MURCIA. El fin de los aforamientos, demandado en la Región de Murcia desde hace ya más de tres años, ha superado el trámite decisivo y encarara ya la recta final. Ya sólo quedan dos pasos más para que sea una realidad la eliminación de esta figura jurídica, impulsada por la Asamblea Regional en 2017. Esta reforma requería del plácet de las Cortes Generales ya que acarreaba la revisión del Estatuto de Autonomía. La supresión de los aforamientos ha llegado, al fin, al pleno del Congreso, que este jueves la aprobaba con una amplia mayoría: 269 votos a favor, 73 abstenciones y ningún voto en contra.
Esta figura jurídica está considerada como un "privilegio político" por muchos partidos, pues sus señorías sólo pueden ser imputados -investigados- y juzgados por el TSJ de la Región. La Asamblea acordó, en abril de 2017 y por unanimidad, la derogación de los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno regional. La Región fue una pionera, pero, en todo este tiempo, ha visto cómo Canarias le ha pasado por delante al lograr la aprobación del Congreso y Senado, a pesar de que los canarios iniciaron el proceso después.
La reforma se había atascado en el cajón como consecuencia de la inestabilidad política de nuestro país, marcada por las convocatorias electorales. La Cámara Baja registró la reforma del Estatuto murciano en junio de 2017. Pero nunca terminó en un pleno. Desde entonces han llegado a comparecer hasta tres veces los portavoces murcianos reclamando su reactivación. La última se produjo en febrero. Los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, y también Vox (que no tenía representación parlamentaria en la pasada legislatura), expusieron desde la tribuna el enésimo intento por sacar adelante la iniciativa.
Pero entonces irrumpió la pandemia, dando al traste con todos los planes. Así las cosas, los aforamientos no entraron en el Parlamento nacional hasta este mes de octubre. Ahora, tras recibir luz verde por parte de la Comisión Constitucional y superado el trámite del Congreso, la reforma continúa su tramitación en el Senado, que "puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas", según explican fuentes conocedoras de la reforma a Murcia Plaza. En ambos casos deberá volver al Pleno del Congreso, que podrá levantar el veto o decidir si mantiene o revoca los cambios incorporados por la Cámara Alta. El Senado, según ha podido saber este diario, no tiene previsto ningún veto ni enmienda, por el momento.
Ciudadanos, el partido que impulsó en la Asamblea esta iniciativa, sacaba pecho de la votación del Congreso. "Hemos cumplido con nuestro compromiso de 2015. Hemos impulsado también la igualdad, al suprimir un privilegio anacrónico y que alejaba a los políticos de la ciudadanía", manifestaba el portavoz parlamentario en la Asamblea, Juan José Molina.
La reforma, en concreto, eliminaba el segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía. Estos dos textos hacían referencia a los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno regional, respectivamente. Y decían así: "No podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio".