MURCIA (EFE). Quinta jornada del 'Caso Auditorio', el juicio de la Audiencia Provincial que tiene en el banquillo al expresidente Pedro Antonio Sánchez (PAS) -y otros tres acusados- por dos presuntos delitos de fraude y prevaricación continuada, cuyas penas ascienden a dos años y medio de prisión, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público.
En esta ocasión declararon otros dos testigos. Primero lo hizo José Miguel Noguera, que fue director general de Cultura de la Comunidad Autónoma en la época en la que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, dirigido por PAS (fue regidor entre 2003 y 2013) recibió una subvención de seis millones de euros de los fondos regionales para la construcción de un Auditorio en el municipio.
Noguera, que en su condición de testigo está obligado a decir la verdad en su comparecencia, aseguró que los contactos relacionados con el proyecto no los trató con el alcalde Sánchez, sino con un edil que acudió a su despacho para destacar la importancia que tenía para Puerto Lumbreras contar con una infraestructura de esa magnitud. El concejal, dijo creer recordar, fue el de Obras.
El ex alto cargo del Gobierno regional también defendió que, a su juicio, "era irrelevante" el cambio de emplazamiento que sufrió durante la construcción del inacabado Auditorio de Puerto Lumbreras. "Lo importante para mí como gestor cultural era comprobar que si la subvención pública se había concedido para hacer un auditorio, se invirtiera en el mismo y no en construir una plaza de toros, por ejemplo", apuntó.
En su opinión, el expediente de la obra "estaba bien armado" y el mismo pasó por todos los filtros previstos en estos casos, incluidos los jurídicos, hasta llegar a la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la concesión de los seis millones de la subvención.
"Había que hacer un Auditorio, y se hizo", subrayó, agregando que eso era lo importante, con independencia de las modificaciones que pudieran hacerse con posterioridad sobre el proyecto inicial.
Según recoge la Agencia Efe, en otro momento de su declaración Nogera expuso que lo habitual era que la orden por la que se convocaban las ayudas por parte de la Comunidad indicara el procedimiento a seguir para justificar que las mismas habían sido empleadas en la finalidad perseguida.
El ex director general de Cultura, a preguntas de la defensa del arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga, que también figura como acusado, afirmó que lo conoció en función de su trabajo, porque había realizado también otros que eran un referente en el mundo de la arquitectura.
Después fue el turno para la intervención como testigo del que fuera director general de Promoción Cultural de la Comunidad Autónoma Antonio Martínez López, quien señaló que encargó a un funcionario que hiciera una visita a las obras que la Consejería llevaba a cabo en varios municipios, para tener una visión general de las mismas y de su estado.
Después de cumplir ese cargo, y debido a que carecía de la cualificación precisa, con posterioridad se acudió a una empresa especializada para disponer de una información más precisa relacionada con el control técnico de aquellas.
Con relación a la obra que es objeto del juicio, el testigo aseveró que siempre estuvo convencido de que el Auditorio se llevaría a cabo en su totalidad, ya que nadie le advirtió de la existencia de problema grave alguno en torno a la ejecución de ese proyecto.
A preguntas de las defensa de Sánchez, manifestó que los funcionarios de la administración eran los encargados de comprobar todo lo relacionado con las certificaciones de obras y el resto de cuestiones relacionadas con los trabajos de construcción.
El juicio, que empezó el pasado 27 de septiembre, continuará el 7 de noviembre. El proceso judicial está previsto que concluya el 29 de noviembre, con un total de 15 sesiones. Participarán 42 testigos y una decena de peritos.
Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que PAS fue alcalde (antes de su salto a la Comunidad, que presidió entre 2015 y 2017). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política. El expresidente se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, después que, en la primera sesión del juicio, la Fiscalía retirara el delito de fraude de subvenciones (que acarreaba dos años de cárcel y una multa de seis millones de euros).
Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno. La Fiscalía considera que Sánchez encargó a dedo el proyecto constructivo al citado arquitecto y que con posterioridad llevó a cabo otras actuaciones presuntamente prevaricadoras para dar apariencia de legalidad a lo hecho de forma irregular.