CARTAGENA. Los nuevos desarrollos urbanísticos en la zona costera, más concretamente en Cabo de Palos y el Mar Menor, han levantado las dudas de la administración municipal de Cartagena, que no sabe bien a qué atenerse con diferentes proyectos en marcha, unos más avanzados que otros. La continuidad de algunos, como es el caso del Plan Parcial de El Vivero, podría perjudicar de forma directa al Mar Menor, de ahí que solicite al Ministerio de Transición Ecológica que compre dichos terrenos para evitar el crecimiento urbanístico de la zona.
Por ello, el Partido Popular, Ciudadanos y los concejales no adscritos han presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento instando a que consulte al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en cuanto superior órgano consultivo de la Región de Murcia, a fin de que se pronuncie sobre la interpretación jurídica de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 16 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, y su aplicación a las distintas actuaciones urbanísticas que se encuentran actualmente en distintas fases de tramitación dentro del Área de Exclusión Temporal delimitada en su Anexo II, "ante la falta de un criterio unificador del informe recibido por la Dirección General de Ordenación de la CARM".
Además, en relación con el Plan Parcial El Vivero, aprobado de manera definitiva el 8 de Octubre de 2004 por la CARM por la sentencia 22/10/81 del Tribunal Supremo y previsto en zona ganada al mar; dado que es un desarrollo que tiene una afectación directa al Mar Menor, se insta al Gobierno de la Nación a que inicie los trámites para adquirir por compra o por cualquier otro procedimiento, los terrenos que dicho Plan Parcial abarca, a fin de evitar el crecimiento urbanístico de la zona, frente a la cual se ha vivido este verano el último episodio de anoxia con la aparición de miles de kilos de peces muertos, lo cual evidencia dicha afectación directa al Mar Menor.
Explican desde el Ayuntamiento de Cartagena que la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, establece un Área de Exclusión Temporal definida en su Anexo II para los nuevos desarrollos urbanísticos. En el artículo 16 de dicha ley, se establece una excepción al área de exclusión, que son los ensanches de suelo urbano consolidado, según lo dispuesto en su apartado 1, y los planes aprobados inicialmente, según su apartado 2.
La redacción de este artículo “es confusa en dichos apartados por lo que, siendo una cuestión de legalidad que excede del ámbito local de este municipio, desde el Ayuntamiento solicitamos a la Dirección General de Ordenación del Territorio que emitiera un informe aclaratorio sobre la aplicación de dicho artículo a los expedientes en trámite en este Ayuntamiento”.
Hay actuaciones urbanísticas en trámite en Los Belones y Cabo de Palos que cuentan con proyecto de urbanización aprobado en su fase inicial, y que, al no especificarse en la norma referida la fase de aprobación del mismo, en caso de ser interpretado de forma restrictiva y, por tanto, aplicable su exclusión sólo a proyectos aprobados definitivamente, dichas actuaciones no podrían continuar su tramitación hasta que finalizara el plazo de suspensión de tres años. Ello a pesar de que, en el caso de Cabo de Palos, “dicha actuación no afecta al Mar Menor, pues las aguas de escorrentía no desembocan en él, y se encuentra de hecho edificado y urbanizado legalmente, e integrado plenamente en la malla urbana”.
Sin embargo, de seguirse una interpretación amplia de la norma que permitiera la continuación de las referidas actuaciones, “podrían continuar en su tramitación otros proyectos que sí pueden afectar directamente al Mar Menor, como es el caso del Plan Parcial de El Vivero”, que se encuentra frente a la zona en la que se ha producido el último episodio de anoxia este verano con la aparición de miles de kilos de peces muertos”.
En respuesta a dicha solicitud municipal, se ha recibido informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 24 de septiembre en el que comunican una interpretación literal de la referida norma, sin aclarar las posibles contradicciones de la misma, y remitiendo a este Ayuntamiento la resolución de cada asunto sin aportar un criterio unificador. Ello a pesar de tratarse de un asunto de ordenación supramunicipal, como se desprende de la propia norma, al delimitar su ámbito de aplicación territorial, y de las transcendentales consecuencias de seguir una u otra de las interpretaciones más arriba indicadas.
Asimismo, en relación al episodio de anoxia sufrido este verano en el Mar Menor, la ministra para la Transición Ecológica en declaraciones a prensa tras su visita al Mar Menor, afirmó que “no es posible el crecimiento urbanístico ni agrario en la zona” y que su departamento tratará de “buscar soluciones”, planteando, entre otras opciones, la de crear un corredor verde que rodee el Mar Menor y para ello anunció la posibilidad de la compra de terrenos. Incluso destacó la Ministra una inversión inicial de 317 millones de euros para la laguna, añadiendo “que previsiblemente habrá de ampliar".
