Imágenes de febrero: Tres de los portavoces parlamentarios de la Asamblea (Diego Conesa, Joaquín Segado, Juan José Molina), así como los diputados de Unidas Podemos y Vox, Sánchez Serna y Luis Gestoso.
MURCIA. De nada sirvió ser una pionera. En 2017, la Región de Murcia se convirtió en la primera comunidad que eliminaba los aforamientos políticos. Sin embargo, esta norma, refrendada por la Asamblea Regional, requería del plácet de las Cortes Generales ya que acarreaba la revisión del Estatuto de Autonomía. Este trámite, sin embargo, se alargó en el tiempo y todavía hoy esta figura jurídica sigue en vigor en la Comunidad. Con todo, tres años y medio después, el fin de los aforamientos se acerca, ya que el Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes la propuesta.
El orden del día recoge que la Cámara Baja tendrá que ratificar, en primer lugar, la ponencia designada para informar de la reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, elevada por la Asamblea Regional. Y después "se procederá a emitir el dictamen a la vista del informe elaborado por la Ponencia encargada de informar de la iniciativa legislativa", según apunta Europa Press. Si supera la tramitación del Congreso, todavía quedará un último paso en el Senado.
Esta figura jurídica está considerada como un "privilegio político" por muchos partidos, pues sus señorías sólo pueden ser imputados -investigados- y juzgados por el TSJ de la Región. La Asamblea acordó, en abril de 2017 y por unanimidad, la derogación de los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno regional. En todo este tiempo, Murcia ha visto cómo Canarias le ha pasado por delante al lograr la aprobación del Congreso y Senado, a pesar de que los canarios iniciaron el proceso después de la Región.
En concreto, el Parlamento regional eliminaba el segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía. Estos dos textos hacían referencia a los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno regional, respectivamente. Y decían así: "No podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio".
El Congreso registró la reforma del Estatuto murciano en junio de 2017. Pero nunca terminó en un pleno. Las diferentes convocatorias electorales han complicado este proceso. Desde entonces han llegado a comparecer hasta tres veces los portavoces murcianos reclamando su reactivación. La última se produjo en febrero. Los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, y también Vox (que no tenía representación parlamentaria en la pasada legislatura), expusieron desde la tribuna el enésimo intento por sacar adelante la iniciativa.
Ciudadanos fue el único grupo que ha enmendado la reforma: lo hizo para corregirla con "el objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del Gobierno y de la Asamblea no puedan ser detenidos como consecuencia de cualquier denuncia". Sin embargo, la ponencia de la Comisión Constitucional rechazó en septiembre las dos aportaciones de Ciudadanos.
