Cese fulminante del director general de Carreteras tras su detención por presunta corrupción

MURCIA (EFE). Cese fulminante. Apenas una hora después de conocerse su detención, el Gobierno regional ordenó la destitución de José Antonio Fernández Lladó como director general de Carreteras tras su arresto por presunta implicación en una trama de corrupción en la cárcel murciana de Sangonera la Verde. El Ejecutivo que preside Fernando López Miras esgrime que la "supuesta implicación" de Fernández Lladó "en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada" es "incompatible con la exigencia ética del Ejecutivo regional". 

El alto cargo ejercía el puesto desde 2015. Antes de su salto a la Comunidad fue también alcalde de Alguazas en dos etapas (entre 2001 y 2005 y entre 2007 y 2015) y hoy día ocupa la Presidencia del partido en el municipio.

Fernández Lladó quedó en libertad este mismo martes, aunque con cargos. Fue detenido ese mismo día y prestó declaración ante el juzgado de guardia de Instrucción número 4 por su supuesta implicación en la trama. El juez le volverá a llamar para que preste declaración.

Junto con otras cinco personas, el ya ex director general de Carreteras está investigado en un procedimiento abierto por los delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal, según informan fuentes judiciales, "a falta de individualizar la responsabilidad de cada uno en los hechos objeto de investigación".

La operación se conoció tras una denuncia ante la Fiscalía que presentó un preso de la cárcel, que aseguraba que un funcionario de prisiones habría pedido dinero "a cambio de suavizar su estancia entre rejas, con promesas de facilitar, presuntamente, vis a vis con prostitutas y mejoras en el menú de las comidas, entre otros beneficios", según cita la Agencia Efe.

El pasado lunes, la Benemérita arrestaba al jefe de Servicio de la cárcel por supuesta participación "en una red de pagos por parte de los presos a los funcionarios para gozar de privilegios en el centro prohibidos a los internos, tales como celebración de fiestas o 'vis a vis' con prostitutas", según indica el eldiario.es, que adelantó la noticia de Lladó. La investigación destapó asimismo que los internos habrían sido invitados a entregar dinero para participar, presuntamente, en unos negocios inmobiliarios. 

Ciudadanos pide a Miras que dé explicaciones

Ciudadanos, que fue el primer partido en reaccionar ante la noticia, reclama al presidente murciano que dé explicaciones "inmediatas" en la Asamblea Regional. La formación naranja también exigía el cese del detenido, algo que sí se ha producido. "La corrupción es el cáncer de nuestra democracia, y el Partido Popular debe de una vez dejar de ser ambiguo y con valentía tratar de eliminarla de entre sus filas", remarcan en la nota. El PSOE y Podemos también han pedido la comparecencia, además de Miras, del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, en cuyo departamento figuraba el alto cargo detenido.

Desde el PP, tras conocer las reacciones de los partidos de la oposición, esgrimieron que "los hechos investigados no tienen ninguna vinculación con el Gobierno regional" y piden que se "respete la presunción de inocencia y deja a la justicia actuar". A su juicio, "los hechos que están siendo investigados nada tienen que ver con con la función que venía desempeñando como responsable público".