Andrés Hernández Ros, Carlos Collado y Pedro Antonio Sánchez.MURCIA. La Región de Murcia ha vivido cuatro mociones de censura en su corta historia como comunidad autónoma. Dos de ellas fracasaron al no contar con los apoyos suficientes. Y las otras dos se registraron en la Asamblea Regional pero no se llegaron a debatir en la Cámara. La moción que han presentado ahora PSOE y Ciudadanos contra Fernando López Miras es, por tanto, la quinta que vivirá la democracia murciana. Y es, por cierto, la primera planteada por dos partidos conjuntamente.
La primera moción se presentó muy pronto. En la primera legislatura, Andrés Hernández Ros, que en 1982 fue elegido presidente, se convirtió en uno de los primeros dirigentes socialistas que se vio salpicado por escándalos de corrupción al destaparse un presunto caso de soborno a dos periodistas del diario La Verdad por parte de un miembro del PSOE a cambio de no atacar al jefe del Gobierno regional. El PP, entonces en la oposición, registró una moción de censura el 9 de marzo de 1984. Lo hizo, aseguran las crónicas, para meter presión porque no se fiaba de que el presidente dejara el cargo. Pero ese mismo día Hernández Ros cumplió su palabra y dimitió, por lo que la moción quedaba desactivada y no fue admitida a trámite. Carlos Collado tomó el relevo mientras que Hernández Ros, ya fuera de la Presidencia, se mantuvo como diputado hasta 1987.
Collado, que presidió la Comunidad desde 1984 hasta 1993, sufrió la segunda moción de censura de la historia regional. De nuevo el PP ponía en marcha este proceso para destituir al jefe del Gobierno. Lo hizo en 1987 y propuso a Antonio Cerdá como candidato. "El PSOE ha puesto la Región a su servicio", criticaban los populares, que lamentaban "el temerario endeudamiento de la Comunidad" (que ascendía hasta 20.000 millones de pesetas, equivalentes a 120 millones de euros) y el incremento del paro, con 60.000 murcianos desempleados (suponía una tasa del 25%).
La moción se debatió el 30 y 31 de marzo de 1987. Los diputados socialistas, que sumaban mayoría absoluta, respaldaron a su presidente y la moción fue rechazada con 23 votos en contra por 14 a favor. Una de las curiosidades que deparó aquel proceso fue la posición de los tres parlamentarios del Grupo Mixto, comandado entonces por Pedro Antonio Ríos (Izquierda Unida): decidieron no participar en la votación. Es decir, asistieron al pleno pero no votaron. ¿Sus razones? No estaban a favor de Collado ni de Cerdá, y tampoco querían dar a entrever con una abstención que "el asunto no iba con ellos".
El propio Collado también soportó otra moción de censura. Fue en 1993, ya en los estertores de su Gobierno. Se debatió el 9 y 10 de marzo. El escándalo de Casa Grande se había conocido un año antes. Aunque el candidato propuesto por el PP fue Juan Ramón Calero, la persona que registró la moción fue una entonces diputada Pilar Barreiro, quien dos años después alcanzaba la Alcaldía de Cartagena.
El PP alegó cuatro motivos ante un Gobierno inmerso en una profunda crisis: por "la pérdida de confianza", tras el informe del Tribunal de Cuentas, que indicaba que la Comunidad sufría una deficiente gestión financiera; por "la ineficacia ante problemas sin solución como el río Segura, un aeropuerto precario, la crisis industrial, las infraestructuras ferroviarias y la incertidumbre en la agricultura"; por "las irregularidades" y por "la paralización" de un Gobierno "sin crédito".
Collado ganó la moción, pero ya no contaba con el apoyo de su partido ni de sus consejeros, que evitaron aplaudirle en la bancada. Sus propios compañeros le acusaron de una supuesta malversación de fondos en los terrenos de Casa Grande para cederlo a una multinacional, General Electric; un proceso judicial que al final no pudo demostrarse y por el que el PSOE pidió perdón a Collado dos décadas después.
Aun así, el PSOE rechazó la moción con 24 votos en contra frente a los 17 del PP. Los cuatro representantes de Izquierda Unida, por su parte, se abstuvieron. Un mes después, el 16 de abril, Collado dimitía y María Antonia Martínez ocupaba su lugar. Fue, de hecho, la primera mujer en convertirse en presidenta de una comunidad autónoma de España.
El PSOE presentó su primera moción de censura en 2017. O dicho de otro modo: el PP sufría esta vez su primer proceso de destitución de un presidente de su partido. El grupo socialista que lideraba Rafael González Tovar registraba, el 24 de marzo, el texto para revocar a Pedro Antonio Sánchez (PAS), que estaba imputado por cuatro supuestos delitos en el caso Auditorio durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Poco después, en abril, la Audiencia Nacional estrechaba el cerco por otra causa, la 'Púnica', al pedir al TSJ que lo investigara.
La presión se hizo insoportable para PAS. El asunto alcanzó una dimensión nacional y llegó hasta Génova. Los populares ya no gobernaban con mayoría absoluta, por lo que una alianza entre socialistas, naranjas y morados hubiera sido crucial para sus intereses. Por esa razón, el 4 de abril, Pedro Antonio Sánchez, tras conocer que Ciudadanos se encaminaba a apoyar la moción, presentaba su renuncia. La dimisión se produjo sólo 24 horas antes de que se debatiera en pleno, y la moción cayó por su propio peso.
Fernando López Miras ocupó su puesto. Aquel nombramiento parecía temporal, a la espera de que se solucionaran los problemas judiciales para PAS. Pero, con el paso del tiempo, Sánchez ya no volvería nunca más a la política y López Miras concurría a las elecciones de 2019 como candidato. Hoy día, el 'caso Púnica' es historia para PAS: la Audiencia dio carpetazo a la causa. También ha sido absuelto en el 'caso Pasarelas'.
