CARTAGENA. Será el Ministerio de Fomento, del que dependen los Puertos del Estado, el que decida si la reivindicación de la asociación de armadores que se ubican en el Puerto Deportivo (Asociación Naútica Deportiva de Usuarios del Puerto de Cartagena), quienes reclaman unas tarifas más económicas de lo que actualmente abonan, es o no viable. Una vez que dicha asociación ha recurrido a Fomento, la decisión está supeditada a lo que decidan desde allí y no, por tanto, lo que la Autoridad Portuaria de Cartagena pueda resolver en su Consejo de Administración.
El vicepresidente del Puerto, Pedro Pablo Hernández, explicaba, días atrás, que tras recibir a una representación de este colectivo y estudiar sus propuestas, fueron informados que también les hicieron saber que estas mismas consideraciones habían sido enviadas al Ministerio "por lo que el asunto esta, por tanto, en manos de un ente superior y nosotros no podemos ahora hacer nada, hasta que desde Fomento se pronuncien", señaló.
Los armadores de la dársena deportiva se plantan ante lo que consideran "precios abusivos" del RCR Cartagena por sus atraques en el puerto
El representante de la APC ve, no obstante complicado encajar las reivindicaciones de la asociación de amarradores de la marina deportiva de Cartagena con las tarifas actuales que la Autoridad Portuaria cobra a quien gestiona esa concesión, que no es otra que el Real Club de Regatas de Cartagena.
Este colectivo, que reúne a un grupo de propietarios de embarcaciones ubicadas en dicha marina, vienen reclamando desde hace meses que los precios que pagan mensualmente por sus puntos de amarre se ha triplicado, por lo que han pedido tanto a la APC como al Ministerio de Fomento, del que dependen los puertos del Estado, una revisión del precio. Además, pidieron la intermediación del equipo de Gobierno municipal -con presencia en el consejo de administración del Puerto- para que hiciera fuerza y atendiera su reclamación.
A su vez, el vicepresidente del Puerto añadía que su opinión es que "un barco que está en el puerto deportivo no ejerce ningún servicio público y no puede ser subvencionado", a la vez que indicó que "si la tasa que el Puerto cobra al RCR de Cartagena ya es superior a lo que estos amarradores quieren pagar, el encaje que ellos pretenden conseguir es muy complejo".
