Votación en el Congreso de los Diputados. Foto: EUROPA PRESSMURCIA. Escribía la última vez sobre la necesidad -en economía- de decir la verdad, pues ésta se mueve por expectativas; y si continuamente las generamos falsas comprometemos el propio crecimiento económico.
Un aspecto derivado de la verdad es la confianza. Confiamos sólo en quién nos dice la verdad, y así la RAE define confiar como "depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa". O en otra acepción: "esperar con firmeza y seguridad".
Por eso en la base de la economía está la confianza, como por otra parte ocurre en cualquier otra ciencia, incluso en las experimentales.
"esta tendencia refleja frecuentemente "bandazos" jurídicos que han hecho ya mucho daño a nuestra economía"
En el caso de la economía, esa confianza es absolutamente necesaria entre los distintos agentes que la conforman: las familias, las empresas y el Estado. ¿Por qué si no depositamos nuestros ahorros en una entidad bancaria, una empresa vende a otra sus productos aceptando pago aplazado, o compramos deuda de un Estado? Porque tenemos plena confianza en que la entidad bancaria nos devolverá los ahorros cuando necesitemos disponer de ellos, la segunda empresa pagará a la primera cuando venza la deuda, o el Estado nos devolverá el importe invertido más los intereses que pudieran corresponder.
Fomentar esa confianza es responsabilidad de todos los agentes. Y quizá de manera especial del Estado. Podría argumentar muchas razones, pero -en mi opinión- la principal es que el Estado es quien pone las "reglas del juego", además de contar con la potestad de cambiarlas a través de las leyes. Y cambiarlas de forma arbitraria e incluso en ocasiones incoherente es uno de los mayores males que se puede causar a la economía: o sea a personas con nombres y apellidos –a familias- y a empresas concretas.
Por eso es vital la seguridad jurídica, principio recogido en el artículo 9.3 de la Constitución, y que, como dice el Tribunal Constitucional en la STC 46/1990, de 15 de marzo: "Implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse”.
No voy a extenderme sobre el significado de esa seguridad jurídica porque ni es éste el lugar adecuado, ni soy experto en Derecho.
Pero sí me parece que una forma de pervertir el sentido de la ley y generar inseguridad jurídica es la "afición" que los gobiernos -en España- están tomando a utilizar el "Decreto-Ley" como forma casi habitual de legislar, cuando de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución (art. 86) es un instrumento creado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad".
A continuación vemos el número –absoluto y en porcentaje- de Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias y Reales Decretos-Ley aprobados por los cuatro últimos presidentes de Gobierno (los años no encuadrados son aquellos en los que hubo elecciones):
Esta tendencia a incrementar continuamente el recurso al Decreto-Ley refleja frecuentemente "bandazos" jurídicos que han hecho ya mucho daño a nuestra economía, provocando la huida de importantes inversiones extranjeras, o haciendo que empresas españolas prefieran invertir en otros países más seguros.
Basta pensar en el efecto devastador que ha tenido para Cataluña la falta de seguridad jurídica, y aplicarlo -en su debida escala- al conjunto del país.
Respecto al actual Gobierno podría argumentarse que desde marzo de 2020 ha tenido que convivir con una pandemia mundial que podría justificar el uso más frecuente del Decreto-Ley. Pero me parece que más bien la pandemia ha sido tan solo una excusa: aspectos importantes de los dos Estados de Alarma como las restricciones a la circulación, nombramientos en el CNI, en RTVE, etc. han sido declarados inconstitucionales o han sido anulados por otros tribunales. Y se han aprovechado Decretos-Ley sobre otras materias para cambiar aspectos legislativos nada urgentes.
Y todo esto es exactamente lo contrario a la seguridad jurídica necesaria para la economía.
Economista
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Son formas de gobernar. Las urgencias matemáticas provocan que el Gobierno sea creativo o más bien acumulativo. Muchos asuntos en un mismo decreto. Ocurre que luego hay que pactar con los socios externos y hacer algún que otro cambio. Y es que se avecina un otoño duro del que nos están advirtiendo. Por no decir del bucle electoral que va a mediatizar cualquier decisión que se tome.
