José Antonio Fernández Lladó, ex director general de Carreteras. Foto: CARMMURCIA. El trabajo de un alto cargo es muy frágil. Su continuidad, por más que acierte, siempre pende de un hilo. Es volátil, imprevisible y condenado a vivir al día: hoy estás, mañana no. Pero esta connotación ha adquirido una mayor dimensión esta semana en la Región de Murcia, con la salida de hasta cuatro directores generales. Uno de ellos en diferido incluso, pues todavía no se ha ratificado la destitución del director del ICA (Instituto de Industrias Culturales y de las Artes) a pesar de que la consejera de Cultura firmó su cese el pasado 1 de febrero.
"un alto cargo con rango de director general tiene un sueldo anual de 57.514 euros brutos"
Claro que los motivos son bien distintos. Especialmente diferentes son las razones del portazo más sonado de la semana: el cese, fulminante y tajante, del director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, tras conocerse su detención por presuntos lazos con algunos de los miembros de la trama de la cárcel de Sangonera la Verde. No hubo, como cabía esperar, explicaciones explícitas de la Comunidad sobre su arresto, pero sí un mensaje claro: su implicación "en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada" es "incompatible con la exigencia ética del Ejecutivo".
Así se cortaba de raíz uno de los periplos más perecederos y estables del segundo escalón del Gobierno regional, pues Fernández Lladó era director general de Carreteras desde 2015, en tiempos de Pedro Antonio Sánchez como presidente. Antes de su salto a la Comunidad, fue también alcalde de Alguazas en dos etapas (entre 2001 y 2005 y entre 2007 y 2015) y actualmente ocupa la Presidencia del partido en el municipio. Está investigado junto con otros cinco hombres, acusados de hasta ocho delitos (cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal) "a falta de individualizar la responsabilidad de cada uno en los hechos objeto de investigación", según informan fuentes judiciales. En el caso de Lladó, los agentes de la Guardia Civil investigan sus presuntos contactos con uno de los detenidos por la trama de la cárcel de Sangonera, un funcionario de prisiones.
Lladó será reemplazado por la concejala de Cartagena María Casajús, quien, por cierto, conoce de sobra la labor de los altos cargos del Gobierno regional, pues ejerció entre 2017 y 2019 como secretaria general de dos consejerías distintas (primero en Empleo con Juan Hernández como consejero y después en Turismo con Miriam Guardiola).
El caso de Ramón Palazón se debe a discrepancias frontales con la máxima responsable de la Consejería. Mábel Campuzano, titular de Educación y Cultura, esgrimía en una carta argumentos muy duros para destituirle: "Cesa de su puesto (...) por la falta de confianza generada por diferentes actuaciones muy graves acometidas por usted durante los últimos meses". En la misiva también le pedía que "haga hoy (el 1 de febrero) entrega de su puesto y recoja sus pertenencias personales y las herramientas otorgadas al iniciar sus labores en este cargo". El cese, paradójicamente, se quedó en nada, pues el Ejecutivo regional no lo ratificaba, ni siquiera tras reunirse en Consejo de Gobierno, en lo que fue una desautorización en toda regla y que ha supuesto una crisis de Gobierno.
Palazón fue nombrado en abril, apenas semanas después de tomar posesión Campuzano como consejera. El ICA es un departamento clave, pues gestiona ayudas directas a los artistas y de él dependen espacios culturales como la Filmoteca Regional, el Auditorio Víctor Villegas, el Centro Párraga y el Cendeac, entre otros. Antes, Palazón fue gerente de la Oficina de Congresos de Murcia desde 1998 hasta 2015, cuando pasó a desempeñar como director de Turismo de Murcia Convention Burea, un organismo que colabora con la Concejalía de Turismo murciana para diseñar la promoción turística de la capital del Segura. Al parecer, la decisión de destituirle sentó como una bomba, pues Palazón está muy bien valorado por las filas del PP y también goza de buen trato con Francisco José Carrera, diputado del grupo Vox y compañero de bancada de Campuzano.
Las marchas de los otros dos altos cargos responden a razones más prosaicas y que no han trascendido: "motivos personales", reza el comunicado. Pero, aun así, sí han tenido su resonancia. La dimisión de Pedro Soto de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos se produce en un momento muy delicado, con la Región -y todo el país, en realidad- pendiente del maná de las ayudas de Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus. El ya ex director general tenía asignadas las funciones de ayudar al consejero de Hacienda en la elaboración de las cuentas regionales y además estaba al frente de la planificación económica de la Comunidad, así como de todos los instrumentos de financiación procedentes de la Unión Europea.
Soto, que es catedrático de Organización de Empresas y Finanzas en la UMU, llevaba en el puesto desde junio de 2020, cuando tomó el testigo de Begoña Iniesta, quien también dejó el cargo a petición propia. Durante este tiempo, ha trabajado con dos consejeros, Javier Celdrán y, desde julio, Luis Alberto Marín. En su lugar, la Comunidad ha nombrado a Daniel Jiménez, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director general de Estrategia Económica. Otro ejemplo de volatilidad: hoy estás en un departamento, mañana en otro.
El cuarto adiós ha sido el más desapercibido. David Martínez Victorio dejó Gobierno Abierto y Cooperación, una Dirección General en la que trabajaba desde septiembre de 2019, encargado de la política de cooperación internacional para el desarrollo y ODS de la Administración Regional. Licenciado en Derecho, fue gerente de la Universidad de Murcia entre 2016 y 2018. Se marcha también por "motivos personales". Su sustituto es una vieja cara conocida de la política: el exdiputado de Ciudadanos José Luis Martínez, que ejerció entre 2015 y 2019 hasta la debacle de su partido en las elecciones.
Según refleja el portal de Transparencia, un alto cargo con rango de director general tiene un sueldo anual de 57.514 euros brutos. No es el escalón más alto, pues los secretarios autonómicos cobran 59.815 euros y los secretarios generales de las consejerías perciben 67.058 euros, por no hablar del consejero (y del presidente de la Comunidad), cuya nómina asciende a 75.670 euros, según el dato de las retribuciones anuales de 2021, que ha sido congelado un año más. Pero su permanencia en el puesto es, a la vista de los acontecimientos, una incógnita. O sea, una profesión de alto riesgo.
