El consejero de Agua, Antonio Luengo (i), la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, y el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, en San Esteban, antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Foto: JUAN CARLOS CAVAL (EFE)MURCIA. Fuego cruzado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de la Región de Murcia a cuenta de la muerte de Eleazar Blandón, un jornalero que este fin de semana falleció en Lorca por un golpe de calor y cuyo jefe, que lo dejó en la puerta del centro de salud, fue detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, aprovechó una pregunta sobre este asunto en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno para defender que la Región "tiene una agricultura modélica a nivel mundial" y en ella "se respetan los derechos de los trabajadores". En su opinión, "no hay que generalizar por el hecho de que haya alguna empresa, algún agricultor, que no acate o no cumpla con todas las medidas de seguridad".
El titular de Agua regional se expresaba así ante "las preocupantes manifestaciones" de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que anunció que la Inspección Laboral abría expedientes "sobre las deplorables" condiciones de trabajo en el campo donde ocurrieron los hechos (una finca de El Esparragal, Puerto Lumbreras). "Tenemos que explicar una vez más, por desgracia, qué es lo que está ocurriendo en el campo", declaró Luengo, apostillando: "Por favor, infórmese de lo que estamos haciendo en la Región. Porque esos anuncios, a quienes no conocen que los agricultores cumplen todos los controles, debilitan al sector. Le pido a la ministra que no criminalice, como hace de forma continua, a toda la Región y a los trabajadores magníficos [del sector primario], que apoyo".
El consejero quiso reivindicar un sector "esencial" que, señaló, "desde el primer minuto no escatimó recursos para garantizar la seguridad de los profesionales del sector primario". Luengo también envió, en nombre del Gobierno regional, su apoyo a los familiares del agricultor fallecido al tiempo que indicaba que "será la Justicia quien dirime las responsabilidades, si es que las habido de alguien". Hasta la fecha, los técnicos de Inspección han examinado unas 400 empresas en la Región, pero por el momento no ha trascendido ninguna infracción.
El alcalde sostiene que el cambio de normativa de las granjas (el motivo que originó la protesta) afecta a las instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, "pero no a las 700 actuales"
