La operación internacional se salda, de momento, con 46 imputados por contaminación marina
MADRID (EP). La Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente, ha abierto una investigación para el esclarecimiento de los "vertidos incontrolados" que, después de las inundaciones del mes de septiembre, han causado la muerte por asfixia de centenares de peces en el Mar Menor.
En concreto, la investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se centra en la zona del Campo de Cartagena y del Mar Menor, aunque no ha trascendido el número de personas investigadas, según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita.
Se trata de una de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil en el marco de la Operación '30 días en el mar', dirigida por Interpol a nivel mundial y coordinada por Europol y Frontex entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), y que ha investigado a un total de 46 personas por diferentes delitos vinculados a la contaminación marina y al tráfico de residuos.
Así lo ha dado a conocer este viernes la Benemérita, que ha detallado que los investigados se enfrentan a penas de prisión de seis meses a cinco años y multas de hasta 24 meses, y que en España han sido detectados más de 101 incidentes relacionados.
La operación se corresponde con la segunda fase de una serie de acciones, desarrolladas a iniciativa de Interpol, dirigidas a combatir la contaminación marina a nivel mundial de una forma eficaz, según ha informado la Guardia Civil.
En este sentido, ha explicado que en esta operación han participado más de 61 países de todo el mundo a través de más de 200 agencias. En España, el Seprona de la Guardia Civil ha liderado la operación en la que se han llevado a cabo 1.028 inspecciones en buques, puertos, empresas vinculadas, instalaciones y lugares cercanos al mar posibles focos de emisión de vertidos.
De esta forma, las investigaciones han estado dirigidas a la detección de residuos en el mar, emisiones de gases contaminantes procedentes de los buques, vertidos al mar desde costa y tráfico ilegal de residuos.
La Guardia Civil ha detectado en España un total de 25 vertidos ilegales al mar y ha identificado a los responsables. En alguno de los casos, se ha detectado un deterioro del ecosistema que ha dado lugar a la eliminación de las poblaciones vegetales y animales autóctonas. En este sentido, las poblaciones más afectadas se sitúan en las costas de Andalucía, Levante, Baleares, Galicia y Canarias.
El vertido más contaminante se ha registrado en la costa del Sol, donde el caudal de aguas residuales domésticas e industriales, sin depurar, de una población alcanzarían los 34 millones de metros cúbicos.
En muchas regiones se han detectado vertidos de residuos plásticos generados por la agricultura intensiva, así como consecuencia de las aguas de rechazo producidas por desalobradoras y desaladoras ilegales vinculadas con la agricultura.
Las actuaciones de Seprona se han centrado también en actuaciones encaminadas a la prevención y persecución del tráfico ilícito de residuos, en particular de residuos plásticos. Según la Guardia Civil, "las autoridades asiáticas han priorizado la lucha contra el vertido descontrolado de plásticos importados que sufren sus países, y eso tiene consecuencias inmediatas en el resto del mundo".
En este sentido, ha detallado que "algunos gestores que especulaban con la venta de plásticos a Asia no ven dar salida a unas cantidades previstas, una opción que están escogiendo es eliminarlos mediante quema, procedimiento muy contaminante".
En este contexto, ha informado de que en Tenerife varias personas han sido investigadas por envío ilegal de residuos peligrosos a África, y en la Comunidad Valenciana se han identificado varias empresas que obtenían beneficios ilícitos exportando plásticos a Asia.
La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y se ha contado con la colaboración de la dirección general de Marina Mercante y la AEAT (dirección general de Aduanas e Impuestos Especiales) y de la Escuela de Ingeniería Marina de la Universidad de Cádiz en las mediciones y estudios de sulfuros y gases NOx emitidos por distintos buques.
