Dos formaciones políticas piden abiertamente una cita electoral, pero el jefe regional se niega por varios motivos
MURCIA. ¿Puede haber elecciones anticipadas en la Región de Murcia? Es una de las preguntas que planean en la política regional. A priori la respuesta es no, puesto que Fernando López Miras, la persona que tiene potestad para convocarlas, se niega a llamar a las urnas. Se ha negado, de hecho, durante toda la legislatura e incluso en los momentos más críticos, cuando la moción de censura amenazaba con su desalojo de San Esteban. Pero, aun así, nada es para siempre en política; sólo vale el presente. Quién sabe qué depara el futuro. Otrosí: a ver quién se atreve a dar por descontado un hecho precisamente en la legislatura más imprevista de la historia: el periodo que alumbró un Gobierno en coalición, una moción de censura y un cambio de socios en San Esteban -con la entrada de una diputada expulsada de Vox a San Esteban-. Con estos antecedentes es difícil dar algo por seguro.
Nunca en la historia de la Región de Murcia se han convocado elecciones anticipadas, que siempre se han fijado de manera ordinaria en casi cuatro décadas de autonomía murciana. López Miras, si lo decidiera, se convertiría el primero en hacerlo. El capítulo II del Reglamento de la Asamblea deja bien claro en su artículo 24 que los comicios serán convocados "por el presidente de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en la Ley que regule el Régimen Electoral General". El botón nuclear, por tanto, está en manos de López Miras, de la misma manera que lo activó Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Actualmente, en la Región dos fuerzas políticas han reclamado las elecciones anticipadas. Lo pidió primero Vox, que, consciente de que sale favorecido en las encuestas, aprovechó la crisis política para exigir públicamente la convocatoria de las urnas. El propio líder nacional de Vox, Santiago Abascal, lo expresó en su vita exprés a Murcia. Y poco después lo hacía Ortega Smith, en una caravana de coches que recorrió las calles de la capital. José Ángel Antelo, el líder regional de Vox, lo lleva reclamando tiempo.
A esta reclamación se sumaba recientemente Ciudadanos. La formación naranja, otrora socio del PP, pedía que se convoquen elecciones anticipadas "de forma inminente" para que los murcianos "puedan expresar su voluntad en las urnas". Su líder, Ana Martínez Vidal, sostiene que "no es legítimo" un Gobierno "basado en tránsfugas" y por esa razón se debe dar la voz a los votantes.
Miras siempre ha alegado "motivos de responsabilidad". Suele remarcar que el final de la legislatura "es en 2023" y así lo defendió también cuando se registró la moción de censura: "Podría haber convocado elecciones en ese momento pero consideré que no es el momento, no es lo que la Región necesita. Solo puede existir el objetivo de salvar vidas, de vencer a la pandemia y de superar la crisis económica, social y de empleo".
Además hay que tener en cuenta otra variable. Si el presidente activara las urnas en 2021, en 2023 estaría obligado a volver a convocarlas. No en vano, la Región se encuadra en el régimen general de comunidades autónomas, por lo que, aunque hubiera comicios ahora, se tendrían que repetir en 2023. Es decir, "supondría someter a los ciudadanos a tres procesos electorales en cuatro años", como así señalan desde el entorno del presidente.
Pero hay más razones. Con la ley en la mano, López Miras no puede repetir como cabeza de la lista. El Estatuto de la Ley del Presidente que en 2014 reformó Alberto Garre para evitar casos como los de Ramón Luis Valcárcel -que presidió la Comunidad desde 1995 hasta 2014- acotaba los mandatos a dos periodos. López Miras, que fue nombrado presidente en 2017 tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y revalidó su cargo en 2019, acumula ya dos legislaturas al frente del Gobierno. No puede, por tanto, optar a un tercer mandato.
Por esa razón PP y Ciudadanos acordaron en 2019 corregir esta norma. "No es constitucional que una persona sólo pueda ser elegida para seis años", ha esgrimido Miras en más de una ocasión. La formación naranja llevó a la Asamblea una reforma para modificar la Ley del Presidente. La fórmula pasaba por sustituir "dos mandatos" por "ocho años consecutivos". Registró su propuesta en febrero; es decir, un mes antes de la moción de censura, cuando populares y liberales eran socios de Gobierno, si bien la relación no pasaba por su mejor momento. Casi dos meses después, consumado el divorcio, Ciudadanos retiró la reforma.
El Gobierno regional afronta un escenario de malabaristas. Para sacar adelante sus proyectos necesitará de un difícil -que no imposible- encaje de bolillos. El PP de Miras, que suma 16 escaños, debe negociar con hasta tres socios para llegar a los 23 votos de la mayoría absoluta: los tres miembros del Gobierno repudiados por Ciudadanos (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez), el único parlamentario reconocido por Abascal (Pascual Salvador) y los tres diputados expulsados de Vox (Juan José Liarte, Mábel Campuzano y Francisco José Carrera).
Las encuestas favorecen a PP y a Vox y penalizan a Ciudadanos. La mayoría de los sondeos auguran la victoria a los populares, estiman que los naranjas se desplomarían en representación y dan por hecho la subida de Vox. Pero todos esos sondeos son previos a la moción de censura. El único estudio demoscópico realizado tras la moción fue el de Sigma Dos, encargado por el diario La Verdad. Esta encuesta volvió a ratificar la tendencia: daba 18-17 escaños al PP, 14 para el PSOE, 8-9 para Vox, 3 para Cs y 2 para Podemos.