MURCIA. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia celebraba el pasado viernes su jornada 'Evaluación de la transparencia en la Región de Murcia' dentro de la semana nacional de Administración Abierta. Pérez aludió a su labor como presidenta: "Hemos presentado un informe anual de nuestro trabajo a la Asamblea Regional, tanto de 2022 como de 2023, una obligación con la que no se había cumplido en los últimos años. También estamos presentando el informe de evaluación de la publicidad activa de 2022, que no se había realizado".
La presidenta suplente ha destacado que "el Consejo ha manifestado su descontento con el texto de la Asamblea Regional redactado en relación a la reforma normativa": en el último año y medio, "hemos tramitado satisfactoriamente más de 370 expedientes y resoluciones, y actualmente no llegan a 35 los expedientes sin concluir de los 70 registrados en 2024. Ningún órgano de la Región de Murcia tiene esa actividad. No hay expedientes atrasados en este Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que es representativo de la sociedad de la Región".
"Sea con un Consejo conformado por distintas personas o con un Comisionado unipersonal, la entidad sólo funcionará si la dirige una persona comprometida con los valores de la transparencia e independiente del poder político, pero creo que será difícil que una persona sola pueda actuar con la misma eficiencia con la que trabajamos ahora", ha concluido la presidenta suplente, quien define su año y medio de mandato como "un tiempo de cordialidad y trabajo satisfactorio”. “Las dudas planteadas sobre la independencia y personalidad jurídica, funcionalidad, así como la eliminación de la pluralidad de entidades en su órgano colegiado nos plantean serias dudas sobre la mejora de la transparencia en las instituciones públicas de la región y su control. Todo ellos nos lleva a recomendar su modificación o su retirada para que sea elaborada una propuesta de ley que aborde la mejora efectiva de transparencia en la Región siguiendo los principios de independencia, pluralidad y eficiencia".
El encuentro ha constado de dos mesas de debate. La primera de ellas congregaba a distintos expertos bajo el título ‘Los órganos de garantía y el derecho de acceso en la transparencia pública española’. En este sentido, Joaquín Meseguer, secretario ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto, argumentaba que "el derecho de acceso a la información pública es la base para ejercer otros derechos fundamentales: la libertad de expresión, el derecho de defensa y la participación".
Del mismo Modo, Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, aludía a "la independencia de las instituciones de control de la transparencia" como elemento esencial para su correcto funcionamiento, cuyos presidentes "deben ser elegidos por concurso y no por los políticos".
Para Miguel Ángel Blanes, técnico jurídico de la Defensoría del Pueblo de la Comunidad Valenciana, "las instituciones generan confianza en la ciudadanía si actúan de forma rápida, eficaz y transparencia y si son dirigidas por personas independientes, honestas y cualificadas". Por su parte, Antonio García, abogado del CTRM, a colación de los distintos modelos de transparencia autonómicos, incidía en "la importancia de las palabras y la nomenclatura. No es lo mismo autonomía que independencia".
La segunda conferencia agrupaba a los expertos bajo el título ‘La publicidad activa y los sistemas de evaluación de la transparencia’. El ex Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, definía el escenario actual como "mejor que hace diez años, pero peor que dentro de diez años”. En una misma línea, el académico José Luis Ros defendía que "la política de la transparencia es una moda política", pero que precisa de "una evaluación constante y continua".
De otra parte, la consultora Natalia del Castillo incidía en "el espíritu de mejora permanente de los sistemas de evaluación de entidades públicas como el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia o el Comisionado de Transparencia de Canarias". A su vez, la técnico universitaria Amelia Pérez mostraba que "la Universidad de Murcia es una universidad transparente, que no sólo cumple con los estándares de la evaluación del Consejo de Transparencia, sino también con los modelos de entidades evaluadoras privadas".
El Consejo ha aprovechado la ocasión para presentar su último informe de evaluación de la publicidad activa en la Región de Murcia. Si bien debían ser evaluadas 333 organizaciones, sólo 59 entidades han participado en el informe, lo que supone un 17,71% del total. Cabe destacar que este proceso de evaluación externa es opcional para los sujetos evaluados, entre los que se encuentran los partidos políticos, el Gobierno Regional, los ayuntamientos, los sindicatos o las federaciones deportivas.
El informe fue presentado por Carlos Abad, secretario suplente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, junto con la evaluadora Esther Manzanera. "La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en el interior de las instituciones públicas a través de los portales de transparencia, que son objeto de nuestra evaluación anual", comentaba Abad.
La presidenta suplente del Consejo de Transparencia autonómico, Juana Pérez, ha concluido la jornada defendiendo que "el Consejo es un órgano ejemplar, el único en la Región de Murcia con papel cero, con todas las resoluciones satisfechas en menos de tres meses, y que además ha logrado su personalidad jurídica propia". Del mismo modo, Pérez ha agradecido la independencia con que se ha dejado actuar al Consejo de Transparencia en el último año, caracterizado por los ciclos electorales y la dificultad de conformar el Gobierno Regional, pero lamentando que se pueda dar un retroceso en materia de transparencia y acceso de información en la Región de Murcia.
Se definía a sí mismo como un incansable luchador por la democracia real, la transparencia y el buen gobierno