Frente común entre la Región y Andalucía (pero no Valencia) para exigir a Sánchez que blinde el Trasvase

MURCIA. La Región de Murcia y Andalucía se dan la mano para pelear juntos por el Trasvase Tajo-Segura. Los presidentes Fernando López Miras y Juanma Moreno Bonilla, ambos del PP, han sellado un frente común para defender el acueducto que abastece a dos millones y medio de españoles -entre murcianos y almerienses- de la cuenca del Segura y para exigir al Gobierno que preside Pedro Sánchez que no cambie las reglas de explotación. Esta alianza no ha contado con la Comunidad Valenciana, cuyo máximo mandatario, el socialista Ximo Puig, se ha desmarcado. "No vamos a participar en ningún aquelarre", sostuvo el valenciano, que aduce que "el agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento".

Murcia y Andalucía se expresan así frente a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hm³ a 27, cuando los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía se sitúen por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2). Esta decisión ha activado las alarmas en los regantes y ha suscitado una primera reacción en la Región de unanimidad (si bien no exenta de reproches): todas las formaciones políticas se han posicionado en contra de esta medida. López Miras este lunes ha dado un paso más y ha viajado hasta Almería para rubricar una declaración institucional conjunta con el Gobierno andaluz.

Miras, con todo, indicó que "este no es un frente contra nadie" y manifestó "una clara voluntad de diálogo, compromiso y cogobernanza para tomar decisiones orientadas a seguir haciendo más España y mantener intacto el Trasvase". Pero, al mismo tiempo, advirtió: "Quien quiera atacar al Trasvase nos va a encontrar unidos y en perfecta sintonía".

El dirigente murciano siente "preocupación" por "el interés del Ejecutivo central de cerrar el Trasvase, tal y como verbalizó hace hoy tres años el propio presidente del Gobierno". A su juicio, "si se lleva a cabo la propuesta unilateral de las normas de explotación del Tajo-Segura se va a reducir casi un 50% de los caudales que se reciben y eso va a afectar a muchas familias".

En la declaración, ambos presidentes autonómicos plantean que el Gobierno de España debe abordar "cuanto antes la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que contemple los principios de solidaridad y equilibrio" porque, esgrimen, "la cuestión hidráulica es un asunto de Estado". También exigen que se ponga solución a la situación hidrológica deficitaria que padece la España seca. Y piden que "se lleven a efecto las inversiones precisas en Castilla-La Mancha en materia de depuración y saneamiento, así como en regadío y abastecimiento, para evitar tanto la contaminación del río Tajo como para permitir el acceso a las aguas del trasvase a la población y los regantes de dicha comunidad".

Ambos dirigentes reivindican la necesidad de que "se garanticen las condiciones actuales del Trasvase y se reconozca como infraestructura esencial para el sostenimiento de los sectores productivos del Sureste español y el desarrollo de este territorio". Y agregan: "Así como para el bienestar de cuantos dependen de su abastecimiento, evitando, para ello, medidas como la modificación de las reglas de explotación o el anunciado establecimiento de unos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los actualmente en vigor", según citan fuentes del Gobierno en un comunicado.