Fernando Muñoz, director de la APC, junto con Pedro Pablo Hernández, presidente en funcionesIncluye todas las funciones ligadas a la prevención de delitos, la gestión del canal de denuncias, y la investigación de las mismas, el ejercicio de la potestad disciplinaria, el cumplimiento del Código Ético y de buena conducta de la APC
CARTAGENA. La Autoridad Portuaria de Cartagena ha decidido blindarse para evitar la comisión de delitos dentro de la propia institución. Después de los graves acontecimientos que ha padecido este año, con la marcha de la que fuera presidenta, Yolanda Muñoz, además del cese de funciones de su director general, Fermín Rol, involucrados en cinco presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias y prevaricación, ha puesto en marcha una política de prevención de la comisión de delitos y ha decidido activar un Sistema de Gestión de Riesgos Penales y modelo de Cumplimiento Normativo que resulte idóneo y eficaz.
Consideran desde la APC que es necesario desarrollar e implementar una política corporativa de prevención de la comisión de delitos, que sirva de guía para la identificación y el control de los posibles riesgos penales a los que se enfrenta la APC, así como para el seguimiento y actualización de estos, asesoramiento continuo al Comité de Cumplimiento Normativo y formación a los empleados.
Para el desarrollo e implantación de dicho modelo de prevención de riesgos penales, la APC ha decidido sacar a licitación la contratación de este tipo de servicios, al tratarse de trabajos de alta especificación que requieren unos medios personales con la experiencia y titulación necesaria. En este contrato se ha de madurar esta nueva Política corporativa que ha decidido implantar, que será la que elabore un modelo que cumpla "con los máximos estándares en la materia exigidos por el Código Penal, Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, y estándar nacional de referencia UNE 19601, sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal", explican en el objeto del contrato
La APC requiere de un análisis del contexto y partes interesadas; establecer responsabilidades para los órganos de gobierno, alta dirección y la función de cumplimiento; compromiso con la cultura de cumplimiento; evaluar los riesgos penales; determinar objetivos y planes; formar y sensibilizar; establecer controles generales y específicos (financieros, no financieros, due diligence); incluir cláusulas contractuales o canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades, entre otros.
Se incluyen todas las funciones ligadas a la prevención de delitos, la gestión del canal de denuncias, y la investigación de las mismas, el ejercicio de la potestad disciplinaria, el cumplimiento del Código Ético y de buena conducta de la APC y la legislación en materia de transparencia y buen gobierno.
Para el desarrollo del modelo de prevención se tendrán en cuenta: Código Ético y de Buena Conducta de la APC. Canal alerta; Plan de igualdad; Informe jurídico sobre el alcance de la modificación del código penal y su afectación a la APC; Mapa Estratégico; Mapa de procesos; Plan de empresa; Proceso de contratación la póliza de D&O para consejeros y directivos; Plan de Medidas Antifraude para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Autoridad Portuaria de Cartagena; III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias; Sistema Integrado de Gestión de la APC; Procedimiento de Contratos menores de la APC; Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, materia de transparencia y buen gobierno.
Recordemos que el pasado mes de enero la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena acordaba incoar diligencias en relación con la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Las diligencias de investigación del Ministerio Público se iniciaron el pasado año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares. Los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.
El pasado mes de marzo tanto Yolanda Muñoz como el también expresidente Antonio Sevilla estaban citados para comparecer como investigados ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. "Estoy muy afectada y muy dolida. Vengo a declarar la verdad porque amo el Puerto de Cartagena", dijo Muñoz.
Unos días más tarde, tras ser imputado también Fermín Rol, fue el propio consejo de administración de la Autoridad Portuaria, quien decidió apartarlo de la dirección. "Es la mejor decisión que podemos tomar en un momento en el que debemos ser ejemplares en el desarrollo de nuestra actividad y no podemos permitir sospechas", alrededor de la institución portuaria, indicaba Pedro Pablo Hernández, vicepresidente de la APC y presidente en funciones. "El Puerto y su reputación priman sobre cualquier persona y la decisión de apartarlo en el cargo va en la dirección tomada desde que asumí las direcciones de la presidencia, donde el objetivo ha sido generar un entorno de confianza y dar la mayor seguridad a los empleados públicos de la casa, pera el desempeño de sus responsabilidades, así como al entorno portuario y a la sociedad en general".
