo anterior y cualquier otra diligencia que se considere necesario practicar, tal y como aclara la Audiencia Provincial, la instructora "podrá dictar la resolución con plena libertad de criterio que estime correcta en Derecho acerca del destino de la presente investigación judicial". 

Es decir, la magistrada instructora, podrá entonces decidir si debe continuar el procedimiento o archivarlo.  

En concreto, la Sala se plantea si realmente era indiferente a los intereses y aspiraciones económicas del querellado, como persona actuante por Iconos Nacionales, el adoptar decisiones mercantiles y deportivas que pudieran tener su reflejo en el destino futbolístico del club y que pudieren ser claramente perjudiciales para el devenir del Real Murcia. 

Concluye que "la adopción voluntaria de esas decisiones no es descartable con lo hasta ahora practicado en esta instrucción y dependerá de que las decisiones llevadas a cabo tengan una mayor o menor explicación económica-deportiva, siquiera no parezcan finalmente adecuadas y se pudieran asentar en el ámbito de la falta de diligencia". 

Entiende la Audiencia que "objetivamente y en base al contrato de opción de compra bien podría no interesarle ni un poco que el Real Murcia ascendiera de categoría, pues ello implicaría que para la adquisición de sus acciones el mismo tendría que desembolsar varios millones de euros más".