Cadena humana por el Mar Menor. Foto: EDU BOTELLA (EP)MURCIA. Desde que Linneo propuso que constituíamos la especie sapiente del género humano, Homo sapiens en su nomenclatura binominal latina, hemos descubierto que hubo no menos de otras diez especies en ese género. Y con algunas de ellas, como los neandertales y los denisovanos, se cruzaron nuestros ancestros. Ahora bien, de todas esas especies solo la de los sapiens hemos evitado de momento la extinción. Y tal éxito se debió a que desarrollamos una cultura que nos independizó en buena medida de las agresiones ambientales y nos permitió suplir sus insuficiencias. No obstante, dependemos de la Naturaleza como fuente última para nuestra nutrición y, en general, para fabricar los objetos artificiales que nos facilitan vivir.
En esa línea, el artículo 45 de la Constitución Española establece que "todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo". Se equilibra un derecho, disponer de un medio ambiente adecuado, con su correspondiente deber, el de conservarlo. Ese mismo artículo señala que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente". Incluso prevé la posibilidad de imponer sanciones penales y administrativas a los que dañen el ambiente, así como la obligación de reparar el daño causado. Siguiendo un equilibrado enfoque, se aprueba el aprovechamiento de los recursos naturales, pero se penalizan los excesos que conduzcan a un grave deterioro ambiental.
"Nadie duda de su buena voluntad, pero eso no justifica que ellos mismos se concedan el estatus jurídico de Guardianes del Mar Menor"
Se ha desarrollado desde mediados del siglo XX todo un arsenal legislativo para preservar y restaurar los ecosistemas. Todas esas normas compartían el criterio básico de que los titulares de los derechos y los deberes ambientales éramos nosotros, los únicos organismos capaces de elaborar leyes, interpretarlas y cumplirlas. Sin embargo, en el año 2022 el Congreso de los Diputados aprobó una Iniciativa Legislativa Popular que confería personalidad jurídica al Mar Menor. Tramitada por el procedimiento de urgencia, era la primera ley de ese tipo no solo en España, sino también en Europa. Constituyó un genuino hito que saltaba del tradicional enfoque antropocéntrico a uno ecocéntrico. Ya no se trataba de poner el ambiente a nuestro servicio, sino a los humanos al servicio de la Naturaleza.
En su momento ya señalé que esa ley presentaba serias dificultades para ser aplicada como tal. Y ahora un informe del Consejo de Estado, publicado a finales de 2023, viene a darnos la razón a los pocos que las criticamos. En primer lugar, denuncia "la indefinición la naturaleza jurídica" del Mar Menor y "el régimen jurídico aplicable", añadiendo que "pone en peligro el principio de seguridad jurídica". Solo por eso, la ley debería ser sustancialmente modificada. Pero es que, además, el Consejo de Estado avisa de que la ley pone arbitrariamente la defensa del Mar Menor en manos de los promotores de la ILP, que pasan a formar parte de alguno de los órganos que crea la ley. Nadie duda de su buena voluntad y de su máximo interés en ayudar a mejorar el estado del ecosistema, pero eso no justifica que ellos mismos se concedan el estatus jurídico de Guardianes del Mar Menor. En realidad, han asumido indebidamente unas funciones para las que nadie los ha elegido en votaciones democráticas. En cierto sentido, han privatizado la gestión del Mar Menor aduciendo que se trataba de quitársela a los políticos para dársela a los ciudadanos. Solo que los políticos representan a sus votantes, pero han obtenido ninguna representación formal.
También denuncié en su momento que la ley excluía a la Universidad Politécnica de Cartagena del órgano pertinente. En efecto, los promotores de la ILP habían elegido arbitrariamente a varias universidades e instituciones científicas, pero dejaron fuera a la UPCT a pesar de que buena parte del litoral del Mar Menor pertenece al municipio de Cartagena y la totalidad a su comarca. Todo hacía sospechar que los promotores habían privilegiado a los organismos docentes e investigadores en los que contaban con suficientes amigos ideológicos. Cuando se presentó una enmienda para corregir la exclusión de la UPCT se nos respondió que mentíamos y que ya figuraría en el reglamento de desarrollo de la ley. Confirmando que no mentíamos, ahora el Consejo de Estado dice que el reglamento no puede incluir a la UPCT porque la ley excluyó a esa universidad. Como ciudadano pido que la ley se modifique para solventar sus deficiencias, pero como rector fundador exijo que se cambie para que entre la UPCT. Y no estoy solo: han formulado peticiones similares el Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Presidencia. No hacerles caso sería una auténtica cacicada.
