MURCIA. Abogan por la unidad, pero la realidad es siempre la misma para la clase política: el agua los enfrenta políticamente. E incluso en los temas en los que están de acuerdo, como es la defensa del Trasvase Tajo-Segura. Da igual: al final siempre se abre la rendija del enfrentamiento y la disputa. Así se ha vuelto a poner de manifiesto esta semana con las reacciones regionales a la propuesta del Ministerio que dirige Teresa Ribera para rebajar la cantidad de agua destinada a la cuenca del Segura: todos han manifestado públicamente su rechazo, pero, aun así, los reproches entre unos y otros han sido inevitables. Y eso que el propio presidente del Scrats, Lucas Jiménez, les convidaba -casi les rogaba- a pelear juntos en esta batalla por el agua. "Ha llegado el momento de la unidad. Pido el apoyo de todos ustedes", reclamaba Lucas Jiménez en la Comisión especial de Agua de la Asamblea Regional.
El máximo representante de los regantes tenía sus motivos: la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica plantea rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hm3 a 27, cuando los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía se sitúen por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2). Esta decisión ha activado las alarmas en los regantes y ha suscitado una primera reacción en la Región a priori de unanimidad: todas las formaciones políticas se han posicionado en contra de esta medida.
Sin embargo, un día después saltaba el primer choque. El PP planteaba llevar a la Asamblea Regional una declaración institucional de condena. Este tipo de iniciativas necesitan de la unanimidad de la Cámara para que vean la luz. Sin embargo, el texto no fue aprobado. Los populares culparon a Diego Conesa. "El líder del PSOE regional es un obstáculo para conseguir la unanimidad en contra de la decisión del Ministerio de cambiar las reglas que rigen el Trasvase, como sí hicieron las Cortes Valencianas".
Sin embargo, el secretario general de los socialistas, un día antes, ya había dejado claro que se mostraba "radicalmente en contra" del incremento de los caudales ambientales del acueducto, así como de cualquier revisión de las reglas que impliquen un descenso del envío de agua que recibe la Región. Además, durante la Comisión del Agua, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños defendía que "no es el momento de cambiar las leyes de la explotación del trasvase". Si se tuviera que hacer, añadió, tendría que ser con el consenso de los gobiernos implicados.
La disputa no terminó ahí. El viernes, el PP se reunía con su líder a la cabeza con los alcaldes populares para abordar la cuestión. López Miras no escatimó en críticas al Gobierno central: "El PSOE quiere asestar el golpe definitivo al Trasvase rompiendo el consenso que existía con la Ley del Memorándum de 2013, y además quiere hacerlo por la puerta de atrás, sin diálogo y basándose únicamente en criterios políticos y no técnicos", afirmaba. "La finalidad de las acciones que está impulsando el Gobierno de España llevan a cerrarlo, tal y como dijo el propio Pedro Sánchez en Albacete hace tres años", añadía.
Desde Podemos también rechazaron la iniciativa de Ribera. Pero culpó de la medida a los dirigentes manchegos del PP, PSOE y Ciudadanos. "El Ministerio no hace más que acoger como propuesta el Acuerdo de Posición Común en materia de Agua de Castilla la Mancha, suscrito por PP, PSOE y Ciudadanos". Rafael Esteban, el parlamentario morado, sostiene que "no tiene sentido continuar haciendo del agua una batalla política en lugar de sentar en una mesa a administraciones, agricultores, regantes, ecologistas, y demás expertos en la materia".
Para Podemos, que mantiene que el Trasvase es "irrenunciable", "las políticas de agua son políticas de estado, que deberían estar definidas en el marco del diseño de un Plan Hidrológico Nacional". Sin embargo, critica que "PP y PSOE juegan a politizar un asunto tan importante como el agua, llevándolo al campo de la confrontación y utilizando las necesidades reales de miles de trabajadores y trabajadoras que dependen del sector agrario para hacer un populismo provinciano y victimista".
El agua vuelve a evidenciar las diferencias políticas y las enormes dificultades para adoptar medidas comunes. Por más que la sociedad lo implore y los regantes clamen en la Asamblea, el enfrentamiento político siempre vuelve a relucir. Es la eterna guerra política del agua en la Región de Murcia.
